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YouKioske, primera víctima de la nueva LPI

Condena récord. Los administradores de la página web ‘YouKioske’, David González Hernández y Raúl Antonio Luque Gutiérrez, han sido condenados a seis años de cárcel como autores de un delito contra la propiedad intelectual y pertenencia a organización criminal. Es la primera vez que un tribunal aplica el tipo agravado para el primero de los delitos por “el grave perjuicio económico” generado a los propietarios de las revistas y periódicos pirateados.

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La web contaba con un catálogo de hasta 17.000 ejemplares, entre ellas, revistas, periódicos y libros que ponían a disposición del publico, sin la autorización de los titulares de los derechos de dichas obras, ofreciendo la posibilidad de leer online publicaciones de manera gratuita. El funcionamiento de la página se realizaba mediante Streaming, permitiendo visualizar contendidos multimedia en tiempo real, sin necesidad de descargar dicho contenido en el disco duro del usuario.

Elementos Clave

La Audiencia Nacional ha considerado probados tres elementos clave:

1.El ánimo de lucro. El tribunal ha considerado que los titulares de la página web infractora, tenían la intención de obtener un enriquecimiento económico con la acción que aumentaba cuanto mayor era el número de personas que accedía a su Web para descargar obras, y que derivaba de diferentes fuentes de ingresos: por publicidad – a través de banners o imágenes publicitarias que se insertan en la página Web, pop-ups o publicidad que se visualiza mediante ventanas emergentes y mediante la pre visualización de vídeos publicitarios- mediante los cuales obtenían ingresos.

El artículo 270.1 del Código Penal castiga a quien, “con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “reproducción“? El art. 18 de la LPI define como reproducción “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”.

Sin embargo la comunicación pública –art. 20 LPI- es una de las conductas típicas que mas importancia adquiere en la actual sociedad de la información frente a los comportamientos delictivos realizados en Internet. “Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.”, destacando como actos de comunicación “La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”.

2.El perjuicio de un tercero. Un perjuicio patrimonial, que a tenor del tribunal, del que los acusados eran perfectamente conocedores, perjudicando las expectativas del legítimo titular de explotar su derecho y obtener legítima ganancia.

3.Actuar sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. Un consentimiento por parte del autores titulares de derechos que el tribunal ha considerado nulo.

Es más, tan rotundo ha sido el tribunal en cuestión que ha querido dejar patente las intenciones de los condenados a la hora de emplear las cantidades devengadas: “El caso enjuiciado pone de manifiesto un absoluto desprecio de los acusados, no solo a la norma en si misma considerada, sino y sobre todo a las víctimas o perjudicados por el delito. No les dolía ningún tipo de prendas en manifestar su absoluto menosprecio, cuando no vilipendio, a aquellos que sabían perjudicaban con sus acciones, de tal modo que se mofaban de cómo iban a emplear sus beneficios disfrutando en paradisíacas playas, mientras otros se irían al paro”.

Sumados a la pena privativa de libertad, el fallo de la Audiencia Nacional inhabilita a los condenados durante cinco años para el ejercicio de las profesiones de administrador de servidores y webs y gestor de contenidos, indemnizar a los perjudicados y la incautación de los beneficios acreditados que suman un total de 196.280 euros.

Además de convertirse en la condena más alta impuesta en España por un delito relacionado contra la propiedad intelectual en Internet, es la primera sentencia que se dicta en nuestro país en aplicación de la nueva ley.

Vía| Sentencia, El MundoCódigo Penal, Ley Propiedad Intelectual

Imagen| YouKioske

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