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Vuelta de tuerca en el “derecho de cita”

Siguiendo el hilo de la publicación del 5 de Noviembre de la sección de Jurídico, en este artículo voy a comentar otro de los aspectos de la Ley para la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, documento que ha despertado una gran polémica, tal y como ocurre siempre que se tratan temas de defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual, y que fue aprobado gracias a la mayoría absoluta que el PP ostenta en esta cámara. En cambio, a diferencia de lo que ocurrió con la introducción de la “ley SINDE” la cual copó los medios, parece que aspectos específicos de esta nueva reforma han pasado “desapercibidos”, incluso, viéndose privados de su aparición en primera plana en los periódicos nacionales como han sido el “Canon AEDE” o “Tasa Google”. Sin embargo, incluso menor ha sido la atención prestada a la modificación en la regulación de las citas e ilustraciones para la enseñanza.

Las citas y reseñas con fines educativos se recogían en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo ya de por sí confuso, y que ha sido completamente modificado, por ejemplo, al regular por primera vez en nuestro país el “derecho de cita” arriba mencionado en relación a los prestadores de servicios electrónicos (“Tasa Google”). Sin embargo, aunque éste está siendo el aspecto más polémico, las “citas y reseñas” en el ámbito de la educación reglada, han sufrido un gran cambio (para leer la redacción completa del artículo 32 pinchar aquí)

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Debido a la gran amplitud del nuevo artículo 32, únicamente vamos a analizar la inclusión de la reproducción y distribución de fragmentos de obras escritas y obras de carácter plástico o fotográfico en los centros de educación reglada y organismos públicos de investigación por su personal. Este profesorado o investigadores tendrán que realizar una actividad de reproducción, distribución o comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico (por ejemplo, un mapa del mundo). La definición de “pequeño fragmento” se recoge más adelante, aunque lo deja abierto a todo tipo de interpretaciones (se define en como aquel “cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la obra”). Además, se exige que dicha distribución pública sea sin fines comerciales.

Si esta definición ya es difícil de entender, proceden a complicar aún más las cosas estableciendo requisitos mayores: a) que tenga como finalidad la ilustración de las actividades académicas o científicas; b) que el contenido esté ya publicado; c) que no tenga el carácter de libro de texto o manual (se establecen como excepciones el caso del personal colaborador en investigaciones, y, en el ámbito académico, si no se pone a disposición ni se permite su acceso a los destinatarios); d) se indique la fuente de donde se ha obtenido el contenido.

En estos supuestos, y cumpliendo todos los requisitos, no será necesario recabar el consentimiento del autor o editor, y éstos, no tendrán derecho a exigir una compensación por su distribución.

Posteriormente, en el punto 4, se regula de forma específica la distribución pública de obras o publicaciones impresas o que sean susceptibles de serlo, indicando qué requisitos han de cumplirse para que no sea necesaria la autorización del autor o editor y no haya que pagarse una compensación al mismo. Es decir, la distribución, al igual que en el caso anterior, se ha de hacer con fines educativos y científicos; la copia ha de realizarse por personal y con las máquinas del centro educativo u organismo de investigación; se ha de distribuir únicamente a los alumnos o personal investigador de ese centro (bien sea en soporte papel o electrónico); y, nunca podrá ser superior a un capítulo de un libro, un artículo de una revista o el 10% de la obra completa, bien sea impreso o suministrado online en uno o varios actos. En el caso de que supere estos máximos el autor o editor tiene un derecho irrenunciable a percibir una compensación económica, articulada a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Como puede verse este apartado cuatro, en cuanto al derecho irrenunciable a una compensación económica cuando se superen los máximos establecidos por la ley, se va a generar más de un debate, y será la propia jurisprudencia la que aclare en qué casos existe o no una vulneración, pudiendo suscitarse importantes controversias especialmente entre las Universidades y las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Hay muchos autores que quieren que sus obras sean ampliamente difundidas sin cobrar una compensación; esta regulación no sólo no limita el contenido impreso que puede ser distribuido, sino que añade el carácter de irrenunciable a un derecho del propio autor. Además, en el caso de que los centros educativos tengan que pagar dicha compensación, ¿van a repercutir su coste al alumnado?; o por el contrario, ¿va a empujar a la Universidad a limitar e incluso eliminar el suministro de materiales por parte del profesorado a los alumnos?. Profesorado y empleados de los centros de educación reglada, Universidades y organismos públicos de investigación, a partir de este momento, van a tener que prestar especial atención a la hora de proporcionar o difundir públicamente contenido, bien sea gráfico o plástico, para no verse “envueltos en un lío”

Vía| Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril / Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual / Ley 34/2002, de 11 de julio / El Mundo / El ABC / Web / mecd.gob.es

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En QAH| La tasa Google / Derechos de propiedad intelectual / Ley de la Propiedad Intelectual / La Comisión de Propiedad Intelectual / Del derecho a la propiedad intelectual

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