Derecho Penal, Jurídico 


¿Vuelta a la “prisión por deudas”?

Hace poco un compañermonopolyo me decía que, con el uso que actualmente se hacía del Derecho y del proceso penal, no le extrañaba que algún día se volviera a aquellas olvidadas prisiones de deudores, esto es, a aquellas prisiones en las que los condenados por deudas, infracciones tributarias o insolvencia eran confinados. Ciertamente, al fundamento de su peculiar planteamiento no puede ni debe objetársele nada, pues en nuestros juzgados de instrucción se amontonan las denuncias y querellas por supuestas infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico que careciendo de fundamentos de supuesto injusto típico, desde luego, no dejan de ser deudas criminalizadas.

La criminalización de estas deudas, según entiendo y compruebo de aquellas denuncias y querellas en las que me sumerjo por razones profesionales, puede responder a dos aspectos: i) de un lado, a la falta de pericia jurídica del letrado que desconoce
aquello de la “última ratio” del Derecho penal, y que arrastra a su cliente a un proceso de esa naturaleza
; y ii) de otro, a la intención de eludir la vía civil en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, que es más larga y, posiblemente, también más costosa.

El resultado propio de todo ello es uno, y las consecuencias dispares. El resultado concreto no es otro que el quebranto del Derecho penal como “última ratio”, como disciplina jurídica subsidiaria en su puesta en marcha. El que la doctrina, y la Ley, prevean al Derecho penal como cierre del Ordenamiento jurídico no es casual o caprichoso. Muy al contrario. Si el Derecho es un instrumento para la convivencia humana, el Derecho penal, por su carácter, no puede intervenir sino cuando los demás sectores normativos hayan resultado insuficientes. Un Derecho penal que no reúna el carácter de subsidiario no será un Derecho penal, será un Derecho cualquiera, pero no penal, con todo lo que ello de negativo supone y supondría.

La situación es escandalosa, a los juzgados están llegando denuncias y querellas que pretenden convertir deudas en apropiación indebida, irregularidades estrictamente mercantiles en administración desleal u otros delitos societarios, incumplimientos de contratos como estafas, y así un largo etcétera de pretensiones por el estilo.

Ciertamente, lapidario fue aquello que en 1934 nos dijo Jiménez de Asúa: hasta hace algún tiempo cuando un español de presa estaba ansioso por despojar a los demás de su fortuna o de sus ahorros se echaba al monte con su trabuco, escapando de sus perseguidores a lomos de su jaca andaluza. Hoy crea sociedades y empresas, desfigura balances, simula desembolsos y facturas y escapa tranquilamente en su automóvil. Y también es cierto que era necesaria una especial sensibilización social ante esta delincuencia, pues la empresa es una fuente extraordinaria de posibles ilícitos. Pero tampoco deja de ser cierto que, en puridad, no puede permitirse que el Derecho penal desplace a otras normas de resolución de conflictos porque, de contrario, la seguridad jurídica –elevada a principio por nuestra Constitución– queda en almoneda ¿Qué empresario puede concluir un negocio jurídico ante esa espada de Damocles?

Es necesaria una concienciación por parte de los profesionales del Derecho, especialmente de quienes somos letrados, por cuanto somos quienes prestamos la asistencia jurídica a quien ejercita su tutela judicial efectiva y, en suma, somos quienes dirigimos directamente sus pretensiones en los órganos judiciales. Es verdad que operar el Derecho penal económico es realmente complicado y delicado, pero precisamente por ello debe tenerse especial cuidado en no confundir el ilícito administrativo y el civil con el penal. Es difícil vislumbrar el umbral entre normas sancionadoras que pertenecen a diferentes parcelas del Ordenamiento pero, al fin y al cabo, no es más que una de las labores del jurista.

El arreglo de estas situaciones, salvo en los casos de verdadero injusto típico, no debe nunca dejarse al proceso penal. Las normas civiles prevén los suficientes mecanismos jurídicos para poner fin a las mismas ya sea haciendo uso del proceso civil, ya sea de extraprocesalmente. El uso de la vía penal para solucionar estos casos es un uso torticero del proceso y, por ende, del Derecho.

Pongamos que dos empresarios efectúan un negocio mercantil en que uno de ellos se compromete a pagar una cantidad de dinero que, por razones de insolvencia –y no con ánimo defraudatorio–, luego es incapaz de cumplir. Evidentemente se trata de un incumplimiento de contrato por parte de uno de ellos, pero el empresario que sí ha cumplido con su obligación decide interponer una denuncia por supuesta estafa. ¿Qué ocurre? Sencillamente que se pretende criminalizar una conducta que no constituye un injusto, pues no estaba en el ánimo del incumplidor el estafar. Pero casos así en los juzgados a montones.

Estando así las cosas, bien podría decirse que parece que se busca la condena penal por deudas y, por tanto, que los deudores entren en prisión, la vuelta de la medieval “prisión por deudas”. De hecho sería así y ante ello nada puede hacer el Derecho, pues solo la concienciación y los escrúpulos son remedio para esto.

Vía| BLANCO LOZANO, C., Tratado de Derecho Penal Español, T. Vol. II, Bosch, Barcelona, 2004; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., Presentación, en CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (Dir.), Derecho penal económico, Cuadernos de Derecho Judicial, II-2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003; MAGRO SERVET, V., Determinación exacta del orden jurisdiccional donde tramitar los incumplimientos contractuales, en El Derecho, Grupo Francis Lefebre, Madrid, 2012; MARTÍNEZ ARRIETA, A., Derecho penal económico, en BAJO FERNÁNDEZ, M. (Dir.), Constitución Europea y Derecho penal económico. Mesas redondas Derecho y Economía, Ramón Areces, Madrid, 2006;  PRADEL, J., El Derecho penal internacional, en  CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. (Dir.), Derecho penal económico, Cuadernos de Derecho Judicial, II-2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003.

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