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Vivir para ver… si oiré campanas de boda

Supresión del requisito de certificado médico para el matrimonio por razones de discapacidad.

Las personas con discapacidad no precisarán certificado médico para casarse.

Parece que finalmente, las personas ciegas verán la luz al final del túnel y las sordas escucharán sus campanas de boda sin necesidad de un certificado médico si su deseo es el de contraer matrimonio.

La ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria introdujo en su disposición final primera, entre otras, una modificación en el artículo 56 del Código Civil relativo a los requisitos de capacidad para contraer matrimonio. Dicha modificación, sorprendentemente, endureció los requisitos hasta entonces exigibles para que las personas con discapacidad pudieran contraer matrimonio. El precepto reformado obliga al funcionario o autoridad pública competente para tramitar el expediente matrimonial a exigir a todos aquellos contrayentes, sin ningún tipo de distinción, afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Esta inexplicable reforma no sólo supone una presunción de incapacidad hacia las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, extendida ahora a las personas con discapacidad sensorial (ciegos, sordos…) sino que resulta totalmente contraria a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) -particularmente a sus artículos 12 y 23- y, por ende, a nuestro propio ordenamiento jurídico, al haber sido ratificada y haber entrado en vigor ya en el año 2008.

Supone, además, un ataque contra la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente, contra aquellas con discapacidad sensorial para las cuales no era preciso dicho requisito que presume su falta de capacidad para otorgar consentimiento precisamente en base a dicha discapacidad.

La entrada en vigor del nuevo artículo 56 CC está prevista para junio de 2.017. Sin embargo, el gobierno, alegando problemas de interpretación del nuevo precepto, anunció primero que la Resolución-Circular de 23 de diciembre de 2016 del Director General de los Registros y del Notariado aclaraba que la exigencia por parte del Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente de dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se debe entender necesariamente limitada exclusivamente a aquellos casos en los que la deficiencia afecte de forma sustancial a la prestación del consentimiento por el interesado en cuestión. Esta resolución o circular interpretativa, de rango normativo inferior a la ley resulta, sin embargo, insuficiente para resolver vía interpretación lo que claramente constituye un nuevo mandato introducido por el precepto y coloca al funcionario o autoridad tramitadora del expediente ante el brete de decidir si incumplir el mandato legal, ya que el artículo 56 les obliga preceptivamente a solicitar el certificado médico, sin que quepa otra interpretación posible, o a cumplir dicho mandato legal cometiendo este grave atentado contra la dignidad de las personas y contraviniendo, además, el espíritu de la CNUDPD.

Por ello, y con la finalidad de adaptar sin ningún tipo de duda nuestra legislación a las previsiones de la Convención, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado día 2 de febrero la toma en consideración de la proposición de Ley de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para que las personas con discapacidad puedan contraer matrimonio sin necesidad de presentación de dictamen médico.

La principal novedad presentada en la nueva reforma es la ausencia de dicho dictamen con carácter general, quedando reservada su exigencia, a criterio del funcionario o autoridad tramitadora del expediente matrimonial, para aquel caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna condición de salud (no de discapacidad) que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial.

Además, la ley exigiría a dicha autoridad que, con carácter previo a la solicitud de informe médico, y como medidas de apoyo para la prestación del consentimiento por parte del contrayente, recabe, si así lo considera, de las administraciones o de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento por parte del contrayente.

Este giro, acorde con el espíritu de la CNUDP, beneficiará no sólo a las personas con discapacidad sensorial sino también a aquéllas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

Esperemos que la reforma de la reforma del artículo 56 CC pueda estar concluida antes del próximo 30 de junio a fin de evitar que la redacción actual del precepto llegue a entrar en vigor.

* Vía|DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
* Más información|www.congreso.es ; Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
* Imagen|Celebración de boda.
* En QAH|Principales incidencias de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el articulado del Código Civil.

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