Jurídico 


Videovigilancia y protección de datos

La instalación de un sistema de videovigilancia para una empresa es una inversión que resulta rentable si tenemos en cuenta, de un lado, el efecto disuasorio que ejerce sobre los amigos de lo ajeno, y de otro, que, en caso de que la querencia hacia lo ajeno sea más poderosa que dicho efecto, puede suministrar una valiosa prueba de cara a la posterior investigación y consiguiente juicio.videocamera

En efecto, respecto a las grabaciones de imágenes realizadas por cámaras de vídeo instaladas en establecimientos abiertos al público, la jurisprudencia las considera, en general, medios de prueba lícitos, ya que no se puede impedir a tales establecimientos dotarse de esas medidas de seguridad siempre y cuando las videocámaras no se encuentren en zonas que puedan entenderse de intimidad (aseos, zonas de descanso, etc.).

Ahora bien, dicha instalación habrá de observar la normativa sobre protección de datos y ello con especial atención, aunque no en exclusiva, a la Instrucción 1/2006 de la AEPD, o de lo contrario puede resultar inservible a efectos probatorios y además acabar traduciéndose en sustanciales pérdidas para la empresa, todo ello sin contar con el perjuicio que puede ocasionarle a ésta la mala imagen que se trasladaría a los clientes y potenciales clientes que cada vez son más conscientes de la importancia de su privacidad.

Por una parte tenemos las sanciones que se derivan por el incumplimiento de la referida normativa específica sobre videovigilancia. No son tan raras las noticias sobre multas impuestas a grandes empresas por este motivo, como por ejemplo a IKEA por carecer de los avisos que indicasen a los clientes que estaban siendo grabados (40.001 €), a LIDL, porque uno de sus monitores de videovigilancia era visible por los propios clientes (6.000 €), o a Adif por grabar espacios públicos ajenos a Renfe (40.001 €).

Pero además la importancia que tiene la protección de datos de carácter personal es tal que la grabación obtenida a través de un sistema de videovigilancia que incumpla la normativa al respecto puede acabar declarándose nula en el juicio donde se pretenda hacer valer como prueba. No es algo fácil, y dependerá del concreto incumplimiento que se haya producido, pero sí es posible. De nada nos habrá servido entonces el dinero invertido en dicha instalación, pues la grabación quedaría invalidada, con el riesgo añadido de perder el juicio en el supuesto de que no existan más pruebas, éstas no tengan la suficiente entidad o hayan sido obtenidas a raíz de la grabación en vídeo, al poder quedar igualmente invalidadas en este último caso, ya que la nulidad se extiende a cualquier otra prueba derivada de aquella, siempre que exista una conexión directa o indirecta entre ambos resultados probatorios ( SSTC 85/1994, 86/1995, 181/1995, 49/1996 y y 54/1996).

Esto es así porque el art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”, y la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, consagrado en el art. 18.4 de nuestra Constitución y que ha sido declarado como tal, de forma autónoma e independiente del derecho a la intimidad del art. 18.1, por el Tribunal Constitucional (Sentencia nº 292/2000, de 30 de noviembre).

En este sentido, es digna de mención, por toda la doctrina que recoge al respecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nº 11/2011 de 5 de mayo, que en un caso de asesinato anula una prueba de grabación por incumplir la instalación de videovigilancia la normativa de protección de datos, si bien acaba condenando al acusado por existir otras pruebas independientes de aquella que le incriminaban.

En definitiva, si un establecimiento está dispuesto a asumir un gasto en seguridad instalando un sistema de videovigilancia, conviene hacerlo “con todas las de la ley” para que sea realmente una inversión efectiva y evitar correr el riesgo de perder un juicio y además quizá acabar siendo sancionado.

 

Más información | Sentencia TSJ Cataluña de 5 de mayo de 2011 y Agencia Española de Protección de Datos

Imagen | Antonio Jiménez Alonso

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