Jurídico 


La Unificación de Doctrina como emoliente jurisdiccional

Ha transcurrido ya el tiempo suficiente desde que entrase en vigor la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal (BOE de 11 de octubre),  para poder valorar los efectos que esa modificación legislativa ha tenido sobre la dinámica del recurso de casación y, particularmente, sobre la modalidad casacional de la unificación de doctrina, que como todo el mundo conoce, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, teniendo por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.  Tribunal Supremo

Por lo que respecta a las resoluciones susceptibles de ser impugnadas por esta vía, en cuanto a los umbrales cuantitativos se refiere, el artículo 96.3 de la Ley 29/1998, antes de la mencionada reforma, disponía que únicamente cabía recurso de casación para la unificación de doctrina contra aquellas sentencias que no siendo recurribles en casación con arreglo a lo establecido en la letra b) del artículo 86.2 (veinticinco millones de pesetas [150.000 euros], la cuantía litigiosa fuere superior a tres millones de pesetas (18.000 euros), límites legales que finalmente fueron elevados hasta los 600.000 euros para el recurso de casación ordinario y a 30.000 euros para el de unificación de doctrina.

La referida modificación legislativa, en su Exposición de Motivos, justificó este incremento de los umbrales cuantitativos en la exponencial subida de la litigiosidad y en la consecuente necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos pudieran disponer de un servicio público de calidad. Para ello, tanto en el Anteproyecto como en el Proyecto de Ley, se fijaron inicialmente cuantías habilitantes en materia casacional de 800.000 euros para el ordinario y 80.000 euros para la unificación que, finalmente, fueron reducidas a las cuantías vigentes, merced a las enmiendas que fueron recogidas en su tramitación, algunas tan elocuentes como la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco:

“En este caso, el Proyecto sostiene que debe elevarse la summa gravaminis desde 150.000 a 800.000 euros, es decir, casi cuadruplicarla, y ello no es de recibo: podría con esa medida apartarse a más del 95% de los asuntos de la posibilidad de interposición de casación, se merman las garantías procesales del ciudadano, y se afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.  Cerrar el paso a la casación a los asuntos de cuantía inferior a 800.000?, como la demolición de una vivienda, la indemnización por responsabilidad patrimonial por la muerte de una persona, etc…, negar la posibilidad de acceder al más Alto Tribunal a esos asuntos gravísimos para un ciudadano, es improcedente, mientras que el 99% de la población española no se verá implicada en asuntos de más de 800.000 ? ni mucho menos.  Por otro lado y aunque seguramente se daría mayor celeridad al Alto Tribunal, con beneficio de quienes tramiten asuntos de esas altas cuantías, ello sería a costa del sacrificio de los derechos de muchos ciudadanos.  Lo que falla es el sistema, no los ciudadanos, que se limitan a ejercer su derecho. Si el Tribunal Supremo tiene sobrecarga hay que reestructurar el Tribunal Supremo o el sistema de recursos, pero no acudir al fácil remedio de prohibir a los ciudadanos que acudan a él. Si se hiciese así con todos los órganos del Estado que tienen sobrecarga, ¿qué situaciones encontraríamos? Lo importante es replantearse la institución del Tribunal Supremo que, si así se considera, podría quedar sin acceso general por vía de recursos de casación (como ahora se proyecta), pero con un acceso generalizado, en todo tipo de asuntos, para una verdadera unificación de doctrina, que no podría ser limitada sino auténtica y con repercusión en el caso concreto, sin rebuscados requisitos formales, sino con las puertas abiertas a un papel propio de un Tribunal Supremo, que sólo se cerraría en los casos en que ya hubiese doctrina fijada por él, con lo que la pendencia bajaría enormemente, mientras el ciudadano vería cerrado el recurso cuando la solución está sentada.” (BOCG Serie A- 117-7, de 25 de mayo de 2011).

Lo cierto es que, desde un prisma puramente aritmético, el límite cuantitativo para interponer el recurso de casación ordinario se cuadriplicó, mientras que, el incremento para acceder a la vía casacaional en su modalidad de unificación de doctrina, únicamente se duplicó.

Como decíamos al inicio de estas notas, el paso de los meses nos ha permitido advertir algo que, por otra parte, resultaba fácilmente pronosticable. Mientras el registro de asuntos de casación ordinaria en materia contencioso-administrativa  se ha visto sensiblemente reducido, la entrada de recursos para la unificación de doctrina ha evidenciado un severo incremento que no responde a un aumento correlativo en la contradicción jurisprudencial entre órganos, sino a la ventana de oportunidad que se ha abierto entre el umbral cuantitativo previsto para la casación ordinaria (600.000 euros) y  el fijado para la unificación de doctrina (30.000 euros), que se evidencia absolutamente desproporcionado, y que está resultando ser una tentación irresistible para los abogados en su pretensión de acceder a la revisión casacional, acarreando todo ello un coste muy notable tanto desde un punto procesal como sustantivo. Adviértase en este sentido como el recurso de casación para la unificación de doctrina, concebido para potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación, sino sólo cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas, no puede convertirse en una vía para eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir.

Por tanto, y a la vista del escenario actual, estaríamos ante una peligrosa desnaturalización de este cauce impugnativo si, al socaire de su laxitud cuantitativa, se pretendiera vehicular a través de aquel el flujo casacional que no puede acceder a la casación ordinaria por razón de la cuantía, reduciéndolo a un rol meramente lenitivo, con consecuencias tan poco edificantes jurídicamente como el alarmante y exponencial incremento de inadmisiones a limine de recursos de casación para la unificación de doctrina dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por carecer de los elementales presupuestos exigidos para la viabilidad de este tipo de recurso.

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