Jurídico 


Unificación de doctrina e interés de ley tras el 22 de julio de 2016: The Walking Dead

Desde que el pasado 22 de julio entrase en vigor la reforma de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), introducida por la LO 7/2015, de 10 de octubre, cada recurso de casación para la unificación de doctrina y en interés de ley que se registra en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, puede que sea el último, a tenor de lo contemplado en el apartado Dos de su disposición final Tercera, que suprime las secciones 4ª y 5ª del capítulo III del título IV –artículos 96 a 101-, es decir, los preceptos que regulan tanto una como otra modalidad casacional.

Como todos recordarán, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal modificó los umbrales cuantitativos de la unificación de doctrina, elevándose hasta los 30.000 euros el límite cuantitativo. La referida modificación legislativa, en su Exposición de Motivos, justificó este incremento en el exponencial incremento de la litigiosidad y en la consecuente necesidad de introducir profundas reformas que aseguraran la sostenibilidad del sistema, garantizando que los ciudadanos pudieran disponer de un servicio público de calidad. Lo cierto es que, desde un prisma puramente aritmético, el límite cuantitativo para interponer el recurso de casación ordinario se cuadriplicó -de 150.000 a 600.000 euros-, mientras que el incremento para acceder a la vía casacional en su modalidad de unificación de doctrina, ni llegó a duplicarse -18.000-30.000-.

El paso del tiempo ha confirmado algo que, por otra parte, resultaba fácilmente pronosticable. Mientras el registro de asuntos de casación ordinaria en materia contencioso-administrativa  se vio sensiblemente reducido, la entrada de recursos para la unificación de doctrina evidenció un severo incremento que no respondía tanto a un aumento correlativo en la antinomia jurisprudencial entre órganos, como a la ventana de oportunidad que se abría entre el umbral cuantitativo previsto para la casación ordinaria (600.000 euros) y  el fijado para la unificación de doctrina (30.000 euros), absolutamente desproporcionado, y que se constató como una tentación irresistible para los abogados en su pretensión de acceder a la revisión casacional, acarreando todo ello un coste muy notable tanto desde un punto procesal como sustantivo. Por tanto, aquella reforma legislativa generó una peligrosa desnaturalización de este cauce impugnativo al socaire de su laxitud cuantitativa, reduciéndolo a un rol meramente lenitivo, con consecuencias tan poco edificantes jurídicamente como el alarmante y exponencial incremento de inadmisiones a limine de recursos de casación para la unificación de doctrina dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por carecer de los elementales presupuestos exigidos para la viabilidad de este tipo de recurso.

zombiePor lo que respecta al recurso de casación en interés de ley, tampoco ha estado su singular naturaleza exenta de reproches, en la medida que el legislador, con esta modalidad atribuía al Tribunal Supremo un verdadero poder normativo, al permitirle declarar, con carácter vinculante, cuál era  la única interpretación correcta de una norma jurídica, que va a complementar el texto literal de la disposición objeto del proceso. Los que han criticado esta modalidad casacional sostienen que no es tanto el hecho de que las sentencias estimatorias de recursos de casación en interés de la ley produzcan efectos vinculantes generales, pudiendo menoscabar así los intereses de los sujetos que, a pesar de no haber sido partes en el correspondiente proceso, se vean afectados por la resolución dictada en el mismo o la intangibilidad de la situación jurídica derivada de la sentencia recurrida o, finalmente, que sólo vincule con carácter general la doctrina sentada en las sentencias estimatorias,  como  la concreta configuración legal de este recurso y las condiciones bajo las cuales el Tribunal Supremo puede sentar doctrina legal vinculante con carácter general a través del mismo, reservando la legitimación para interponerlo a ciertas Administraciones públicas, lo cual propicia que el Tribunal Supremo, en la práctica, acabe escuchando los argumentos que le presenta una de las partes en conflicto, la Administración recurrente, sin que nadie que represente las posiciones legítimas contrapuestas pueda contradecirlos efectivamente. Lo cual, a su vez, hace que este recurso constituya un campo abonado para la proliferación de doctrinas desequilibradas, sesgadas hacia las posturas defendidas por las Administraciones públicas y que no tienen debidamente en cuenta los intereses legítimos con los que muchas veces estas últimas chocan, intereses que a la postre quedan desprotegidos o menoscabados.

Esta progresiva desnaturalización de uno y los severos reproches recibidos por el otro, como dijimos al inicio, parece que tocaron a su fin el pasado 22 de julio de 2016. En cualquier caso, adviértase que estamos ante una desaparición virtual o relativa, pues nótese como el legislador, en el artículo 88 de la nueva Ley, al identificar los supuestos susceptibles de esconder en su seno el célebre «interés casacional objetivo», encabeza la relación nada menos que con resoluciones que fijen, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictorio con el que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido o, en segundo lugar, sienten una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. En otras palabras, los difuntos recursos para la unificación de doctrina y de Interés de Ley, reviven ahora como circunstancias susceptibles de ser apreciadas como casacionalmente interesantes.

Además, esta reencarnación se ve completada con posibilidad prevista en el nuevo artículo 93 LRJCA, de que además de los pronunciamientos que son propios del actual recurso de casación ordinario, la sentencia pueda ahora también fijar la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Es decir, establecerá la doctrina legal de las referidas disposiciones, tal y como hacía el derogado artículo 100.7 LRJCA.

No lloremos pues por estas modalidades de casación nominalmente extintas pero procesalmente vigentes. No estaban muertas, que andaban de parranda…

Vía| Raúl C. Cancio

Imagen| How to identify a zombie

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