Jurídico 


Una primera enseñanza: Derecho público y Derecho privado

En Qué Aprendemos Hoy y, en general, en cualquier proceso de aprendizaje jurídico es habitual encontrar una distinción elemental entre dos grandes ramas del Derecho: el Derecho privado y el Derecho Público. Esta es, quizás, la primera enseñanza que reciben los estudiantes de Derecho y, por ende, cualquier persona que quiera acercarse a la sección de Jurídico debería tenerla clara; por ello vamos a dedicar las próximas líneas a explicarla.

La distinción entre Derecho público y privado es de las primeras enseñanzas que reciben los estudiantes de Derecho

Comencemos por el Derecho público. Su característica fundamental es la desigualdad entre los sujetos que se relacionan en el marco del mismo: al menos uno de ellos tiene un poder especial denominado imperium. Se trata del poder público coercitivo que ejercen entes como el Estado, las Comunidades Autónomas o los entes locales. Las relaciones jurídicas que se establecen en el  Derecho público son, por tanto, de subordinación y suelen estar acotadas por el principio de vinculación positiva: las Administraciones Públicas no pueden hacer nada que no esté expresamente permitido por las normas (y lo que no lo esté se entiende prohibido).

Frente a ello, el Derecho privado regula las relaciones entre particulares, que son sujetos sin poder público y, por tanto, intervienen en el tráfico jurídico como iguales entre sí (en el plano jurídico, no necesariamente en el fáctico – pensemos, por ejemplo, en un contrato de compraventa entre un consumidor y una gran cadena de distribución). Las relaciones son, pues, de coordinación y en ellas tiene cabida el denominado Derecho dispositivo: las partes pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido e, incluso, prever consecuencias distintas a las reguladas en las normas (con determinados límites).

No debemos confundir los adjetivos público y privado con los intereses en juego en cada una de las ramas: el Derecho público no se consagra en exclusiva a la defensa del interés colectivo ni el privado al particular. Esta equiparación podía tener sentido antes de la aparición del Estado del bienestar, pero a partir del mismo no, pues la intervención de entes públicos en relaciones privadas es cada vez mayor. Pensemos, por ejemplo, en las numerosas prestaciones que llevan a cabo empresas públicas: transporte urbano, recogida de basuras o suministro y depuración de aguas residuales, por citar algunas. Ello ha derivado, incluso, en que los límites actuales entre ambas ramas sean cada vez más difusos. ¿Sigue teniendo sentido esta distinción o hemos llegado a un punto en el que es necesario repensarla? ¿O quizás esté reafirmando su vigencia con la reestructuración del sector público a la que estamos asistiendo?

Vía | LATORRE, Ángel. “III. Las ramas del Derecho. Derecho público y Derecho privado” en Introducción al Derecho. Ed. Ariel, Barcelona, 2002, pp. 156-158.

Imagen | Biblioteca virtual

RELACIONADOS