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Una nueva trocha procesal en el corazón de la Unión: la impugnación de los acuerdos de la Junta Única de Resolución

Si se acude a la página web de la Single Resolution Board (SRB en sus siglas en inglés, Junta Única de Resolución [JUR]) y accede a su pestaña de casos resueltos, advertirá que únicamente aparece un enlace: «Banco Popular».

En efecto, desde que merced al Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014, se establecieran normas y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución (MUR) y un Fondo Único de Resolución (FUR), creándose a tal efecto un poder de resolución centralizado que se confía a la referida JUR, el «Caso Popular» es el único asunto sobre el que se ha pronunciado este nuevo organismo resolutorio, cuya objetivo, en síntesis, consiste en garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la UE participantes y terceros.

Este nuevo ente, dirigido por quien fuere entre 2012 y 2015 presidenta de la Autoridad Federal Alemán de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),  la Dr. Elke Köning, puede operar,  en estrecha colaboración con la Autoridad Bancaria Europea, en dos planos diferentes: ejecutivo y plenario. En el primero, en el que intervienen la presidenta, el vicepresidente, los cuatro  miembros permanentes (directores [3] de planificación de la resolución y decisión y director de estrategia y política de coordinación) y  las autoridades del país donde está ubicado el banco en dificultades, se adoptan decisiones de resolución concretas que implican la utilización del Fondo por un valor inferior a 5.000 millones de euros. En las sesiones plenarias, por el contrario, se decide sobre la resolución de casos concretos que precisan la ayuda del Fondo por un valor superior al umbral de 5.000 millones de euros.

En este marco normativo, el pasado 7 de junio, la JUR acuerda –en la nueva jerigonza comunitaria- «resolver» el Banco Popular, previa emisión de los informes de la Comisión Europea y del BCE, al considerar que concurren los presupuestos procesales y sustantivos a tal efecto: graves o presumibles dificultades; ausencia de alternativas viables e interés público. Para materializar esa decisión resolutiva, la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mediante instrumento de 7 de junio de 2017, adoptó las medidas necesarias para implementar la referida decisión de la JUR que, en síntesis consistieron en reducir el capital social del Banco Popular de 2.098.429.046,00 euros a cero , anotando las 4.196.858.092 acciones en circulación, con el fin de constituir una reserva voluntaria no distribuible. Simultáneamente, realizar un aumento de capital sin derecho de suscripción preferente para la conversión de los instrumentos de capital de Nivel 1 en capital social por un importe de 1.346.542.000 euros dividido en acciones de 1 euro de valor nominal cada una, reduciendo el capital social a cero  mediante la amortización de las acciones resultantes de la conversión de los referidos instrumentos de capital de Nivel 1, al tiempo que se aprobaba un aumento de capital sin derecho de suscripción preferente para la conversión de todos los instrumentos de capital Tier 2 en acciones recién emitidas del Banco Popular por importe de 684.024.000 euros, ordenándose transferir todas las acciones de Banco Popular emitidas como consecuencia de la conversión de los instrumentos de capital de Nivel 2 al Banco Santander.

Frente a la ejecutividad y rigor de estas decisiones, los accionistas del banco resuelto no han tardado en organizarse sobre la base de una doble vía impugnativa. Por un lado, contra la decisión de la JUR y, de otro, contra la decisión del FROB implementando la decisión de la JUR.

El iter procedimental en uno y otro caso es muy distinto. La competencia para resolver la queja planteada ante el JUR viene definida en el art. 85 del  Reglamento (UE) nº 806/2014, que contempla el establecimiento de un Panel de Recurso encargado de esta tarea, que estará compuesto por cinco personas de «excelente reputación», procedentes de los Estados miembros,  que serán nombrados por la Junta por un mandato de cinco años, prorrogable una sola vez.

El recurso, acompañado de una exposición de motivos, se interpondrá por escrito ante el citado Panel en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de notificación de la decisión al interesado o, a falta de notificación, a partir de la fecha en que el interesado tuviera conocimiento de la decisión,  debiendo resolver en el plazo de un mes de desde su interposición, por mayoría de tres de sus cinco miembros, como mínimo. Si el recurso resultara admisible, el Panel examinará si está fundado, invitando a las partes a que presenten sus observaciones, en los plazos especificados, sobre sus propias alegaciones o las de las otras partes. El Panel de Recurso podrá confirmar la decisión de la Junta o remitirle el asunto, quedando la Junta vinculada por la resolución de aquel.

Las decisiones del Panel o, cuando no quepa recurso ante éste, de la Junta, podrán recurrirse ante el Tribunal de Justicia (TJUE) de conformidad con el artículo 263 del TFUE, estando legitimados para su ejercicio tanto los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea, como cualquier persona física o jurídica, de conformidad con el artículo 263 del TFUE.  En caso de que la Junta esté obligada a intervenir y se abstenga de tomar una decisión, podrá interponerse ante el Tribunal de Justicia un recurso por omisión de conformidad con el artículo 265 del TFUE.

Por lo que respecta a la otra vía impugnativa, recuérdese, la que tendría como objeto el acuerdo del FROB de 7 de junio, el órgano competente para resolver sería la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en virtud de la reforma operada en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción por la disposición final tercera de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión («B.O.E.» 19 junio). Ahora bien, y al margen de la viabilidad procedimental de esta cauce, como acertadamente explica Pablo Olivera en su clarividente post del pasado 13 de junio en Hay Derecho, el FROB «no es responsable de la resolución acordada, sino solamente de su ejecución en territorio Español. Por esta razón, se entiende que mientras que el FROB actúe al amparo y en ejecución de lo decidido por la JUR no debería incurrir en responsabilidad específica. Por el contrario, la inobservancia de lo resuelto por los órganos europeos le puede generar responsabilidad propia, que al ser ya inherente a su actuación, parece que en principio sería una cuestión de competencia de los tribunales españoles. En este caso, la JUR no respaldaría al FROB y éste debería asumir los hipotéticos costes de su actuación».

Otra vez más, y no será la última ni mucho menos, decisiones que afectan directamente a ciudadanos de un estado miembro –ahora fue España, como podía haber sido otro cualquiera- escapan del tejido jurisdiccional nacional, para radicar su resolución en órganos supranacionales, al tiempo que no se veda la posibilidad del itinerario jurisdiccional puramente interno, mediante la acción frente al órgano ejecutante, con el riesgo cierto de concurrir decisiones contradictorias. Atentos.

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