Actualidad Jurídica, Jurídico 


Una administración “sin papeles”: nueva regulación en materia de Administraciones Públicas

En lo que llevamos de año son muchas las iniciativas legislativas que han dado pasos de gigante en la carrera a su definitiva promulgación. Esta vez le ha tocado el turno a la normativa que ataña a la Administración Pública y su relación directa con el administrado.

#actualidadQAH

En este sentido, tal y como establece expresamente la exposición de motivos “se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones ad extra y ad intra de las Administraciones Públicas.” Para ello se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En una rueda de prensa ad hoc, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba la pasada semana de forma somera que estas dos leyes son “fundamentales” para “consolidar todos los esfuerzos” que las administraciones han realizado durante la legislatura para reducir y racionalizar el sector público.

No descartando el hecho de que pueda ser objeto de estudio en otra ocasión con mayor grado de concreción, nos centraremos en análisis de las reformas que ponen mayor énfasis en eliminar definitivamente el papel en la tramitación administrativa.

Sin embargo, y a pesar de lo poco que se ha hablado al respecto, los cambios que se proponen desde el Ejecutivo son de gran relevancia y a nuestro juicio plantean más luces que sombras pues se pretende, de una vez por todas, impulsar la relación electrónica Administración vs administrado.

Para ello, los principales cambios que se plantean son los siguientes:

1. Con carácter general: desaparecen los procedimientos especiales (de responsabilidad y sancionador) que se integran como trámites especiales dentro del procedimiento administrativo común, favoreciendo así la simplificación.

Se generaliza y simplifica el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo con la creación de un registro electrónico general, por cada Administración, que funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo y su correspondiente archivo electrónico.

2. Identificación y firma electrónica: en la línea de lo planteado por el Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, se separa la identificación (conocer quién realiza el trámite) de la firma electrónica (necesaria para la expresión del consentimiento para el que se requiere capacidad jurídica bastante).

3. Se obliga a relacionarse electrónicamente con la Administración al colectivo de empleados públicos y los profesionales con deber de colegiación, pensado principalmente para abogados o asesores.

4. Apoderamiento Apud Acta: Por lo que respecta a la representación, por primera vez se regula la posibilidad del apoderamiento “apud acta”, bien presencial o bien electrónico, y su inscripción en un Registro Electrónico de Apoderamientos general o de cada Organismo según corresponda. El poder conferido a través del apoderamiento apud acta tendrá efectos únicamente ante las Administraciones Públicas. Asimismo, tendrá una duración máxima de cinco años, pudiendo el poderdante prorrogar o revocar el poder en cualquier momento antes de la finalización de este plazo.

5. Notificación electrónica: todas las notificaciones se realizarán preferentemente a través de medios electrónicos salvo que se trate de sujetos obligados a ser notificados electrónicamente. Se establecen los siguientes medios de notificación electrónica: dirección electrónica habilitada única o notificación por comparecencia en sede electrónica

6. Gestión de procedimientos: se generaliza la gestión electrónica de todos los procedimientos para lograr una Administración con cero papel. Se simplifican trámites y se reducen cargas administrativas. De este modo, la regla general será no aportar documentos originales salvo que excepcionalmente así se recoja en su normativa reguladora y los interesados tampoco deberán aportar al procedimiento documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siendo responsabilidad de cada Administración incorporarlos de oficio.

Importante: se clarifica y completa la regulación sobre el cómputo de plazos, incluyendo el cómputo por horas y estableciendo como horas hábiles aquellas comprendidas en un día hábil y disponiendo, que los plazos fijados por horas deberán ser inferiores a 24 horas. Asimismo, al igual que lo previsto en las normas procesales, se declaran los sábados como día inhábil a los efectos del cómputo de plazos.

7. Incidencias forenses: por un lado, en los procedimientos sancionadores se deroga el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y parte de su contenido se eleva a la Ley con el objetivo de que forme parte del procedimiento administrativo único y común, y se recogen en la propia Ley aquellos trámites que deben ser especiales para estos casos.

Por otro, se suprimen las reclamaciones previas en vía laboral y civil, para ganar en agilidad y observada su escasa utilidad práctica.

Como podemos comprobar, son numerosas las reformas que se pretenden con objeto de modernizar la administración, adecuarla a la era digital que nos encontramos y dar un pasito más a combatir la burocracia, tan temida por los profesionales. Desde nuestro punto de vista creemos que estas medidas pueden contribuir de forma real a la eliminación de la dispersión normativa existente sobre la materia, incrementándose en consecuencia la seguridad jurídica de los interesados.

Vía|  Texto normativo Proyecto de Ley
Más Información| Noticias Jurídicas
Imagen| AdministraciónenRed

RELACIONADOS