Jurídico 


¿Que hago si un vecino de mi comunidad hace excesivos ruidos?

En el presente artículo trataremos de ver cuál es el tratamiento procesal y legal ante un supuesto muy habitual. Se trata de una comunidad de propietarios, que acude al despacho con problemas respecto a un vecino que no deja de perturbar la convivencia mediante ruidos, fiestas o comportamientos prohibidos legal o estatutariamente por cualquier medio.

Comenzamos diciendo que es obligación de cada propietario, a tenor del art. 9.1.g de la Ley de Propiedad Horizontal, “observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados”.No-más-ruido-2

Asimismo, el artículo 7.2 de la LPH estipula que:

Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Es el presidente de la comunidad, el que, por iniciativa propia o de cualquiera de los vecinos, ha de requerir a quien moleste, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta, el presidente, previa autorización de la Junta de propietarios debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación en sede judicial.

Para esto se ha de presentar una demanda que tiene que ir acompañada de:

  • Requerimiento fehaciente al infractor.
  • Certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, en el que se decide emprender las acciones judiciales oportunas.

Muy útil en estos casos, es la utilización de medidas cautelares (siempre a instancia de parte y siguiendo lo dispuesto en los arts. 721 y ss. LEC). El juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

También podrá adoptar cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad.

Si el infractor no fuese el propietario, también se le puede pedir al juez que declare en la sentencia la extinción definitiva del contrato de arrendamiento hasta entonces en vigor.

Para actuar como comunidad es preceptiva la aprobación por votación sobre la toma de decisión de cualquier acción judicial. Si no se consiguiera convocar la Junta, solo quedaría la acción individual como particular perjudicado, prácticamente con el mismo protocolo que en la mayoría de litigios civiles:

Fase previa extrajudicial: requerimiento fehaciente apercibiendo del problema y con la petición de cesación, que será principio de prueba, lo que demuestra que se ha intentado resolver la situación mediante la vía amistosa.

Fase judicial: el segundo paso si no cesan las molestias es (una vez recopilada toda clase de pruebas: testigos presenciales, grabaciones de sonidos, o cualquier documental en cualquier tipo de soporte) pasaríamos a presentar demanda de acción civil.

Si se pudiera probar la producción de dichas molestias como causas de daños indemnizables, se podría acumular a la demanda las dos acciones:

1.- Cesación de inmisiones antijurídicas.

2.- Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en virtud de los arts. 1902 y 1903 CC: “El que por acción un omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

Dichos daños pueden ser recogidos en 2 conceptos:

Para ello es necesario acreditar en sala, la perdida de la calidad de vida que sufren los actores (demandantes) derivada de, por ejemplo, la imposibilidad de conciliar el sueño, cuya falta de descanso repercute negativamente en el desarrollo de su vida diaria debido a los ruidos y molestias que produce el vecino (por el motivo que sea).

Importante la carga de la prueba respecto dichos daños, ya que todos ellos han de estar justificados ya que en el procedimiento civil, la carga de la prueba corresponde (salvo ciertas excepciones) a la parte que las alega.

Los daños psicológicos podrían materializarse en: asistencia a psicólogo, depresión, bajas laborales, compra de medicamentos ansiolíticos, recopilando siempre todo tipo de recibos, facturas, cargos a cuenta, etc.

Se puede dejar otro importe de cuantía por daños morales producidos (más difíciles de demostrar aunque hay que se conceden si se argumentan con base y justificación expresa: casos análogos, periciales, jurisprudencia, pedir que el juez sea quien los valore proponiendo una cuantía inicial justificada, etc.).

Se ha recordar que, ante todo, la recopilación de prueba es lo más importante en los procedimientos civiles. Así que deja volar la imaginación, utilización de detectives privados, actas notariales, etc.

Vía| Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Enjuiciamiento Civil. Código Civil.

Imagen| No más Ruidos. Veintitantos.

RELACIONADOS