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Un nuevo impuesto sobre gases de efecto invenadero que puede congelar el consumo

REND3360CustomImage2128969El Gobierno ha presentado recientemente un Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. El Proyecto se encuentra pendiente de tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y su debate debería tener lugar durante las sesiones de otoño. Una de las medidas propuestas es la creación de un nuevo impuesto medioambiental sobre los gases fluorados de efecto invernadero con efectos desde el 1 de enero de 2014. La aprobación de este impuesto colocaría a España en la vanguardia de la tributación medioambiental de la Unión Europea y anticiparía el cumplimiento de unos requisitos que aún se encuentran en fase de discusión en el ámbito comunitario.

Como aclara la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, el impuesto sobre gases de efecto invernadero ‘es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. El tributo, que se pagaría en la primera venta de los gases, recaería sobre la comercialización de gases de efecto invernadero, bien de manera separada, bien como parte de equipamiento de generación de frío (incluyendo, por ejemplo, los aparatos de aire acondicionado o maquinaria de frío industrial) y establece un gravamen de hasta 100 Euros por kilo en función de un índice de potencial calentamiento atmosférico (PCA) que se calcula atendiendo al gas utilizado o la composición de las mezclas de gases. Por tanto, se trata de un impuesto parecido al IVA (en cuanto a su naturaleza indirecta) que ya grava estos productos, pero referido a su potencial contaminador y con una determinación del gravamen aplicable que se desvincula del valor comercial de los gases y atiende exclusivamente a su ‘peligrosidad’ medioambiental.

En mi opinión, y atendiendo a su diseño general, el nuevo impuesto sobre gases fluorados plantea algunas cuestiones y dudas, especialmente por el sistema de exenciones que establece el artículo siete del Proyecto de Ley. En primer lugar, no se entiende bien por qué se exime a los aparatos de frío con carga de hasta 3 kilos de gas (es decir, los de uso doméstico, en su mayor parte) y a los aparatos acondicionados de los vehículos a motor (dado que prácticamente la totalidad de coches y otros vehículos que se venden actualmente cuentan con un sistema de aire acondicionado). Si el impuesto está realmente orientado a penalizar el uso de estos gases y apostar por tecnologías alternativas de refrigeración que generen un menor impacto medioambiental, el gravamen (proporcional) debería afectar a la comercialización de cualquier cantidad de estas sustancias. Especialmente, debería orientarse a disuadir a todos los usuarios de este tipo de gases, sin eximir a los consumidores, que son agentes importantes en la efectiva implementación de cualesquiera estrategias de lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, la cuantía del gravamen puede resultar excesiva, dado que llega a superar en varios múltiplos el valor comercial de estos gases (por ejemplo, noticias de prensa recientes indican la posibilidad de gravámenes de hasta 76 Euros/kilo para gases con un valor comercial de 8 Euros/kilo). De ser así, la imposición del gravamen podría verse prácticamente como una prohibición de venta de estos productos o, cuanto menos, como una medida claramente desproporcionada y, por tanto, contraria a los principios básicos de nuestro ordenamiento tributario. Cualquiera de estas dos objeciones podría plantear serias cuestiones de legalidad del impuesto dado su potencial carácter discriminatorio y/o confiscatorio y, en definitiva, podría resultar en su anulación en vía jurisdiccional.

Por otra parte, y pensando en el impacto que este impuesto puede tener en nuestra economía, creo que es bastante sencillo anticipar que la entrada en vigor del impuesto tendría un efecto bastante negativo para la inflación, especialmente en el componente de alimentación del IPC, dado que el precio de todos los productos cuya distribución requiera de una cadena de frío debería alzarse para absorber el incremento en sus costes logísticos. Adicionalmente, el impuesto reduciría la competitividad de nuestras empresas exportadoras de productos refrigerados y congelados, cuyo transporte se vería gravado en origen y, por tanto, nuestros precios serían menos atractivos en el resto de mercados comunitarios y de terceros países.

Por todo lo anterior, quizá sería interesante que, como en tantas otras materias, el Gobierno esperase a ver los resultados de la iniciativa comunitaria en materia de reducción de uso (¿y gravamen?) de los gases de efecto invernadero, a efectos de evitar una pérdida de competitividad y una tendencia inflacionaria que no contribuirían a la recuperación económica y salida de la crisis económica en que España aun se encuentra inmersa. Desde una perspectiva más técnica, y para evitar cuestiones de constitucionalidad o de simple legalidad tributaria en contra del nuevo impuesto, parece deseable que, cuanto menos, el Proyecto de Ley se modifique para eliminar el aparente carácter discriminatorio de su sistema de exenciones y el potencial confiscatorio de su escala de gravamen. En general, en mi opinión, es deseable que esta aparentemente bienintencionada propuesta se someta a suficiente debate y análisis antes de su aprobación, con independencia de su potencial recaudatorio a corto plazo (unos 350 millones de Euros, según las estimaciones que se han publicado), dado que las consecuencias no deseadas y la litigiosidad que puede generar pueden tener un (des)valor económico superior.

Vía | Congreso de los Diputados, El Confidencial

Foto | EcomPlanet

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