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Uber y los principios constitucionales: la decisión del Consejo Constitucional francés

Manifestaciones de los taxistas en Paris  #actualidadQAH

Uber es una empresa cuyo modelo de negocio ha irrumpido de manera agresiva en el mercado del transporte. Este fenómeno ha sido especialmente incisivo en Francia, dónde las protestas de los taxistas contra Uber, más concretamente contra su servicio Uber Pop, han sido especialmente graves.

Precisamente las protestas encabezadas por el sector del taxi fueron las que llevaron al ministro de comercio francés, Thomas Thévenoud, ha promover una ley que fue bautizada mediáticamente con su apellido (Ley Thévenoud), pese a que su verdadero nombre es el siguiente: Ley n° 2014-1104 de 1 de Octubre de 2014, relativa a los taxi y a los vehículos de transporte con chófer.

El artículo 12 de dicha ley castiga con dos años de prisión y una multa de 300.000 € organizar un sistema que ponga en relación a clientes con particulares que, sin pertenecer a ninguna empresa de transportes, realicen servicios ocasionales a título lucrativo. Como podrán comprobar la descripción del tipo punible de este artículo coincide casi plenamente con la actividad llevada a cabo por Uber. La sociedad californiana interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el organismo encargado de analizar éstas cuestiones en Francia: Le Conseil Constitutionnel. Dicho órgano adoptó una decisión el pasado martes 22 de septiembre de 2015.

Los motivos del recurso se podían resumir en que la ley atentaba contra varios principios constitucionales establecidos en la carta magna francesa: los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de las penas, de libertad de empresa , de presunción de inocencia y de igualdad en el reparto de las cargas públicas. Veamos que responde el Consejo Constitucional a cada una de estas alegaciones.

Sede del le Conseil Constitutionnel en París

En relación con el principio de legalidad  el Consejo Constitucional  considera  que la ley es clara en la definición de las actividades prohibidas, por lo que dicho principio queda salvaguardado.

En cuanto a la desproporción de las penas, recuerda que su función no es legislar, sino solo determinar la correcta o incorrecta adecuación de las leyes a la Constitución por lo que sólo puede entrar a valorar si las penas establecidas por el legislador son “manifiestamente desproporcionadas”. En estos términos, entiende que el tipo legal no es manifiestamente desproporcionado.

Tampoco considera acogible la alegación de Uber en relación con el principio de presunción de inocencia: para el Consejo Constitucional la ley no instaura una presunción de culpabilidad, como alegaba Uber.

El argumento más interesante es el que se refiere a la vulneración de la libertad de empresa. En concreto, la alegación de la compañía consistía en argumentar que Uber no compite deslealmente con otras empresas de sector sino que simplemente ocupa una laguna de servicio que no cubren los demás sectores. En consecuencia, prohibir esta actividad implicaría atentar contra el principio de “libertad de emprender” (en nuestro derecho, libertad de empresa). El Consejo Constitucional estima que tal alegación es inaplicable, ya que “corresponde al legislador la represión de las acciones relacionadas con una actividad prohibida”, y que la ley se limita a fijar las condiciones de acceso a dicha actividad empresarial.

El último argumento de Uber se refiere al principio de igualdad de cargas públicas, puesto que la norma que regula el acceso al sector del mercado al que se dirige la empresa es excesivamente onerosa y les limita el acceso. El Consejo Constitucional responde que tal alegación es inaplicable.

La decisión del Consejo Constitucional francés pone de manifiesto que las constituciones son unos marcos de referencia amplios que permiten al legislador un margen de maniobra considerable. Por ello, las constantes proclamas que se escuchan habitualmente en relación a la inconstitucionalidad de una norma o de un precepto, harían bien en ser prudentes.

Imagen| Conseil Constiutionel , taxi

Más información| Texto completo de la sentencia en francés

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