Jurídico 


Tutela, curatela y guarda de hecho en la nueva ley de jurisdicción voluntaria

Apoyos alternativos a las figuras tradicionales

Existen otros apoyos además de la tutela, curatela, guarda de hecho y defensor judicial.

El 3 de julio fue publicada la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Según su preámbulo busca, entre otras cosas, la adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York (CNUDPD)  el 13 de diciembre de 2006, la cual afecta a la nueva terminología, abandonando el empleo de los términos incapaz o incapacitación y sustituyéndolo por la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente.

A pesar de estas buenas intenciones, la obligada adaptación a la  CNUDPD se circunscribe, prácticamente en exclusiva, a la cuestión terminológica. Pero ni siquiera en esto la ley resulta novedosa, puesto que ya la Disposición Final Primera de la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administraciones de patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003, …, bajo la rúbrica Reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, obligaba a presentar, en el plazo de 6 meses, un proyecto de ley de reforma de la legislación de los procedimientos de incapacitación judicial que pasarán a denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para su adaptación a las previsiones de la Convención. Tal proyecto de ley no fue presentado, por lo que, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la CNUDPD, ordena nuevamente al gobierno que, en un año, remita un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al art. 12 CNUDPD, en lo relativo a la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto establecería las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen. Ha de recordarse que el artículo 12 CNUDPD termina con la tradicional distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar y obliga a los estados a adoptar las medidas precisas para proporcionar acceso a los apoyos precisos para el ejercicio de dicha capacidad jurídica. El art. 13 además les ordena adoptar los ajustes necesarios, incluso de procedimiento, para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la justicia. Casi cuatro años después, el proyecto de ley sigue sin presentarse y ello pese a que, ya en septiembre de 2011, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mostró su preocupación por este hecho e instó a España para que revisase las leyes que regulaban la guarda y tutela y tomase medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplazasen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones por una asistencia para la toma de las mismas que respetasen la autonomía, voluntad y preferencias de la persona. Quizá por ello, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, no supone, en el fondo, ningún avance sustancial respecto a la situación, de hecho o de derecho, preexistente, sino que parece limitarse a ordenar de forma expresa el procedimiento de jurisdicción voluntaria para algunas de las situaciones relativas al ejercicio de la tutela, curatela, guarda de hecho y defensor judicial, sin prever en modo alguno la existencia de otro tipo de apoyos que pudieran preverse en la resolución judicial de modificación de la capacidad, o la posibilidad de que tales apoyos sean plurales y de intensidades diversas. Resulta llamativo e incluso contrario al espíritu de la convención, las continuas referencias a la necesidad de oír en el procedimiento a la persona con capacidad modificada si tuvieran suficiente madurez (arts. 47; 49; 51-2º; etc) obviando la obligación de adoptar los ajustes razonables, incluso de procedimiento, para que quien no tuviera suficiente madurez pudiera contar con los apoyos precisos para la toma de sus propias decisiones. Nada se dice sobre qué ha de entenderse por suficiente madurez, ni quien ha de acreditarla ni cómo. Pero lo que resulta obvio es que, para el caso de que ésta sea apreciada, al afectado no se le escuchará ni se le dotará de los apoyos precisos para que pudiera conformar su voluntad, sino que ésta será sustituida sin más, lo que supone un claro retroceso respecto a las previsiones de la CNUDPD o, lo que es lo mismo, una oportunidad perdida.

Vía| Ley 5/2015, de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria. BOE Num. 158 Viernes 3 de julio de 2015

Más información| noticias jurídicas

Imagen|photopic

En QHA| incidencias en la ley de jurisdicción voluntaria

RELACIONADOS