Jurídico 


«Tres casas tengo en Vitoria, y si me quejo es de vicio; la cárcel, el hospital y la mitad del hospicio»: lo de la plusvalía no ha hecho más que empezar

Creíamos cándidamente que los debates conceptuales en torno al «plusvalor o plusvalía» habían quedado amortizados por los innumerables comentaristas de la obra de Marx, Smith, Ricardo o Rodbertus. Pero no ha sido así, al menos para la plusvalía en su acepción urbanística.

Primero fue la ya célebre STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo [«TRLHL»], «pero únicamente -aclara- en cuanto sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor».

Después, como todo el mundo conoce, se desató la tormenta perfecta en la que convergieron las sentencias contradictorias en la instancia; la heterogeneidad de las pretensiones; la suspensión de procedimientos de aplicación y de revisión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNU) en muchos consistorios (el Consell Tributari del Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 13 de julio de 2017 fue de los primeros); la cacofonía doctrinal y, finalmente, la exponencial multiplicación de la litigiosidad ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación a una cuestión que ha quedado circunscrita a esta ya clásica cuestión: «Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución), la igualdad en la aplicación de la ley (artículo 14 de la Constitución) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria (artículos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constitución), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica».

Por fin, el pasado 9 de julio de 2018, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó la primera Sentencia en la que, muy sintéticamente, vino a desarmar la denominada «tesis maximalista» aplicada, entre otros, por los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia, Madrid, Castilla y León o  Cataluña y muchos órganos unipersonales siguiendo su doctrina, al considerar que la citada  STC 59/2017 no declara la inconstitucionalidad total o absoluta de todos los preceptos mencionados en el fallo que, en consecuencia, no han quedado —o, al menos, no todos ellos ni en la totalidad de los supuestos en los que resultan aplicables— completamente expulsados del ordenamiento jurídico, sin que pueda sostenerse, por otra parte, que hasta tanto se produzca la intervención legislativa que ha reclamado el máximo intérprete de la Constitución, no cabe practicar liquidación alguna del IIVTNU o, procede, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones correspondientes al IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación reveladora de capacidad económica.

Pues bien, por si todo lo anterior no fuera suficiente, un Juzgado de lo Contencioso administrativo de Vitoria, en ya un número considerable de resoluciones todas ellas vinculadas a la impugnación de liquidaciones por IIVTNU, en mérito de la pretendida  inexistencia del incremento de valor objeto de gravamen de modo que no se habría producido el hecho imponible al no existir un incremento real del valor de los terrenos, gravándose incrementos ficticios por la incorrecta determinación de los valores catastrales no revisados y desfasados, y por la indebida cuantificación de la base imponible del Impuesto sin determinar previamente la existencia de hecho imponible, considera que no resulta «descabellada» la pretensión del actor de que se aplique retroactivamente una ponencia aprobada con posterioridad a la fecha del devengo «puesto que contando con que en el momento del devengo, esto es, en el momento de la transmisión de la propiedad del terreno en el año 2016, la ponencia aplicada habría de presumirse desactualizada, mientras que la ponencia aprobada en el año 2016 resulta más próxima en el tiempo al momento del devengo, debiendo además, haber existido dicha ponencia desde el año 2012», considerando el juzgado a quo que lo que falta efectivamente «en el presente caso es una ponencia válida, en el sentido de guardar esa presunción de validez que permite tenerla como los valores actuales a ser contemplados (…)»

Lógicamente, al Ayuntamiento de Vitoria no le ha sido grato un pronunciamiento que, en su inteligencia, «expulsa» del Ordenamiento Jurídico la Ponencia de Valores ratione temporis aplicable, así como los Valores Catastrales derivados de la misma, mediante la aplicación retroactiva de la nueva Ponencia de Valores, aprobada ulteriormente y que, a su juicio, supone una trasgresión de su ámbito y competencia jurisdiccional; una  incongruencia en la sentencia con el suplico de la demanda y una vulneración de la normativa catastral vigente.

A la Sección de Admisión de la Sala Tercera el asunto le ha suscitado interés y, por ende, entiende ameritado que la Sala forme jurisprudencia en relación a dos cuestiones muy concretas:  (i) si, no habiéndose producido una revisión de los valores catastrales de la Ponencia de Valores en el plazo establecido por la norma de aplicación, dicha Ponencia pierde su vigencia y efectos, sin que sus valores catastrales puedan ser aplicados en aquellas liquidaciones tributarias en las que el valor catastral de los inmuebles resulta relevante a la hora de determinar la cuota tributaria derivada de hechos imponibles con ocasión de la transmisión inmobiliaria. Y (ii) en segundo lugar, si una revisión posterior de los valores catastrales puede surtir efecto con carácter retroactivo a la fecha de devengo del impuesto, al socaire de la perdida de vigencia de la ponencia catastral, considerándose como una desactualización automática, de modo que la nueva valoración debería ser susceptible de aplicación retroactiva al momento en el que la anterior perdió su vigencia, todo ello a la luz de los principios de seguridad jurídica, reserva material de Ley, igualdad y generalidad existentes en materia tributaria.

En suma, éramos pocos…

* Vía|Elaboración propia.

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