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Transparencia y buen gobierno: empieza la hora

Moncloa-no-cumple-su-propia-ley-de-transparencia--retrasa-la-creacion-de-su-gran-organo-supervisor<<La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política>>. Es ese el pórtico de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha entrado escalonadamente en vigor, y siendo el pasado 10 de diciembre cuando ya lo hizo el último bloque que quedaba de la misma.

Mal entiendo que empieza mostrándose esta ley, pues desde que uno empieza por los caminos del estudio del Derecho, bien que le enseñan que el ejes de toda acción política, precisamente, es el de cobijarse en lo preceptuado en el art. 103.1 de nuestra Constitución, que va mucho más allá de esa primera frase de la ley, que no deja de ser una declaración de intenciones.

Yendo más allá. ¿Qué se busca con esta Ley? En puridad, entiendo que lo que se persigue es intentar remediar un problema real, y que es el verdadero motor de que haya nacido: la corrupción. Es tal la dimensión que está alcanzando el problema, que eran de esperar dos reformas claras. De un lado una reforma penal y que, posiblemente, termine viendo la luz esta próxima primavera. Y, de otro, una reforma de los controles que diversas Administraciones deben llevar a cabo para frenar, al menos en parte, dicho problema. Ciertamente, esta reforma ha cristalizado en esta ley que ha necesitado un año para entrar en vigor. Ya de por sí esto es realmente llamativo. De hecho, leyes de más importancia práctica han necesitado menos tiempo para la entrada en vigor, y también otras de complicada aplicación práctica. Esto ayuda poco a esta ley teniendo en cuenta el incremento de los casos de corrupción política. Da la sensación, tristemente, del poco convencimiento que el Legislador tiene en la ley.

Pero, al margen de ello todo lo anterior,  ¿qué interesa destacar de esta ley?

i) Lo primero y fundamental, y si se da un voto de confianza al Legislador, es en el empeño de nuestros políticos de poner medios <<ad intra>> para evitar la corrupción. Para ello, se consagran unos principios al inicio de la ley que, no obstante, quizá sean pocos.

ii) Segundo, reforzar el mandato que los españoles dieron –y dan pese al empeño de muchos catastrofistas– a los Poderes Públicos de facilitar información a los administrados, art. 105.b CE.

iii) Tercero, la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo ya previsto en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y que, como vemos, ha tardado casi veinte años en ser una realidad. Por suerte, y pese a la algarabía yerma de muchos, es un organismo que se configura despolitizadamente. Aunque, quizá, sería más acertado que se hubiera previsto que la duración del cargo fuera corta, y así evitar una, entonces sí, politización.

iv) Cuarto, mejorar el eficaz acceso de los españoles a la información de determinados institutos –Tribunal de Cuentas, Casa Real, Agencia Estatal de Protección de Datos, etc–.

v) Y quinto, un sistema de medidas y recursos para hacer realidad los principios que consagra el texto.

¿Qué se le ha echado en falta a la ley por parte de algunos? Principalmente, tres son las carencias que se le imputan a la norma. Por un lado, que el Consejo no prevea la representación de sindicatos y empresarios. Particularmente considero que es una imputación que carece de sentido. Hasta donde tengo entendido, sindicatos y empresarios son entidades de Derecho privado. Es cierto, y no puede negarse, que son entes de especialísima importancia social, pero precisamente pueden usar los medios que la ley ofrece para, junto con el resto de españoles, acceder a la información que estimen necesaria.

Otra ausencia que se le echa en cara a la ley es que tras una reclamación, se excluiría, la posibilidad de presentar recurso administrativo ante un número de instituciones –Casa Real, Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, etc–. Así, todo solicitante que quiera recurrir las resoluciones dictadas por los órganos mencionados, deberían recurrir a la vía contencioso-administrativa. Sin embargo, se olvida algo fundamental a quien hace tal reproche: se trata de institutos que vertebran nuestro andamiaje constitucional y, evidentemente, la vía judicial admite más garantías de imparcialidad que la administrativa.

Finalmente, la politización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sin embargo, si se habla de politización en el presente caso, igualmente debería hablarse de otros cargos de la misma relevancia. Poco hablan los políticos de la poca independencia a la hora de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, la ley lo que prevé es que el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sea propuesto por el Ministro de Hacienda, correspondiendo su elección al Congreso de los Diputados. Al fin y al cabo, será la mayoría la que decida.

Queda mi opinión sobre esta ley. En realidad, poco de relevante tiene. Sí es cierto que i) echo en falta una mayor precisión en los principios que rigen e inspiran esta ley, ii) que quizá hubieran podido introducirse más medios y sistemas de control, y iii) que es realmente escandaloso que las entidades locales gocen de dos años para adaptarse a las disposiciones de esta ley con, desde luego, todo lo que está cayendo.

En efecto, se está ante una oportunidad para el Estado de Derecho aunque, en realidad, creo que solo debe tenérsela como una ley que marque el camino, siendo necesaria una reforma profunda de determinados elementos de nuestro sistema de Administraciones Públicas. No queda más remedio que esperar.

/DÍAZ MÉNDEZ, A., La Administración Local ante el reto de la Transparencia, en Jornadas Transparencia y Regeneración Democrática, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014; SANZ, S., Las “lagunas” de la Ley de Transparencia: sólo deja recurrir vía judicial para indagar en la Casa del Rey, Vozpópuli, Madrid, 2014, VERA RODRÍGUEZ, Á., ¿Estamos preparados para gestionar la regeneración democrática?, en Actualidad Jurídica, nº 21, Sanguino y Asociados ABOGADOS, Sevilla, 2015.

 

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