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¿Tienen las personas jurídicas derecho al honor?

El Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es uno de los Derechos Fundamentales reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española de 1.978. Por su parte, la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen desarrolla el contenido esencial del art. 18.1 CE, sin embargo, ninguna de las dos normas resuelve la duda que nos planteamos en este artículo, ¿tienen las personas jurídicas derecho al honor? 

Buena reputación empresarialLa dificultad de atribuir a las personas jurídicas el derecho al honor reside en la consideración de éste como un derecho personalísimo, relacionado con la más íntima esfera de la privacidad del individuo, por lo que su atribución a cualquier ente distinto de una persona física, nunca fue bien acogida para los defensores del liberalismo puro. Con la aparición del Estado Social y Democrático de Derecho, se aceptó que el sistema democrático no sólo se articula desde la variable incuestionada del individuo como sujeto de derechos y libertades, sino que también se expresa a través de los grupos de diversa naturaleza a través de los que el individuo pueda organizarse. Nos encontramos a lo largo de la Constitución Española con preceptos que apoyan la tesis del reconocimiento de las agrupaciones de individuos como sujetos de derechos, tal y como sucede con el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como máximos garantes del pluralismo político en el art. 6, la libertad sindical del art. 7 y muy especialmente, con la consagración del derecho de asociación en el artículo 22 de nuestra Norma Fundamental, así como con la obligación constitucional de los poderes públicos de promover la libertad del individuo tanto en su esfera individual como en la colectiva por imperativo del art. 9.2 CE.

¿En qué consiste el derecho al honor? Desde una perspectiva subjetiva, el honor sería el resultado de la valoración que cada hombre hace de sus propias cualidades. Por el contrario, desde un punto de vista objetivo, el derecho al honor es el resultado de la valoración que los demás hacen de nuestras cualidades, es decir, sería el aprecio o la estima que una persona recibe de la sociedad en la que vive.

Desde el prisma de la subjetividad es muy difícil atribuir derecho al honor a las personas jurídicas, pero desde su aspecto objetivo, en el sentido de buena reputación, buena fama, puede ser incluso necesario. En el ámbito de sociedades tan complejas como las actuales en las que los individuos, conscientes de sus limitaciones y en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, ponen en común sus intereses con otros individuos con vistas a la consecución de unos fines determinados. No parece posible defender que el derecho al honor en tanto que consideración social, sea un interés exclusivamente individual.

Especial mención en la materia merece la Sentencia del Tribunal Constitucional 135/1995 de 29 de septiembre de 1995, pues en dicha sentencia, partiendo de un concepto de honor puramente objetivo, equiparándolo con la buena reputación, se extiende a las personas jurídicas.

Parece que la doctrina del Tribunal Constitucional es clara al extender el derecho al honor contemplado en el art. 18.1 CE a las personas jurídicas, pero ¿a todas? es preciso distinguir entre personas jurídicas de Derecho Privado y personas jurídicas de Derecho Público.

En relación a las primeras, se configuran como instrumentos al servicio de las personas físicas que las crearon, por lo que serán titulares de derechos fundamentales acordes con la finalidad que persigan y también los que sirvan como medios para alcanzar sus fines. En este sentido, en la ya citada sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995 se hacía referencia a que el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida por una persona jurídica, conllevará sin duda, la imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la consecución de sus fines.

Sin perjuicio de lo previamente expuesto, en el caso de las sociedades civiles y mercantiles (con ánimo de lucro), no se puede incluir dentro del contenido del derecho al honor, los supuestos en los que las difamaciones que padecieran, tuvieran como único objeto intereses puramente económicos o patrimoniales. La protección de este tipo de intereses se dispensará por los arts. 1902 y siguientes del Código Civil relativos a la responsabilidad extracontractual o a través de los cauces establecidos por la legislación mercantil.

Derecho al honorEn relación con las personas jurídicas de Derecho Público, no podemos hacer las mismas consideraciones que las expuestas previamente para las personas jurídicas de Derecho Privado. Las entidades de carácter público juegan un papel fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, pues son precisamente este tipo de instituciones las encargadas de velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas de los individuos, así como de las personas jurídicas de Derecho Privado, de ahí la dificultad de atribuirles derechos fundamentales como el del honor, pues su propia naturaleza pública las priva de ellos. No obstante, sí que podemos hablar de términos como la dignidad, el prestigio y la autoridad moral de las instituciones públicas, pero no son conceptos equiparables al derecho al honor, sino que son valores que simplemente merecen la protección penal que el legislador decida otorgarles.

En algunas ocasiones, el Tribunal Constitucional sí ha reconocido derechos fundamentales a las entidades de carácter público, pero solo excepcionalmente y nunca en toda su extensión, como sucede tradicionalmente con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, pues es necesario reconocer a las instituciones públicas los derechos recogidos en la legislación procesal cuando deban intervenir en algún litigio.

En definitiva, las personas jurídicas tienen derecho al honor, entendido éste en su vertiente de buena reputación para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos a través de los grupos a través de los que se organicen, de manera que el derecho al honor sirve no solo para garantizar el respeto a la privacidad del individuo, sino también como garante del interés general al permitir el correcto y fluido funcionamiento de las personas jurídicas en un Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Vía| Constitución Española

Más información| Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional. Tomás Vidal Marín Facultad de Derecho Universidad de Castilla-La Mancha, El Derecho al Honor de las personas jurídicas y sus posibles colisiones con el derecho de inforamción. Manuel Aragón Reyes. Repositorio UAM.

Imágenes| Empresa, Constitución Española

 

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