Política 


Tiempo de acuerdos ¿Qué se debe negociar? (I)

“In fear we trust” fue el trasfondo de las pasadas elecciones, continuar con la era Rajoy como adalid de la estabilidad, con ausencia de reformismo, o cambiar hacia un modelo del “cambio”, del cuál ya nada se dice en los telediarios, tanto como ya no se habla de Venezuela. La temática de las elecciones fue bajo el amparo del miedo: o continuidad o radicalidad; así lo marcaron las encuestas, incluso las que se hicieron a pie de urnas -que han creado una importante reflexión sobre el interés que hay detrás de las mismas-.

El resultado no ha cambiado nada la situación del pasado mes de diciembre, no hay ninguna fuerza con mayoría suficiente y el conjunto de sumas son las mismas: un pacto entre PP y PSOE a la alemana; un gran pacto de Estado entre PP, PSOE y Ciudadanos donde una agenda reformista marque una corta legislatura de 2 años; un pacto de izquierdas entre PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas, cosa que el electorado socialista, marcadamente de centro izquierda, difícilmente permitiría por el desmembramiento de España y del PSOE como partido estatal; y por último, una extraña alianza, en nuestra costumbre parlamentaria, entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos que recordaría a la conocida serie Borgen.

Queda visto, por el proceder de las negociaciones, que la segunda opción es la más viable, aunque se genera una gran duda ante ello: ¿Hasta dónde está dispuesto Mariano Rajoy y el ala más orgánica del PSOE a ceder? Dentro de este amplísimo debate, he decidido aportar un breve y conciso análisis de tres puntos, que a mi entender, son principales para la mesa de negociación.  Hay que empezar por los tres poderes que constituyen cualquier Estado de Derecho, la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

PRIMERO. El Sistema Judicial español requiere de la inmediata puesta en marcha de una vital reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada ha cambiado desde aquella famosa frase vinculada a Alfonso Guerra de “Montesquieu ha muerto”, pese a los cantos de sirena de Gallardón que prometió una reforma que garantizase la independencia del CGPJ y que, finalmente, fue un reparto de sillones entre populares, socialistas, nacionalistas e Izquierda Unida. El sistema de aforamiento español, donde hay más de 10.000 personas que en base a su cargo político no son juzgados como el resto de españoles ante tribunales ordinarios sino que serán juzgados ante tribunales que dependen de manera directa del CGPJ (art.71.3 CE “serán juzgados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo); hace que la corrupción política siga siendo uno de los principales problemas manifestado por los españoles en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Mientras el Consejo siga siendo elegido por el poder Legislativo -Congreso y Senado- y no por los propios magistrados, la Justicia seguirá dependiendo, en tiempo y forma, del sistema de partitocracia.

SEGUNDO. El poder Legislativo llama a gritos de una reforma desde la base de su modelo de elección. España no puede seguir con un método en el cuál ni el voto vale lo mismo y ni siquiera el elector conoce al elegible por su provincia. Ello conlleva varias líneas: reforma urgente de la Ley Electoral para el reparto del voto de manera equitativa (no es viable que el voto de un ciudadano de Teruel para PSOE o PP valga ocho veces más que el de Madrid)  y una urgente Ley de Partidos para la democratización interna de éstos. El voto de los diputados debe ser libre, es decir, no puede imponerse la disciplina de partido, pues los diputados – según el art.67.2 de la Constitución Española (CE) “prohibición del mandato imperativo”- responden ante sus electores, cosa que hasta la actualidad nunca ha pasado salvo contadas excepciones. Se trata de una reflexión y refundación del peso y la figura del diputado, y su capacidad de deberse ante sus representados (mandato representativo).

Y, POR ÚLTIMO, y no menos conflictivo y rebatible, dentro del poder Ejecutivo, a vistas de la guerras internas que hay entre los distintos cuerpos policiales del Estado (resultado de dichas guerra es por ejemplo las famosas grabaciones al Ministro del Interior y un CNI dependiente de la Vicepresidencia), las cuales llevan sin ningún tipo de variación desde que empezó a constituirse la Democracia en España; hace falta una urgente renovación de los altos cargos policiales en base al mérito y la capacidad y un nuevo proceso de investigación de las irregularidades que se produzcan dentro del cuerpo. La solución empieza por una metódica sencilla: las irregularidades de la Policía la debe investigar la Guardia Civil y lo contrario; la de la Guardia Civil debe ser investigada por la Policía (ejemplo: si existe un caso de corrupción interna dentro de la Policía quien deba encargarse de investigar sobre el caso sea la Guardia Civil y no la brigada de asuntos internos).

Éstos son algunos de los puntos a considerar dentro de la mesa de negociación, que ya algunas de las fuerzas políticas del país han desarrollado dentro de sus programas electorales. No dará espacio para analizar la reforma educativa, del modelo territorial o de la libertad de prensa, pero sí mencionarlas para dejar constancia de su valor.

En los siguientes artículos, desarrollaré cada uno de los puntos mencionados, para que el lector conozca la repercusión y la profundidad de las reformas que deben pactarse en la mesa de negociación para el próximo Gobierno. Mientras tanto, invito a lector a reflexionar la siguiente pregunta: ¿Estarán dispuestos nuestros representantes a llevar a cabo estas reformas para solucionar, en gran parte, las deficiencias del sistema que ellos mismos han creado?

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