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Terror en los juzgados de cláusulas suelo (II): dónde estamos y hacia dónde vamos

Artículo escrito por Miguel Fernández Benavides

Antes incluso de su aprobación, el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 25 de mayo de 2017 generó una gran controversia y, finalmente, fue aprobado con la oposición de la práctica totalidad de los operadores jurídicos. Como era de esperar, una iniciativa que en principio estaba dirigida a mejorar la defensa de los consumidores y usuarios y a facilitar los medios de la Justicia para tutelar los derechos de éstos, ha terminado provocando justamente lo contrario: el colapso en los juzgados especializados y la acumulación de decenas de miles de asuntos sin resolver.

Habiendo transcurrido seis meses desde la implementación de los conocidos como “juzgados de cláusulas suelo”, ya es posible constatar el enorme error que supuso la creación de los mismos. En las conclusiones alcanzadas durante las XXVII Jornadas nacionales de Jueces decanos que tuvieron lugar en Bilbao el pasado 18 de octubre de 2017, estos mostraron su total rechazo al Acuerdo del CGPJ constatando: (i) que la entrada de asuntos desde el 1 de junio de 2017 ha desbordado todas las previsiones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, (ii) que la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España están ya absolutamente desbordados de asuntos, y (iii) que la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza (ver aquí).

Los datos que recogen los Jueces Decanos en su informe resultan ciertamente reveladores de la dimensión del problema. Solo desde junio a octubre de 2017, en Madrid había 22.234 asuntos (a resolver por 2 jueces en prácticas, un JAT, y un 25% del Juez Titular; 10 funcionarios; 2 LAJ), en Barcelona 8.727 (para 2 jueces en prácticas y un 10% del Juez Titular; 4 funcionarios; y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones), en Valencia 4.257 asuntos (para 3 jueces en prácticas, 7 funcionarios y un LAJ) y en Córdoba 1.717 asuntos (para 1 JAT, un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones y 3 funcionarios).

La situación es dramática. Tanto que el propio CGPJ, en su última Comisión Permanente (de 2 de noviembre de 2017), ha constatado otros datos ciertamente alarmantes. En el informe se cifra en 17.398 el número de demandas interpuestas hasta el 28 de septiembre de 2017, cuyo estado era el siguiente: (i) 10.268 asuntos registrados, a fecha 3 de octubre de 2017; (ii) 7.351 asuntos pendientes de incoar, a fecha 30 de septiembre de 2017; (iii) 2.252 asuntos en trámite a fecha 3 de octubre de 2017; (iv) y solo 190 asuntos resueltos.

Con esta carga de trabajo y con la insoportable precariedad de medios humanos y materiales que afecta a los juzgados especializados, es imposible hacer efectivo el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos. Ante la entidad del problema, creo que la única solución factible habría pasado por dejar sin efecto, a partir del día 31 de diciembre (fecha de expiración) el Acuerdo del CGPJ del pasado 25 de mayo de 2017, pasando los asuntos que ingresen a partir del 1 de enero de 2018 a reparto general entre todos los Juzgados de Primera Instancia de todos los partidos judiciales. En este sentido, se posicionaba recientemente el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (ver aquí), en línea con la postura mantenida por los Jueces Decanos en el informe antes mencionado.

Sin embargo, según las últimas noticias aparecidas en prensa, todo parece indicar que el CGPJ, con la connivencia el Ministerio de Justicia, va a optar por la huida hacia delante. El pasado 12 de diciembre de 2017, ya se anunció un acuerdo para mantener los juzgados especializados en cláusulas suelo en 2018 (ver aquí) y, hace apenas unos días, conocíamos la intención de reforzar el número de jueces destinados a los juzgados de cláusulas suelo (ver aquí).

Me temo que las medidas de refuerzo anunciadas no serán ni mucho menos suficientes para revertir el enorme problema que hay sobre la mesa. El nuevo acuerdo, según lo publicado (aun no he podido acceder al texto original), supone prolongar aún más una medida que en todo caso debía ser excepcional y limitada en el tiempo (art. 98.2 LOPJ), poniendo en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las partes implicadas en este tipo de litigios, en particular de los consumidores. Ojalá me equivoque, pero creo que el años próximo, cuando dispongamos de nuevos datos, tendremos que lamentar que continúa el terror en los juzgados de cláusulas suelo.

* Imagen| Vista Pública

 

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