Hay Derecho Joven, Jurídico 


Terror en los juzgados de cláusulas suelo (I): el acuerdo del CGPJ de 25 de mayo de 2017

Artículo escrito por Nicolás González Muñoz

El pasado 25 de mayo de 2017 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (“CGPJ”) aprobó la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia que, a partir del 1 de junio, conocerían únicamente litigios acerca de condiciones generales de contratación suscritas por consumidores en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. Estos juzgados, después de seis meses funcionando, ya son conocidos coloquialmente como “juzgados de cláusulas suelo”.

El acuerdo, que contó con el previo informe favorable del Ministerio de Justicia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (“LOPJ”)-, designó a estos juzgados para que de manera exclusiva y no excluyente, resolvieran los pleitos sobre cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, entre otros.

Con su creación, se pretendía hacer frente al previsible aumento de litigios sobre este tipo de cláusulas a raíz de la famosa sentencia de 21 de diciembre de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), sobre cláusulas suelo, el CGPJ. Por tanto, el objetivo de la especialización de un juzgado por provincia era, teóricamente, mejorar la defensa de los consumidores y usuarios y facilitar los medios de la Justicia para tutelar los derechos de éstos.

Según el propio CGPJ, por medio del Acuerdo se conseguirían resolver los litigios masivos sin que se viese afectado el tiempo de respuesta de los juzgados de Primera Instancia para el resto de asuntos en los que son competentes y, del mismo modo, se garantizaría la uniformidad en la respuesta recibida por los ciudadanos a sus demandas. Todo lo cual debería significar, a la postre, una mayor seguridad jurídica.

Para modular su impacto, el Acuerdo preveía medidas de flexibilidad y gradualidad de su aplicación. 65 jueces en prácticas de la Escuela judicial, con formación específica en la materia, fueron designados para realizar funciones de refuerzo. Asimismo, se establecía que, a medida que se fuesen conociendo las cifras de ingreso de asuntos en estos órganos especializados, el propio CGPJ haría una valoración de las necesidades, para acomodar los medios personales y materiales de cada uno de ellos. Todas estas previsiones serían evaluadas mensualmente por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, con el objetivo de revisar su eficacia y desarrollo.

Lo cierto es que el Acuerdo contó desde el primer momento con el rechazo casi unánime de todos los agentes: desde la Organización de Consumidores y Usuarios (“OCU”) hasta el Consejo General de la Abogacía Española (“CGAE”) reclamaron la nulidad del Acuerdo. Incluso, las asociaciones judiciales emitieron un comunicado el 27 de julio de 2017 criticando duramente las medidas adoptadas.

Dado que los 6 meses de vigencia inicial del Acuerdo finalizan mañana, 31 de diciembre de 2017, y que el mismo preveía expresamente la posibilidad de prorrogarlo en caso de necesidad, parece que este final de año es un buen momento para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. Sin perjuicio del análisis que se realizará en el siguiente post de esta serie, lo cierto es que, a día de hoy, el Acuerdo se ha revelado, como mínimo, insuficiente. La falta de medios humanos y materiales es un hecho patente que ha derivado en una extrema saturación de los juzgados especializados.

Es por ello que procede analizar la viabilidad del Acuerdo y valorar, en su caso, si se hace uso de la facultad de ampliar la especialización a otros órganos para aumentar el músculo encargado de la llevanza de estos asuntos; posibilidad recogida en el Acuerdo y que, extrañamente, aún no se ha adoptado.

* Vía| Elaboración propia.
* Imagen| El Boomerang

RELACIONADOS