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¿Terremoto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)?

¿Terremoto en el IBI?

¿Terremoto en el IBI?

Creo oportuno hablarles sobre la “reciente” sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (Ponente Emilio Frías Ponce, recurso en interés de ley 2362/2013) pues es posible que hayan oído a algún azorado representante municipal advertir del posible terremoto que puede tener en sus ya maltrechas arcas municipales.

Dicha Sentencia desestima un recurso de casación en interés de ley, interpuesto por la Abogacía del Estado contra una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con la interpretación que había realizado sobre el artículo 7.2 del Texto Refundido de la de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Este precepto dispone literalmente que se considerarán urbanos, a efectos catastrales los “terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial o urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo”.

¿Cuál fue la interpretación del Tribunal extremeño? Considerar que solo podría ser urbano, a efectos catastrales, un suelo urbanizado y delimitado en el planeamiento general que, a su vez, tuviera aprobadas sus condiciones de desarrollo pormenorizado, bien en el propio Plan General (sería el primer supuesto o inciso del precepto: suelos incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados), bien en un instrumento urbanístico derivado, es decir, en el Plan Parcial o similar (sería el segundo supuesto o inciso: los demás suelos del tipo anterior, a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo).

El Abogado del Estado, alarmado por dicha interpretación, que podría suponer, según sus cálculos, una minoración relevante del IBI en más de 900.000 inmuebles y en definitiva, un problema de orden público-financiero de gran calado, decidió interponer recurso de casación en interés de la ley, solicitando que se declarara que esa interpretación no era correcta y que debía ser sustituida por la siguiente: “El art. 7.2 b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no exige, a efectos de la consideración como suelo de naturaleza urbana del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados, la aprobación de un instrumento urbanístico que determine su ordenación detallada”.

Es decir, el Abogado del Estado defendía que dicho precepto amparaba el cobro del IBI como urbano a todo aquél terreno urbanizable delimitado por el planeamiento general, estuvieran o no aprobadas sus condiciones de desarrollo. Ello suponía, en la práctica y simplificando mucho que si el planeamiento general trazaba unas simples líneas dentro de las que consideraba el suelo incluido como urbanizable “a futuro”, sin detallar ninguna condición para su desarrollo, ya era suficiente para equipararlo a un suelo desarrollado, a una vivienda ya construida y en uso, por ejemplo.

Parece que una interpretación literal de ese precepto podría apoyar la tesis del Abogado del Estado quien confiado en ello, planteó el recurso.

Pues bien, al Abogado del Estado le salió el tiro por la culata.

El Tribunal Supremo efectivamente consideró que estaba ante una cuestión de gran calado y que debía sentar doctrina interpretativa de dicho precepto, pero no solo no se arrugó ante las advertencias catastrofistas del representante estatal, sino que se alineó, con argumentaciones detalladas, con la interpretación del tribunal extremeño, desestimando el recurso del Abogado del Estado.

La Sentencia del Tribunal Supremo es impecable y hace un repaso riguroso de la legislación histórica y actual en los ámbitos urbanístico, catastral e inmobiliario para llegar a su conclusión interpretativa, incluso con menciones a la tramitación parlamentaria, algo poco usual.

No es mi ánimo aburrirles con esas disquisiciones, dejaré un enlace completo a la Sentencia para los más inquietos.

Simplemente les quiero advertir que efectivamente puede haber un antes y un después de esta Sentencia y que esos representantes municipales tienen, en general, motivos para alarmarse.

En primer lugar, los Ayuntamientos a futuro deberán adaptar sus ponencias catastrales a esta interpretación y no podrán incorporar al IBI de urbano suelos que antes lo estaban o que, en la anterior interpretación, podrían estarlo. Si no lo hacen, los particulares podrán impugnar las nuevas notificaciones con garantías de éxito.

En segundo lugar, no es descartable la impugnación de numerosos particulares y, en particular, empresas promotoras propietarias de este tipo de suelos urbanizables sin ordenación pormenorizada, y que vienen pagando por ellos un IBI idéntico al de suelos urbanos plenamente desarrollados (p.ej. una edificación).

Si bien cada caso es particular, seguramente se articularán numerosas solicitudes de revisión de oficio de las ponencias catastrales con arreglo a las que se hayan girado los IBI’s erróneos y no prescritos (últimas cuatro anualidades) y como consecuencia, de las liquidaciones de estos últimos; solicitando una devolución de los ingresos indebidos, que se corresponderá con la diferencia entre el IBI rústico y urbano. Ante la desestimación expresa o presunta de dicha solicitud, se podrá acudir a los tribunales y sin duda que en muchos casos, se acudirá.

Por otro lado, esta sentencia puede tener efectos en otros impuestos relacionados, como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que sus efectos pueden extenderse como una mancha de aceite. Habrá que estar atentos a la litigiosidad que se produzca y a las decisiones extraordinarias que puedan tomar las Administraciones para intentar paliar el golpe.

Via| Javier Lusarreta

Más información| Sentencia Tribunal Supremo

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