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Televisiones públicas. ¿Necesidad, obligación o coste innecesario?

La polémica decisión del gobierno de la Generalitat Valencia de cerrar Canal Nou ha intensificado el debate sobre la necesidad de las televisiones públicas en España y, en particular, de las televisiones autonómicas.

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En junio de 2012 el Congreso aprobó la reforma de la Ley General Audiovisual, que formalmente amplía la libertad y capacidad de elección de cada Comunidad respecto al modelo de televisión que se desea implantar y que, en la práctica, permite legalmente la privatización de las televisiones autonómica.

La cuestión de fondo que subyace en el debate tiene dos vertientes esenciales: la consideración de si las televisiones son un servicio público esencial y su viabilidad económica en un contexto de crisis económica.

¿Resultan un servicio público esencial?

No cabe duda que por razones históricas la televisión pública ha cumplido un papel esencial en el proceso democrático de nuestro país, siendo durante la época de la transición uno de los principales vehículos de información, transmisión y divulgación.

Sin embargo, es discutible si la televisión pública sigue cumpliendo la función de garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a una información veraz y plural, además de ofrecer contenidos complementarios de tipo cultural, educativo o de entretenimiento, en un panorama audiovisual que comprende una amplia oferta de canales disponibles y una multitud de plataformas de acceso a la información y a todo tipo de contenidos, que se encuentran en continuo desarrollo.

Otro de los pilares básicos de un ente público es el cumplimiento de un papel de servicio público como motor cultural, divulgativo y informativo. Este papel es muy discutible, resulta inverosímil,  ya que existe una clara conexión entre el modo de trasmitir la realidad y el partido político que ostente el poder, y por consiguiente el control del ente público, en cada momento. La exigencia de neutralidad en una televisión pública que paga el contribuyente debería ser un axioma fundamental para su propia existencia y, sin embargo,  no cabe duda que esta ha sido sustituida por un instrumento político al servicio  de los gobiernos, cualquiera que sea su orientación ideológica.

¿Resultan económicamente justificables?

En época de crisis, los casi 1.000 millones al año que le cuestan las televisiones públicas a los españoles, entre subvenciones y pérdidas de explotación, parecen injustificables en cualquier caso.

En una coyuntura económica donde es necesaria la contención del gasto público y la orientación del mismo hacia  servicios más necesarios resulta evidente que, con los escasos niveles de audiencia que presentan, se siga insistiendo como prioridad presupuestaria en el mantenimiento de los medios audiovisuales públicos.

En conclusión, invito a la reflexión sobre si es necesaria la televisión pública en España y, en caso afirmativo, si el modelo actual resulta satisfactorio para los objetivos que debe cumplir.

Más información| Expansión

 Imagen| Canal nou

En QAH| RTVE. ¿El modelo funciona? 

 

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