Jurídico 


Tasa de telefonía móvil: Goliat contra Goliat

Como ya hemos expuesto en anteriores artículos de QAH, son múltiples y muy diversos los tributos locales impuestos por los ayuntamientos españoles. Entre ellos se encuentra la tasa por el aprovechamiento del dominio público local que, si bien no forma parte del grupo de los más conocidos, ha conseguido generar un conflicto jurídico de grandes dimensiones entre las operadoras de telefonía y los entes municipales que pretendían imponer dicha tasa.

El hecho imponible de esta tasa pretendía ser, entre otros, el uso del dominio público local por las empresas operadoras de telefonía móvil. Para hacernos una idea, cualquier empresa que sea propietaria o usuaria de una antena de telefonía que se encuentra en dominio público se considera que se está aprovechando del mismo y, por tanto, debe pagar por ello.

No sorprenderá a nadie el hecho de que las operadoras de telefonía móvil no estuvieran de acuerdo con este gravamen, por lo que las Ordenanzas que aprobaban estas tasas, al igual que todas las liquidaciones giradas en virtud de las mismas, empezaron a ser recurridas por dichas operadoras. La consecuencia es miles de procedimientos abiertos en todos los juzgados y tribunales de España.

En este sentido, las operadoras de telefonía móvil se aferraban a un argumento fundamental, la nulidad de las ordenanzas aprobadas por ser contrarias a artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Según la interpretación que las mismas hacían de ese artículo, no estaba permitido imponer una tasa a las operadoras que no fueran propietarias de las redes instaladas. En el caso español, la mayor parte de este tipo de instalaciones es propiedad de Telefónica.

Pues bien, tras años de batalla legal en los cuales la cuestión había llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de tres cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha mostrado contundente confirmando que, tal y como señalaban las operadoras demandantes, las tasas son contrarias a Derecho Comunitario y, por tanto, deben declararse nulas.

Se trata sin duda de un desenlace de consecuencias económicas dramáticas para los municipios españoles, cuyas arcas no pasan precisamente por su mejor momento; al tiempo que supone un logro histórico desde el punto de vista jurídico de las operadoras de telefonía, que han logrado derrotar al sistema municipal español al tiempo que consiguen un ahorro estimado en 270 millones de euros anuales.

Llegados a este punto se plantean aún diversas interrogantes que quedan sin resolver, ¿es este el fin de las tasas a la telefonía móvil?, ¿serán los ayuntamientos capaces de diseñar métodos alternativos de gravamen a estas entidades conforme a la normativa comunitaria?, ¿repercutirá el ahorro de las operadoras en las tarifas que éstos ofrecen a los consumidores? Sólo el tiempo puede responder a estas preguntas.

Imagen | Telefonía móvil

En QAH | ¿Qué es el Derecho Tributario?, Empresas privadas que recaudan tributos locales, ¿Qué son las plusvalías?, Financiación municipal: Tributos locales

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