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“Tarjeta roja al árbitro”

El pasado 28 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declaró nulo un Laudo Arbitral en virtud del artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje, bajo la consideración de haber vulnerado el “orden público económico”.

El concepto de orden público económico es una de esas frases asiduas en el mundo del Derecho, que los juristas conocemos como “principios indeterminados”. Pues sí, para todos aquellos que relacionan el funcionamiento jurídico con la aplicación directa de leyes, del código al papel, sepan que precisamente en este tipo de conceptos es donde se centran las labores y mañas de los juristas. No solo me refiero a las “triquiñuelas” de los abogados más avispados, también es recurso útil para los juzgadores cuando la ley no les da ninguna solución inmediata para sus pretensiones.

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Algunas veces estos conceptos se intentan definir en resoluciones o debates doctrinales. De este modo, en el propio laudo los Magistrados reconocen que debe entenderse por “orden público económico”, “aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico”.

A muchos os sorprenderá la repercusión y el revuelo que ha envuelto a esta noticia: ¿a qué se debe? Y, sobre todo, ¿qué es un laudo?

Un laudo es la resolución que pone fin a un proceso de arbitraje,  dictada por un árbitro o un amigable componedor que permite dirimir un conflicto entre dos o más partes. El fallo del árbitro puede compararse con la sentencia que dicta un juez, aunque la jurisdicción de éste se encuentra fijada por la ley  y la jurisdicción del árbitro se halla en la autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que la decisión del árbitro debe ser aceptada por las partes para que el litigio se resuelva.

La existencia de laudos y arbitrajes se remonta a la antigüedad, ya que se trata de mecanismos de resolución que funcionan con independencia de los ordenamientos judiciales y sociales. El laudo siempre ha permitido resolver conflictos de manera extrajudicial, con distintos alcances y garantías.

Es posible distinguir entre diversos tipos de laudos, como los laudos de derecho, los laudos de equidad, los laudos totales, los laudos parciales y los laudos definitivos, por ejemplo. Esta alternativa a la vía judicial se regula en Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Por lo general, las partes en conflicto firman un acuerdo antes de acudir a la mediación del árbitro a través del cual se comprometen a aceptar y acatar el laudo que se proponga como resolución del conflicto. Las partes pueden acordar previamente que el arbitraje se centre en criterios de equidad, más allá de lo jurídico.

Algunas de sus características principales son las siguientes:

  • Es vinculante y obligatorio.
  • Quien asume el rol de árbitro tiene pleno ejercicio de lo referente a la jurisdicción, aunque esto sólo sea válido temporalmente (su poder empieza al aceptar su cargo y termina una vez que plasma su decisión final en el propio laudo).
  • El laudo sólo puede contener las cuestiones directamente relacionadas con la controversia a tratar por el árbitro, un límite similar al que se debe respetar en una corte, ante un juez.
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    Los acuerdos que se alcanzan en el laudo han de ser cumplidos por las partes.

El procedimiento de arbitraje se define como el procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre las partes, siempre y cuando uno de los intervinientes actúe como empresario, profesional, comerciante o los propios poderes públicos en algunos casos. No se pueden establecer procedimientos de arbitraje entre particulares (para estos casos existe la figura de la mediación).

Es importante que el consumidor sea consciente de que las decisiones arbitrales no pueden ser ejecutadas por la propia Junta Arbitral, siendo la emisión y notificación del laudo los últimos pasos en los que son competentes; para la ejecución de los laudos arbitrales hay que interponer una demanda de ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se haya dictado el laudo.

Con el paisaje ya dibujado, vamos a situar lo acontecido esta semana en el TSJ de Madrid.

Este órgano judicial anulaba un laudo constituido entre una PYME de hostelería que renegoció un swap (un producto bancario) con BBVA y que alegó que no había sido informada de los riesgos. El laudo fue favorable al banco, pero ha sido anulado por el TSJ porque entiende que atenta contra el orden público económico (vemos el “juego” que dan los conceptos jurídicos indeterminados). La PYME impulsó la renovación del contrato ante “su preocupación por la coyuntura de subida de tipos de interés y se interesó por si había algún producto que le cubriera de las subidas para no tener sorpresas“. BBVA le ofreció la suscripción de un swap.

La empresa esgrimió que creyó que estaba contratando un seguro, que podría cancelar con libertad y que la entidad financiera no le informó correctamente de las características del producto que le ofertaba, sin hacerle un test de idoneidad a la PYME. Finalmente la empresa se resistió a pagar al banco por lo que acudieron al arbitraje. El tribunal arbitral rechazó estos argumentos porque, a su juicio, el producto no presentaba “una especial complejidad para cualquier persona con una mínima formación“. El cliente presentó un recurso de anulación y el TSJ anuló el laudo por ser contrario al orden público. La demanda de anulación se basaba en la falta de neutralidad del tribunal arbitral por la vinculación de la institución arbitral y de uno de los árbitros con el banco y en que el laudo vulneraba el orden público económico. Tras un análisis detallado de los supuestos de hecho y fundamentos de Derecho, el  TSJ concluyó que el laudo tenía que ser anulado;

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La sentencia del TSJ de Madrid puede abrir una vía a la anulación de muchos laudos.

“(…)porque su motivación contraviene el orden público por arbitraria, ex art. 24.1 CE en el sentido de manifiestamente contraria a reglas legales imperativas; como sucede que, además, esas normas de ius cogens son expresión del principio general de buena fe contractual y este principio, muy señaladamente en este tipo de contratos y con esta clase de contratantes (…) es cuestión de orden público (…) por lo que debe apreciarse la causa de anulación del art. 41.1 f) de la Ley de Arbitraje”

El sector del arbitraje apunta que el TSJ de Madrid no se ha ceñido a la nulidad del laudo por un asunto formal (es decir, un error en los requisitos que establece la ley para la constitución del mismo), sino que ha entrado en el fondo del asunto, en los motivos que alegó el Tribunal Arbitral. Por este motivo algunos árbitros se han pronunciado al respecto declarando que la sentencia se “extralimita”.

Este colectivo teme ahora que esta resolución abra la veda a numerosas anulaciones de laudos amparándose en que “atentan contra el orden público económico”.

 

Vía| Noticias jurídicas ; Expansión 

Imágenes| Arbitraje ; cooperación procesal

 

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