Jurídico 


Suspensión del procedimiento tributario

 

Los actos que dictan los órganos de la Administración Tributaria son inmediatamente ejecutivos. Quiere ello decir, que desde el momento en que se generan por el órgano competente, despliegan sus efectos administrativos.   Dada la especial transcendencia del procedimiento  tributario,  de sus consecuencias sobre los particulares, reviste especial interés ver los casos y los requisitos en los que es posible suspender dicho procedimiento y evitar – al menos temporalmente – los efectos de aquel.

Pensemos en el acto más común del procedimiento tributario cual es la práctica por los órganos de la Agencia Tributaria, de una liquidación por la falta de ingreso de un determinado concepto tributario.  La deuda y la sanción tributaria serán notificadas al obligado tributario y es en dicho momento, es decir, con la notificación, cuando comienza dicho proceso.

Puede ocurrir que no estemos conformes con las liquidaciones remitidas, que entendamos que hay fundamentos suficientes para impugnarla, que haya errores en la competencia del órgano que dictó el acto…. en cualquiera de estos casos, si no interponemos en tiempo y forma los recursos que en el propio escrito nos brinda la Administración para emitir nuestra disconformidad, el devenir del procedimiento continúa “implacable”.   Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario, veríamos incrementado el importe de la deuda con los recargos ejecutivos, y más adelante, podría concurrir el embargo de nuestros bienes.

Por ello, en primer lugar es esencial la presentación del recurso correspondiente en tiempo y forma.   Es habitual encontrar escritos de particulares que ante la remisión de una liquidación, se limitan a solicitar de la Administración tributaria  “que suspenda la ejecución del acto”.   Tal práctica debe evitarse por incorrecta.

Pero también recuerda la ley que  “la simple presentación de un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado”.    Es un error frecuente igualmente pensar que por el hecho de recurrir un determinado acto tributario, cesa momentáneamente los efectos del mismo y se sorprenden cuando reciben los apremios y más tarde los embargos.

Junto con el recurso hay que aportar la correspondiente garantía.  Se considera que si hay garantía, la ejecutividad del acto no se verá perjudicada por la suspensión.

Este principio (solve et repete) quiebra en el caso de las sanciones tributarias. Así las sanciones tributarias sólo son ejecutivas, cuando ponen fin a la vía administrativa. Se mantenemos la impugnación frente a ellas ante los órganos judiciales presentando el correspondiente recursos contencioso- administrativos, será necesario garantizar en los términos que establezca el Tribunal que conoce de aquel.

Por tanto vamos a analizar brevemente que medidas debemos adoptar ante un acto administrativo de carácter tributario cuya ejecución deseamos – por la razón que sea – suspender.

Podríamos optar por la presentación en plazo de un recurso de reposición frente al mismo órgano que dictó el acto (es decir, ante el mismo órgano de la Agencia Tributaria). En este caso, solo si se trata de una sanción como hemos dicho anteriormente, la simple interposición del recurso suspende el procedimiento hasta la resolución del recurso.   Si se tratara de un acto distinto a las sanciones, es ineludible presentar junto con el recurso de reposición un aval  o fianza de entidad bancaria,  depósito de dinero o valores.   Es muy importante insistir – porque es error frecuente –que la garantía que se exige en estos casos podrá aportarse hasta la conclusión del periodo voluntario de pago: así podemos y debemos presentar el recurso de reposición en el plazo de un mes desde la notificación recibida, pero la solicitud de suspensión con el aval o fianza puede retrasarse hasta la fecha del vencimiento del plazo en voluntaria. El aval aportado  – no confundir con “compromiso de aval”, documento cuyo presentación en estos casos que motivaría el archivo de la solicitud de suspensión – ha de ser un documento correcto siendo escasos los motivos de subsanación que resultan admisibles.    No caben otras garantías en los casos de recurso de reposición, con las siguientes excepciones:

Fianza personal y solidaria de dos obligados tributarios solventes,  en deudas inferiores a la cifra de 1.500,00 euros.

Cuando se aprecie errores aritméticos en el acuerdo notificado, entendiendo solo por estos las simples equivocaciones en nombres, fecha, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos….. que no produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica).

Si se opta por la presentación de una reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico- Administrativo, se nos abren otras posibilidades.  Junto a la suspensión con garantía de aval o fianza bancaria que ya vimos y que reviste las mismas características que lo anteriormente expuesto, tenemos la suspensión con garantía hipotecaria.   El recurrente debe de ofrecer bienes suficientes y correctamente valorados para asegurar el cobro de la deuda.    Concedida la suspensión, se constituirá – a costa del recurrente –  hipoteca inmobiliaria sobre los bienes a favor de la Hacienda Pública. Tanto en uno como en otro caso, la suspensión será acordada por los órganos de la Agencia Tributaria.

Por último encontramos en caso de presentación de reclamación económico-administrativa, la posibilidad de solicitar la dispensa de garantía al propio Tribunal que conoce el recurso.  Sobre este tipo de solicitud, hay cierto confusionismo ya que sólo si se han acreditado – no simplemente mencionado –  los perjuicios de difícil o imposible reparación que la ejecución del acto puede acarrear, es posible procede a una “suspensión cautelar” del procedimiento en tanto el Tribunal acuerda la concesión de dicha suspensión con dispensa de garantía. La jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que “los perjuicios irreparables anunciados por la recurrente, además de ser irreparables, han de ser inminentes como consecuencia de la ejecución inmediata del acto administrativo, y  que por tanto, debiera suspenderse la eficacia del acto para evitar aquellos”.

Para concluir un breve apunte sobre la suspensión de actos de contenido negativo en el ámbito tributario.  Si recurrimos un acto de tal carácter (por ejemplo, la denegación de un aplazamiento) tradicionalmente la jurisprudencia había considerado que la concesión de la suspensión equivaldría a otorgar provisionalmente lo solicitado y por lo tanto debería ser denegada.  No obstante, recientes sentencias y resoluciones, matizan este criterio considerando que si bien con carácter general en materia tributaria no procede la suspensión de los actos de contenido negativo, sin embargo estas solicitudes han de ser objeto de análisis y estudiar si concurren los requisitos para acceder a la suspensión debido a la vertiente positivo (el ingreso) que deriva del acto de contenido negativo.

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