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¿Suspendemos el Estado de Derecho o lo quebramos?

La reciente decisión del Tribunal Constitucional portugués por la que ha declarado la inconstitucionalidad de varias medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno vecino en cumplimiento de las condiciones del rescate comunitario—entre otras, la reducción del sueldo de los funcionarios—pone de manifiesto una situación muy preocupante, aunque no necesariamente nueva. En ocasiones, la aplicación exacta de las normas, la garantía íntegra de los derechos individuales, puede generar una situación claramente indeseable desde un punto de vista social (fiat iustititia, pereat mundus) o, como mínimo, ser inviable económicamente (judex non calculat).

En estos casos, los efectos indeseados de la máxima tutela de los derechos constitucionales (como claro exponente) plantean de manera ineludible un ‘test de resistencia’ del Estado de Derecho porque, al final del día, si hablamos de derechos de contenido económico, la justicia sólo puede serlo y sólo puede alcanzarse si podemos financiarla.

Cuando no hay recursos suficientes para sufragar los gastos derivados de todos los derechos (constitucionales) individuales, los tribunales se encuentran en una situación distinta que los Gobiernos. Mientras que los Gobiernos deben diseñar y aplicar políticas redistributivas de la presión fiscal y de los beneficios sociales, intentando garantizar la viabilidad económica del (mermado) Estado de Derecho y del bienestar (precisamente, lo que hicieron inicialmente al recortar el sueldo de los funcionarios, por ejemplo); los tribunales parecen poder limitarse a obviar las implicaciones económicas de sus decisiones y aplicar con el máximo rigor las normas (constitucionales) vigentes, con independencia de los resultados que ello pueda generar para la sociedad en su conjunto.

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Al reconocer en su máxima extensión derechos de contenido económico, los tribunales dejan (retroactivamente) sin efecto los ajustes redistributivos del Gobierno y condenan al Estado a asumir el papel de Sísifo o de Penélope, volviendo a la casilla de salida y ensayando un nuevo tipo de reajustes que pueda tener encaje constitucional—eso sí, bajo unas condiciones de mayor presión, de pérdida de credibilidad internacional, de menor margen de maniobra negociadora y, por supuesto, de mayor incertidumbre. Cabe pensar que esta situación es, en realidad, injusta porque aboca al Estado (a la sociedad y los ciudadanos, en definitiva) a un círculo vicioso que puede acabar perpetuando esta situación de crisis que parece no haber manera de sacudirse de encima (summum ius, summa iniuria?).

Lo que está claro—salvo que pretendamos enajenarnos como sociedad e intentar un suicidio autárquico que el drama chipriota ha demostrado utópico—es que no podemos tener un Estado de Derecho y del bienestar si no podemos financiarlo. Así las cosas, y por la tozudez de la realidad, debemos afrontar la situación desde una perspectiva realista y pragmática y preguntarnos si preferimos suspender el Estado de Derecho (con límites, claro está) o quebrarlo, en el sentido económico.

Y, sobre todo, lo que debemos exigir es que, una vez lo tengamos claro, nuestro Gobierno y nuestros máximos tribunales actúen de manera coordinada para alcanzar el destino que prefiramos. Lo que no podemos permitirnos es dejar la cuestión en el aire durante mucho más tiempo ni, sobre todo, tener que digerir una decisión constitucional como la portuguesa.

 

Vía| Huffington Post, EUObserver, World Socialist Website, ABC

Más información| Wikipedia (Sísifo), Wikipedia (Penélope)

Imagen| Above Top Secret, Portugal

En QAH| La nueva subida del IRPF y su posible inconstitucionalidad

Vídeo| Rolling Stones via YouTube

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