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Suplencias jurisdiccionales: ¿cuestión coyuntural o estructural?

El pasado 19 de febrero, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó tres Sentencias –a la fecha existen otras veintidós idénticas de 9, 16 y 25 de marzo, todas ellas sobre el mismo objeto- en las que se resolvían los recursos ordinarios deducidos contra la desestimación, por silencio administrativo, de las solicitudes dirigidas frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y al Gobierno de España, interesando la adopción de las medidas necesarias para la aplicación de la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, al colectivo de los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, y contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 11 de julio de 2013,  en el que se participó a la parte recurrente la posibilidad que tenía de instar el reconocimiento de trienios y se le indicó la falta de competencias de dicho órgano en relación con el resto de cuestiones planteadas.images

Los recurrentes sostienen su pretensión en una doble línea argumental: por una parte, afirman que el ordenamiento español, en lo que hace al colectivo de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, por la renovación repetida de sus contratos de duración determinada y por la amplitud del período en que pueden llegar a estar empleados, evidencia que acude a ellos para atender necesidades que, lejos de ser únicamente temporales, se revelan como estructurales, permanentes y duraderas, abusándose así de su vinculación temporal. Por ello, consideran aplicable a está situación lo previsto en el artículo 15.5 y la Disposición Adicional Decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores, que imponen la adquisición de la condición de trabajador fijo, en el sector privado, y de trabajador indefinido, en el empleo público, como sanción al encadenamiento abusivo de contratos de duración determinada. De otra parte, entienden asimismo que nuestro ordenamiento mantiene una serie de discriminaciones injustificadas basadas en la mera naturaleza temporal y esporádica de la relación de servicio de los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, con repercusión sobre aspectos retributivos, prestacionales y formativos.

Las Sentencias de 19 de febrero y las ulteriores referidas, por lo que respecta al primer argumento, se toman la molestia de ponderar y analizar de manera minuciosa tanto la Directiva 1999/70/CE como la jurisprudencia del TJUE (Mascolo y otros entre otras muchas) para concluir que la decisión de los litigios en que se invoca una vulneración como la planteada por los actores ha de descansar, no sólo en consideraciones de índole general sino, especialmente, en las circunstancias concretas y singulares que caractericen la actividad de que se trate y en la forma o modo en que la normativa nacional haya llegado a prever ahí la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada. Y en este sentido, llegan a la conclusión de que nuestro ordenamiento, para ese sector de actividad a la que son llamados los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, sí tiene introducidas previsiones normativas que equivalen a «razones objetivas que justifiquen la renovación» de los nombramientos y llamamientos que les puedan ser hechos. Y significa, en consecuencia, que tales previsiones excluyen en principio la utilización abusiva de los mismos, salvo que un examen global de las circunstancias que rodean la renovación revelara que las prestaciones requeridas de aquellos no corresponden a una mera necesidad temporal, lo que no queda constatado en el caso de autos, pues en ningún caso puede alcanzarse la convicción de que sí hubo en su caso, en esa prolongada sucesión de relaciones laborales, una utilización abusiva, contraria a lo querido por la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo marco que incorpora en su anexo.

En lo que hace a la segunda cuestión esgrimida por los recurrentes, la Sala es de la opinión de que éstos parten de una consideración errónea, pues no son situaciones jurídicas iguales la de los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, de un lado, y la de los Jueces y Magistrados de carrera, de otro, con la consecuencia de que la aplicación del principio de igualdad y no discriminación no conlleva que el trato normativo dado a unos y otros deba ser igual en un todo. Los Jueces y Magistrados de carrera, y no los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, son los que forman la Carrera Judicial y ejercen con carácter de profesionalidad las funciones jurisdiccionales, tal y como dispone el artículo 298 de la LOPJ en sus dos números. De ahí deriva que aquel principio sea inidóneo para servir de sustento a la pretensión de que los segundos tengan reconocidas iguales situaciones administrativas que las reguladas para los primeros en cuanto integrantes de una carrera profesional. De esa falta de pertenencia a la Carrera Judicial también deriva que los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes no puedan tomar parte en los concursos que se vayan convocando para la provisión de destinos de la Carrera Judicial, pues, lógicamente, dichos procesos de traslados, en tanto materialización del sistema de promoción profesional aplicable a la Carrera Judicial, han de quedar circunscritos a los profesionales que, efectivamente, formen parte de la misma, que son los Jueces y Magistrados de carrera y no los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, cuya ocasional prestación de servicios sólo podrá tener lugar en aquellos Juzgados y Tribunales que así lo precisen, bien porque se requiera la eventual suplencia de sus titulares, o porque presenten un excepcional retraso o acumulación de asuntos que aconseje la adopción de una medida de refuerzo.

Permítanme que termine con una experiencia personal. Durante casi tres años tuve la satisfacción de trabajar codo con codo, en un inaprensible Juzgado del Vallés Occidental y prácticamente doce horas al día, con don Jaume Rodés Ferrández, un ejemplo de sabiduría, esfuerzo y sensibilidad jurídica. He conocido otros jueces iguales, pero no mejores. El bueno de Jaume era y es un Juez sustituto. En otras palabras, la soberbia Sentencia que hoy comentamos no pretende categorizar la valía profesional de los que dictan sentencias atendiendo a su régimen profesional. Hace algo mucho más valioso, nos argumenta sólidamente las razones para concluir que no son iguales y que, por tanto, es contrario a Derecho pretender una equiparación plena de ambos colectivos, pero, insistimos, no porque no lo merezcan, sino porque el principio de igualdad que arguyen los que pretenden esa identificación es objetivo y no formal, se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Exactamente lo que acaece en este asunto.

Imagen| ElMundo

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