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El incidente de nulidad, primer garante de la protección de los derechos fundamentales: STC 208/2015, de 5 de octubre

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que introdujo el ya célebre sintagma indeterminado de la «especial relevancia constitucional» como elemento de discriminación en la fase de admisión ante el Tribunal Constitucional, enfatizó el protagonismo de los Tribunales ordinarios, subrayando su función como primeros avalistas de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico en aras de lograr que la tutela y defensa de aquellos por parte del Tribunal Constitucional fuese efectivamente subsidiaria. Esta ponderación del rol de la jurisdicción ordinaria en esta materia, debe ser puesta en conexión con la institución del incidente de nulidad, toda vez que tras la referida reforma, la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no sería por sí sola suficiente para admitir el recurso, al exigirse, además, su especial trascendencia constitucional. Por tanto, las decisiones de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, cuando es procedente su planteamiento, implican la preterición del mecanismo de tutela ante la jurisdicción ordinaria, como cancerbera natural y primera de los referidos derechos fundamentales.

Así las cosas, el pasado 5 de octubre de 2015, el Tribunal Constitucional (TC) dictó STC 208/2015, en el marco del recurso de amparo deducido por una persona que vio rechazado por diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia (en lo sucesivo, Letrado) su pretensión de plantear un incidente de nulidad, con el argumento de que la demandante de amparo no era parte del procedimiento de ejecución.

Con carácter previo, y antes de comentar la referida sentencia, se impone señalar que las diligencias de ordenación pueden definirse como aquellas resoluciones dictadas exclusivamente por el Letrado, de ordenación formal o material del proceso, a través de las cuales se dará a los autos el curso que la Ley establezca. Las diligencias de ordenación en el proceso de ejecución –que es el estadio procesal analizado por el TC- son fáciles de distinguir de los autos, los decretos y providencias, toda vez que en el artículo 545.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), se establece un numerus clausus tanto para los autos, decretos como para las providencias, identificándose por tanto,  de forma negativa, el ámbito de aplicación de las diligencias de ordenación. Por lo que respecta a su impugnación, el recurso de reposición y el recurso de revisión son los mecanismos previstos por la LEC. Debe indicarse, no obstante, que el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de octubre de 2013, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5344-2013 planteada por la propia Sala Segunda del Tribunal, en el recurso de amparo núm. 4577-2011, en relación con el citado artículo 102 bis, apartado 2, en la medida en que este precepto excluye del recurso directo de revisión el decreto del ahora Letrado de la Administración de Justicia resolutivo del recurso de reposición contra las diligencias de ordenación, y, entre ellas, la que señala el día para la celebración de la vista en el procedimiento abreviado, privando así al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano una cuestión tan importante como es la relativa a la afección de un derecho fundamental.

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La reciente STC de 5 de octubre resulta por tanto acentuadamente interesante al ofrecernos una perspectiva integrada de la debida protección de los derechos fundamentales, con el instrumento procesal diseñado como primer garante de aquellos y la idoneidad de las resoluciones que filtran su prosperabilidad.

El máximo intérprete constitucional considera patente la vulneración del derecho a la tutela judicial invocada por la recurrente dado que el incidente excepcional de nulidad de actuaciones fue rechazado y devuelto al socaire de una motivación irrazonable —no ser parte en el proceso de ejecución—, sin tener en cuenta que el art. 241 LOPJ autoriza la interposición del referido incidente no sólo a quienes sean partes legítimas, sino también a quienes «hubieran debido serlo» y, en lo que aquí más interesa,  por obviar que tal decisión correspondía exclusivamente al órgano judicial (Juez o Tribunal), en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117 CE), concluyendo que la actuación desarrollada por el Letrado supuso, en su manifestación más primaria, una efectiva denegación de la tutela judicial efectiva pues, de hecho, impidió que el Juez pudiera entrar a conocer sobre una pretensión cuya resolución le compete con carácter exclusivo.

La reposición en favor del justiciable por la vulneración sufrida en sus derechos fundamentales es pilar básico de cualquier Estado de Derecho que se precie definirse como tal. Por ello, cuando el quebrantamiento procede no tanto de una exégesis jurídica desviada del bloque constitucional como de un inadecuado empleo de los instrumentos procesales aplicables, esa reparación resulta, si cabe aún, más necesaria, toda vez que el desafuero se torna material y, consecuentemente, se ve aumentada la percepción de orfandad institucional  por el ciudadano.

Vía| Raúl C. Cancio

Imagen| derecho

 

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