Derecho Mercantil, Jurídico 


St. 105/2014 de 2 de diciembre: cláusula abusiva en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria

adhesión-

Ha sido recientemente publicada la sentencia 105/2014 de 2 de diciembre del Juzgado de Primera Instancia nº 4 con competencia mercantil de Guadalajara. La situación que en la misma se plantea es la siguiente:

La parte actora (un particular) inicia demanda de juicio ordinario con acción de nulidad y reclamación de cantidad frente a la entidad bancaria KUTXABANK, S.A. con respecto a la Cláusula Tercera Bis del contrato de préstamo con garantía hipotecaria que habían firmado. Dicha cláusula establecía que el tipo de interés aplicable sería el resultante de aplicar el IRPH-CAJAS desde el 5 de febrero de 2008 hasta la finalización del período de vida del préstamo. Argumenta la actora que se trata de un tipo de interés obtenido a partir de la participación y comportamiento de las propias entidades en el mercado hipotecario financiero entendiendo que las Cajas con su comportamiento en el mercado inmobiliario, elevan los diferenciales aplicables contribuyendo con ello a aumentar el valor del IRPH-CAJAS, obteniendo de esta manera un enriquecimiento injusto.

 

Se opone la entidad bancaria a la nulidad y a la reclamación de cantidad alegando la excepción de falta de determinación de la cuantía de la demanda.

Estima el Juzgado íntegramente las pretensiones de la actora y condena en costas a la demandada basándose en:

La OM 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en su art. 27 no contempla la existencia del IRPH-CAJAS. Su Disposición Transitoria Única dispone que los tipos que ya no son oficiales desaparecerían en un plazo transitorio de un año, tiempo durante el cual debería haberse desarrollado el correspondiente régimen transitorio para los préstamos afectados.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, en su Disposición Adicional 15ª impone ya la desaparición de entre otros tipos de interés, el IRPH-CAJAS para el 1 de noviembre de 2013.

La OM de 5 mayo de 1994, en su art. 6.2 señala que en el caso de préstamos a tipo de interés variable sujetos a dicha Orden, las entidades de crédito únicamente podrán utilizar como índices o tipos de referencia aquellos que no dependan exclusivamente de la propia entidad de crédito, ni sean susceptibles de influencia por ella en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades. Lo que necesariamente se ha de conectar con el art. 1256 del Código Civil, que dispone que “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden, dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

Entender el Juzgado que la cláusula es una “Condición General de la Contratación”, y no consta que se procediera a informar a los prestatarios de su existencia y contenido. Trae aquí a colación el Jugado reciente jurisprudencia, destacando la ST de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 22 de Julio de 2013, la STS de 9 de mayo de 2013 y la ST de la AP de Córdoba de 21 de mayo de 2013 en las que se dan una serie de requisitos para que Condiciones Generales de la Contratación / Cláusulas Suelo sean válidas:

  • Las cláusulas suelo que tengan la consideración de Condición General de la Contratación con consumidores, pueden ser sometidas al control de transparencia por parte del Juez.
  • La calificación de una cláusula como CGC depende de que el contenido de la misma no haya sido fruto de una previa negociación entre las partes y esté destinado a ser incorporado a una pluralidad de contratos de características similares.
  • En sí, una cláusula suelo no es ilícita; puede declararse su ilicitud por falta de transparencia, apreciable de oficio.
  • Una CGC ha de calificarse como impuesta cuando el consumidor no puede influir en su supresión o contenido, de forma que o se adhiere y consiente o renuncia a contratar.
  • La carga de la prueba de que una cláusula pre-redactada no está destinada a ser incorporada a una pluralidad de ofertas de contratos recae sobre el empresario.
  • No obstante todo ello, el TS precisa en su ST de 4 de mayo de 2009, que la imposición de cláusulas o condiciones generales por el empresario a los consumidores no comporta su ilicitud. Se trata de un mecanismo propio de la contratación en masa ante la imposibilidad y costes de mantener diálogos individualizados. La calificación como contrato de adhesión, no determina la nulidad del mismo.

Entendiendo el Juzgado como incumplido el deber de transparencia y que con arreglo al art. 6.1 de la Directiva 93/13 y al art. 82.1 del TRLCU, la apreciación del carácter de abusivo de una cláusula comporta su nulidad de pleno derecho, y, por tanto, su expulsión del contrato, sin que proceda moderación o integración de clase alguna, de manera que bajo ningún concepto pueda vincular al deudor. Es decir, que no cabe que, constatada la abusividad de una cláusula en contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el Juez modifique el contenido de la cláusula, debiendo limitarse a dejarla sin aplicación frente al consumidor.

Imagen | Contratación

Más información |  Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Guadalajara. Sentencia núm. 105/2014 de 2 diciembre. JUR 2014\285317.

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