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¿Son resarcibles las medidas cautelares?

El Tribunal Supremo  ha dictado una sentencia que ha recaído sobre un procedimiento en el que la entidad demandante reclamaba una indemnización de daños y perjuicios por las consecuencias lesivas que tuvo la adopción, en otro procedimiento diferente, de unas medidas cautelares que implicaron la paralización de sus activos. Esta paralización impidió la disposición de unas fincas registrales así como cualquier posibilidad de obtener créditos y tuvieron una duración de siete años.

Bien, antes de entrar en materia recordaré brevemente qué es la tutela cautelar. Según BARONA VILAR es una de las clases de tutela jurisdiccional, que tiene por objeto “facilitar otro proceso principal asegurando la efectividad de su resultado (…) permitiendo (…) que se adopten medidas cautelares que permiten conjugar las ventajas de la rapidez con la ponderación y la reflexión en la solución de los litigios”. BANACLOCHE, por otra parte, elabora una definición más sencilla, para él,“son aquellas actuaciones que acuerda el Juez durante la tramitación del proceso dirigidas a asegurar la ejecución de la eventual sentencia condenatoria que pudiera llegar a dictarse.”

Una vez ya efectuada una definición de la denominada tutela cautelar, hablaré de la Sentencia del Tribunal Supremo 4441/2015, de 29 de octubre en la que se dilucida sobre si son resarcibles las medidas cautelares, incluso sin mediar mala fe.

Tal y como decía con anterioridad, la parte actora interpuso una demanda ejercitando una acción sobre indemnización de daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios derivaron de la adopción de unas medidas cautelares interesadas por la parte que es ahora demandada en otros procedimientos civiles y penales que sostuvo contra la parte, en teoría, ahora perjudicada. Procedimientos en los que no se condenó a la ahora parte actora.

La entidad demandante entiende que la solicitud de estas medidas fue un ejercicio de astucia procesal, con unas actuaciones carentes de fundamento y tendentes a paralizar sus activos durante un periodo mayor de siete años. La consecuencia fue la imposibilidad de disponer de las fincas como la obtención de créditos por éstas.

Por ello, ejercitó una acción de responsabilidad civil extracontractual acudiendo al art. 1902 del Código Civil (y rechazando de manera expresa la aplicación de los arts. 712, 742 y 745 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al considerar que los daños que se reclaman son mucho mayores de los que se pueden obtener aplicando estos preceptos).lawyers-948999_960_720

Defendía además que se cumplían los requisitos jurisprudencialmente exigidos para desplegar dicha responsabilidad, esto es: acción u omisión culposa, daño efectivo y relación de causalidad. Tanto el Juzgado de Primera Instancia que conoció del asunto como la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron su pretensión.

Estos dos órganos jurisdiccionales entendieron que si la razón de pedir “tenía su causa en una supuesta actuación culposa de la demandada que había llevado a cabo una estrategia procesal que había bloqueado los bienes de la actora (…) impidiéndoles su disposición y beneficios”, el demandante y después recurrente debería haber encauzado su actividad probatoria en la prueba de que la actividad procesal había “sido utilizada para la consecución de ese fin ilícito; de modo que la demandada habría actuado con culpa o negligencia cuando solicitó la adopción de medidas cautelares”. Ambos coinciden en que no existe prueba que acredite esa actuación culposa o negligente.

El Tribunal Supremo matiza una cuestión de fondo muy importante: si bien es cierto que la parte actora ejercita el art. 1902 del Código Civil, recuerda que cabe oponerle que la responsabilidad que se exige tiene un carácter “marcadamente objetivo” y que “viene a variar de modo sustancial los términos del debate respecto de los planteados por la demanda”. Es la LEC la que establece una regulación concreta a este tipo de reclamaciones (arts. 742 y 745), estableciendo “una responsabilidad de carácter objetivo pero condicionada en su exigencia a la demostración de los concretos daños o perjuicios sufridos”. Esta justificación de daños o perjuicios, entiende el TS, que no ha tenido lugar por la parte demandante.

Pero además considera que una vez acreditados esos daños y perjuicios, no puede la parte que ha solicitado las medidas cautelares alegar la “inexistencia de mala fe por su parte para eximirse de la obligación indemnizatoria”, porque, “lo mismo que ha de satisfacer las costas cuando es condenado en virtud del principio de vencimiento objetivo, con independencia de la buena o mala fe en su actuación procesal” ha de asumir también el riesgo que ha derivado de la solicitud de medidas cautelares. Es decir, hay una responsabilidad por imposición legal de carácter objetivo, en la que lo que hay que hace es justificar, de manera concreta los daños causados así como su cuantía. Por tanto, son resarcibles las medidas cautelares aunque en su solicitud no haya mediado mala fe.

Vía| Sentencia del Tribunal Supremo 4441/2015, de 29 de octubre

MONTERO AROCA. J. Derecho Jurisdiccional II, Proceso Civil. 21º Edición. Editorial Tirant To Blanch. (Valencia, 2013).

BANACLOCHE. J. Aspectos Fundamentales del Derecho Procesal Civil. Editorial La Ley. (España, 2012). 

Imagen| Pixabay

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