Jurídico 


¿Somos todos iguales ante la ley? Exenciones jurisdiccionales (II)

Hace poco nos introducíamos en las exenciones jurisdiccionales, y hablábamos de aquellas reguladas por el Derecho público Internacional. Hoy vamos a conocer aquellas que son establecidas por el Derecho Interno, y que por tanto proyectan sus efectos sobre sujetos que ostentan cargos públicos en el ámbito nacional; dentro de nuestras fronteras.

Así, y del mismo modo que operaban las anteriores, las exenciones de Derecho Interno se dividen en las mismas dos grandes categorías: absolutas y relativas, según la exención opere en todos los casos, o bien lo haga solo en determinados supuestos:

Exenciones jurisdiccionales absolutas de Derecho Interno

– Absolutas: Nuestro ordenamiento jurídico reconoce un único caso de exención absoluta de la responsabilidad penal. Un único sujeto que carece de la misma, independientemente de las circunstancias o condiciones que imperen. La Constitución Española arroja luz sobre esta excepcionalidad en su artículo 56.3: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados”.  Este status personal de inmunidad representa la neutralidad de la institución en el conjunto de poderes del Estado. En el hipotético caso de que el monarca cometiese un acto delictivo, únicamente cabría aplicar el artículo 59.2 de nuestra Constitución, que permite la inhabilitación para el ejercicio de su autoridad reconocida por las Cortes Generales. 

– Relativas: Las exenciones relativas de la responsabilidad atañen, principalmente, a diputados y senadores. Se distinguen en este caso dos figuras: la inviolabilidad y la inmunidad.

+ La primera de estas figuras se refiere a la inviolabilidad de que gozarán diputados y senadores  por las opiniones   manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Esta exención supone una garantía para la libertad del parlamentario en sus intervenciones, e implica la irresponsabilidad absoluta, no solo en el ámbito penal, sino también ante los tribunales civiles, respecto de las opiniones, orales o escritas, manifestadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. La inviolabilidad también beneficia a parlamentarios autonómicos, defensores del pueblo, y magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

+ La segunda es la inmunidad, que implica que diputados y senadores no podrán ser inculpados ni procesados durante el ejercicio de su mandato, y solo podrán ser detenidos por flagrante delito.  No obstante, esta inmunidad puede ser levantada mediante solicitud expresa de autorización a la Cámara a la que pertenezca el parlamentario; denominada suplicatorio. A través del mismo puede por tanto la Cámara dar autorización para que el sujeto en cuestión sea procesado.

Hasta aquí el capítulo de exenciones jurisdiccionales. Jefes de Estado, cargos públicos comunitarios, el Rey, diputados y senadores…son sujetos cuya posición pública les otorga una protección especial, quedando eximidos de responsabilidades por la comisión de delitos en nuestro país; medidas que nuestro legislador ha estimado necesarias para garantizar la neutralidad e independencia de determinados cargos; o bien el cumplimiento de reglas internacionales de carácter recíproco. Es ahora tarea del lector reflexionar sobre la idoneidad de dichas medidas, y sobre su proporcionalidad respecto de los fines que persiguen.

 

Vía| El proceso penal : doctrina, jurisprudencia y formularios; Víctor Moreno Catena

Imágenes| ESADE, Jefe de Estado

En QAH| ¿Somos todos iguales ante la ley? Las exenciones jurisdiccionales (I)

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