Jurídico 


Sobrecostes en el Canal de Panamá: ¿responsables?

¿Podría imaginarse Núñez de Balboa, tras un viaje de 29 días por la selva antes de por fin descubrir el Mar del Sur, que siglos más tarde la ingeniería civil haría posible que los barcos realizaran dicha travesía diariamente y en menos de 24 horas? Pues no solo es así, sino que además los caminos de Panamá y España vuelven a entrelazarse y esta vez en circunstancias menos alegóricas.

Obras de ampliación

Obras de ampliación

Desde hace muchas semanas nos encontramos diariamente con noticias en prensa relativas al desencuentro mantenido entre un grupo de constructoras y la Autoridad del Canal de Panamá, ‘entidad jurídica autónoma de Derecho Público a la que le corresponde en forma privada la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá’.

Dicho grupo de constructoras, de la que forma parte mayoritaria y encabeza la española Sacyr, se ocupa de la ampliación del Canal en la que a la que Manuel Manrique, presidente la compañía, definió este miércoles como ‘la obra más difícil del mundo’. El motivo de la disputa es la pretensión del grupo empresarial de suspender las obras a menos que la autoridad del canal responda por lo que a juicio de este grupo constituyen ‘sobrecostes generados porque la autoridad administradora no dio la información geológica correcta al momento de la licitación’ cuantificados en 1600 millones de dólares que deben correr a cuenta de la mencionada institución como parte contratante del proyecto.

La contratación y circunstancias asociadas de este proyecto se rigen por el ordenamiento jurídico interno de la República de Panamá, y por tanto este constituye el marco principal bajo el que se desenvuelven las negociaciones entre las partes implicadas; no obstante, el propósito de este artículo es analizar de forma preliminar como abordar este caso si el ordenamiento de aplicación fuera el de las leyes españolas.

La parte contratante del caso expuesto es una entidad de derecho público en aquel país; y por tanto, haciendo un paralelismo consideramos que la principal norma aplicable en España la Ley del Contratos del Sector Publico de 2011. En concreto, en su artículo 7 se refiere específicamente al contrato de obra, y en el siguiente al de concesión de obra. En este caso concreto, se trataría del primero, puesto que no se prevé concesión de explotación de las obras a la contratista una vez terminadas.

La ley española prevé expresamente cambios en el importe de los contratos a través de lo que denomina “revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas”, estableciéndose además la exclusión en la aplicación cualquier modificación pecuniaria en lo que respecta al primer año de ejecución de los proyectos, y en el importe que corresponda al veinte por ciento del total. Esta es la vía que se sigue en nuestro país cuando un proyecto de estas características aumenta de coste en nuestro país, y no son pocas las ocasiones en las que ello sucede.

Que el incremento del precio sea consecuencia de la negligencia por parte de la contratante al omitir datos relevantes como la condición geológica del espacio donde se ejecuta la obra parece no tener relevancia en términos de esta ley, por al parecer entraría en juego la supletoriedad del derecho civil, que establece que una obra contratada con precio fijado de antemano no puede modificarse, a menos que los planos entregados por el contratante sufran cambios, circunstancia la cual es la que se discute en el caso de Panamá. El Código Civil dispone entonces dos posibilidades: que el contratante se haga cargo del sobrecoste, o que desista de la ejecución debiendo indemnizar al contratista  de la obra “de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella”.

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