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Sobre los Tax Ruling: especial caso Fiat y Starbucks

El pasado miércoles ha vuelto a escena la Comisión Europea pronunciándose nuevamente sobre una práctica muy extendida en nuestro ámbito comunitario como son los pactos fiscales, más conocidos en el tráfico mercantil internacional como tax rulings.

En este caso, la noticia ha sido que el órgano ejecutivo de la UE ha declarado ilegal los pactos fiscales firmados por Holanda y Luxemburgo con el gigante de los cafés Starbucks y el fabricante de automóviles Fiat respectivamente, al entender que han sido utilizados para reducir artificialmente la carga fiscal de las compañías, aspecto que infringe los preceptos normativos europeos.

A pesar de que es por todos conocidos que los pactos fiscales vienen existiendo desde décadas, lo cierto es que han sido muchos los intentos de la Comisión de poner coto a estas prácticas, advirtiendo en multitud de ocasiones a las multinacionales y estados miembros que los estaban aplicando, así como imponiéndoles el deber de comunicación semestral de los que se estaban llevando a cabo (cross-border tax rulings).

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Sin embargo, tales comunicados no han tenido el efecto disuasorio esperado, por lo que se ha optado por atajar el problema de raíz declarando estos dos pactos fiscales ilegales y obligando a sendas multinacionales al abono al Estado miembro las cuantías fiscales que realmente deben soportar y que estos últimos deben declarar oficialmente, creando así un precedente para la multitud de casos que se continúan investigando y que se prevé tengan idéntica resolución.

Antes de analizar los supuestos de Starbucks y Fiat, para entender cómo operan este tipo de “arreglos”, debemos primeramente determinar que son los pactos fiscales, entendiéndose como acuerdos entre las empresas y los gobiernos en los que se establecen las directrices por las cuales las compañías declararan sus impuestos en el estado miembro. Son muy habituales en el caso de multinacionales que fijan la sede en un país de la UE pero tienen actividad comercial en el resto, con el único fin de  rebajar la factura fiscal de las empresas. En contrapartida, los estados que acceden a este tipo de prácticas, tienden una alfombra roja para aquellas empresas que quieran instalarse en su territorio, reclamo perfecto para países que necesitan ubicarse geográficamente en puntos clave.

Entrando en análisis particular, en el caso de Fiat, el pacto se realizó a través de su filial Fiat Finance and Trade (FFT), que ofrece servicios financieros a las empresas del grupo. Según la Comisión Europea, un tax ruling emitido en 2012 permitía a FFT cobrar un precio por debajo del mercado por esa financiación que, además, estaba gravado a tipos muy bajos en Luxemburgo. Bruselas estima que la empresa italiana habría obtenido desde entonces un beneficio fiscal ilegítimo de entre 20 y 30 millones de euros.

Para el caso de Starbucks, los números han sido parecidos a pesar de que el pacto fiscal se remonta a 2008. En este supuesto, se permitía a la filial Starbucks Manufacturing EMEA, pagar un precio inflado a su filial suiza por los granos de café y abonaba un precio excesivamente alto por una regalía (royalty) a la filial británica.

De este análisis podemos extraer, que en la praxis una empresa domiciliada en países tipo Luxemburgo, Bélgica, Holanda o Irlanda,  pero que opera en toda Europa dispone de múltiples maneras para situar legalmente sus beneficios en estos territorios, donde el tax ruling facilita que sólo deba pagar un cupo mínimo pactado con el Gobierno. Un acuerdo a la carta. En el ámbito nacional, la práctica puede ser legal, pero según la ley europea y en el ámbito de la competencia se podría determinar que representa una ventaja fiscal frente a sus competidoras, estableciéndose como una especie de ayuda pública por la cual deberían de devolver los impuestos no pagados.

En mi opinión, partiendo de la base de que una práctica es legal por estar recogida en la legislación de un país y que puede quedar justificada en la falta de armonización fiscal en la UE, parece poco aceptable que ciertos Estados pueden continuar actuando con total impunidad perjudicando al resto de los Estados al erosionar sus recursos. Así,  esta permisión a no tributar correctamente hace que las reglas de mercado y competencia sobre las que se asientan las bases de la UE se tambaleen en favor de multinacionales y empresas con mayores recursos, pues según el Ejecutivo comunitario, la evasión y la elusión fiscal suponen una merma de 1 billón de euros anuales para las arcas públicas de los 28 Estados miembros de la UE, y ello sin contar, que solo han sido conocidos los 340 rulings publicados en el LuxLeak, un número ínfimo frente a los no publicados y que realmente están operando en la actualidad.

Es por ello, que parece que la única situación al respecto pasa porque los Estados miembros empiecen a cooperar con la Comisión para modificar las normas internacionales con el objeto de garantizar niveles razonables de sujeción a tributación. Este objetivo solo se conseguirá si los Gobiernos se comprometen de facto a eliminar todas las prácticas preferenciales que distorsionan la equidad tributaria y eso, por el momento, se antoja harto complicado.

Vía| European Commission.

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