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Sobre el Ébola: salud y responsabilidad públicas

El Filovirus, conocido como virus del Ébola y causante de la enfermedad del Ébola, ha sido responsable de más de 3.400 muertes en los últimos meses. En España concretamente han muerto ya dos nacionales, dos sacerdotes que en ambos casos fueron repatriados desde el foco del brote, en Sierra Leona, donde cumplían con labores misioneras.

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Filovirus (Virus del Ébola)

Hace unos días conocimos que una Auxiliar del Hospital Carlos III que atendió a uno de los dos misioneros ha sido diagnosticada de Ébola, con el agravante de que su diagnostico se realizó tardíamente, pues en un primer examen médico no se reconoció la enfermedad, y por lo tanto estuvo varios días en contacto con familiares y amigos a los que existe la posibilidad de que les hubiese podio infectar, y que por lo tanto se mantienen también bajo vigilancia médica.

Así, muchas voces se levantan hoy en contra del Gobierno español y de su decisión de repatriar a los sacerdotes afectados. Y nuestro objetivo en este artículo será analizar, desde un prisma jurídico, los riesgos y responsabilidades ocasionados con la repatriación de los religiosos infectados.

La salud pública es uno de los principios rectores de la política social y económica que instituyó la Constitución Española. Concretamente, en el artículo 43 de la Carta Magna, en su punto primero, viene recogido que “se reconoce el derecho a la protección de la salud”, lo cual viene a significar que se encomienda a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública como bien público fundamental de todos y cada uno de los españoles. Entre otras muchas cosas, esto significa también, y sin lugar a dudas, que el Estado español era garante de la salud de los dos misioneros, y cuando el Consejo de Ministros acordó su repatriación estaba garantizado dicho bien de estos ciudadanos españoles, tal como le ordena el mandato constitucional.

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Ahora bien, el punto segundo del artículo 43 C.E. dice que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, y de las prestaciones y servicios necesarios”. Desde luego, no podemos obviar la decisión política que tomó el gobierno respecto de la repatriación, ya que implicaba traer el virus a territorio nacional, con los riesgos que ello entraña para la salud pública del resto de ciudadanos, y ello parece que viene a contravenir el texto de este precepto constitucional, en lo que a “medidas preventivas” se refiere. Huelga decir que prevenir el contagio habría pasado por no traer a territorio español el virus. O en última instancia por asegurar de manera suficiente el no contagio, sobre lo cual existen dudas razonables toda vez que llevamos ya varios afectados, como antes dijimos.

Así, los afectados tendrían a su disposición la acción de resarcimiento de daños y perjuicios que la legislación concede a los ciudadanos contra la Administración, reconocimiento que a nivel Constitucional consagra el artículo 106 CE  que la legislación administrativa regula en los arts. 139 a 146 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración se origina por un funcionamiento anormal o defectuoso de un organismo público, y existen indicios en el caso que nos ocupa de que, en primer lugar, el Gobierno no baremó adecuadamente el riesgo, incumpliendo con el mandato constitucional del art. 43 CE; y en segundo lugar que no se siguieron los protocolos o actuaciones necesarias para evitar el contagio.

Esperemos que los médicos y especialistas sanitarios sean ahora capaces de controlar la expansión vírica, pues además de responsabilidades políticas podrían derivarse para el Ejecutivo responsabilidades legales, cuyo importe terminaremos pagando todos los ciudadanos, y que dañarán principalmente a los pacientes afectados.

Más Información | responabilidad patrimonial administración  Salud Pública   Ébola 

Imágenes |  Wikipedia Ébola  Virus 

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