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¿Sobran las Diputaciones Provinciales?

Asistimos en los últimos tiempos, en un contexto de crisis económica, a la reapertura de un debate recurrente: el del papel de las Diputaciones Provinciales, como cuarto nivel de la organización territorial del Estado. Se cuestiona lo que hacen, y se acusa que, lo que hacen, nos sale caro.

En este debate, resulta conveniente no olvidar varias cosas:

– Ninguna organización pública es cara o barata en sí misma, sino en función de su utilidad y eficacia para los fines a los que sirve (art. 103 CE). Por tanto, su utilidad real ha de ser medida en términos de costes y beneficios.

– Si no existieran las Diputaciones Provinciales, habría que inventar otra figura que cubriera sus funciones, en la medida en que éstas respondan a una necesidad real de satisfacción de intereses públicos.

– La supresión de las Diputaciones Provinciales requiere reforma de la Constitución, lo que sólo puede hacerse por mayoría cualificada (art. 167 CE), con un consenso tal de las fuerzas políticas que hoy por hoy resulta inviable.

¿Qué son las Diputaciones Provinciales y cuál es su función?

La Diputación Provincial es la forma de Gobierno y Administración en que se organiza la Provincia, entidad local determinada por la agrupación de Municipios (art. 141 CE). Su carácter derivado o de segundo grado respecto del Municipio, determina que la Provincia no tiene intereses propios, sino intereses municipales. El Tribunal Constitucional ha identificado el núcleo duro del contenido esencial de la autonomía provincial en la función de asistencia y cooperación con los Municipios.

¿Sobran las Diputaciones Provinciales?

Cuando la Diputación se convierte en un mero intermediario entre otras instancias del Estado y el Municipio, o en un repartidor gracioso de subvenciones otorgadas por otros, la Diputación sobra.

Cuando la Diputación cumple una función de asistencia a aquellos Municipios que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden cumplir sus funciones constitucionales por sí solos, la Diputación aporta un valor. Evita que la competencia municipal salte al nivel de la Administración autonómica, garantizando la autonomía local, y, en última instancia, la democracia y el pluralismo político, que siempre ganan con la descentralización política.

Cierto es que estas funciones también pueden ser desempeñadas por Mancomunidades y Consorcios locales, que, como asociaciones de Municipios, ya las atienden en muchos casos. Por el contrario, no es factible hablar de creación de Áreas Metropolitanas o Comarcas, que, como agrupaciones de Municipios, suponen el nacimiento de nuevas estructuras administrativas que, en nada iban a aventajar a la Provincia.

Todo debate en torno a la Provincia debe centrarse en racionalizar sus funciones, que deben reconducirse a la cooperación y asistencia al Municipio, eliminando todo aquello en lo que las Diputaciones Provinciales no aporten nada, sobren, y no sumen. En esta línea ha pretendido avanzar la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que, aprobada el pasado año, puede ser el modelo a seguir en otras Comunidades Autónomas. Pero, no olvidemos que no se trata sólo de redefinir lo que hacen las Diputaciones Provinciales, sino también de hacer un ejercicio de racionalización organizativa.

Vía| Noticias jurídicas

Imagen| Oleoestepa

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