Derecho Penal, Jurídico 


Si bebes no conduzcas

No hace muchos días que sucedió un trágico acontecimiento, accidente de tráfico ocurrido en la A-4, antes de la incorporación de la ronda de circunvalación SE-30, con el resultado de joven promesa sevillana del tenis fallecida a consecuencia del brutal impacto. Un BMW 318 Coupé a gran velocidad embistió el vehículo Volkswagen Polo de la víctima por detrás, vehículo que se encontraba detenido en una retención de tráfico, causándole la muerte en el acto. El juez decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza del ciudadano norteamericano causante del accidente. El investigado, que dio negativo en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido tras tener lugar el accidente, señaló en su declaración ante la juez que en el momento del impacto circulaba a 80 kilómetros por hora, afirmando que se despistó mirando los carteles y que ese mismo día había tomado una medicación que le había recetado su médico.

1. Delitos contra la Seguridad Vial con graves consecuencias penales para el infractor.

En este supuesto concreto, al ser el resultado de muerte, nos podemos encontrar ante un concurso ideal de delitos -un solo hecho constituye dos o más infracciones penales- entre el homicidio imprudente del art. 142 del Código Penal (pena de uno a cuatro años de prisión) y, si se probara temeridad manifiesta, el delito contra la seguridad vial del art. 380 CP, o inclusive con el de temeridad con desprecio por la vida de los demás del art. 381 CP. En estos casos de concurso, el art. 77 del Código Penal prevé la aplicación de la pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Hemos de matizar en todo caso que en los delitos contra la seguridad vial de imprudencia grave (arts. 379, 380 y 381 CP), si además del riesgo prevenido se ocasionare un resultado lesivo constitutivo de delito, por imperativo del art. 382 CP se le aplicaría al autor la infracción más gravemente penada en su mitad superior y, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil. Por lo tanto, si el delito se cometiera con manifiesto desprecio por la vida de los demás (381 CP, de dos a cinco años de prisión), la pena de prisión se podría elevar hasta una horquilla que va de los tres años y medio a los cinco, según criterio del juzgador.

En este sentido, el tipo penal exige la concurrencia de dolo que abarque los elementos del tipo delictivo. El carácter doloso debe predicarse respecto de la conducción temeraria, y no de los resultados que puedan producirse o derivarse de esta conducción. Por ende, si como consecuencia de esta conducción temeraria se causara un resultado lesivo, no atribuible a dolo eventual, se llegará a la calificación de imprudencia grave. Como recoge la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de nuestro Alto Tribunal (STS 1461/2000, de 27 de septiembre), en el delito de seguridad en el tráfico, el dolo exigido es un dolo de peligro, no respecto de los posibles resultados no exigidos por el tipo penal. Por ello la calificación de la conducta como imprudencia grave con relación a los resultados lesivos producidos no es incompatible con la existencia simultánea de dolo de peligro exigido por el artículo 381 (380.1) CP, cuando el autor es consciente y asume los riesgos derivados de su acción, no los resultados que en otro caso llevaría también a una imputación por dolo eventual respecto de estos últimos (SSTS: 890/2010, de 8 de octubre; 1187/2011, de 2 de noviembre).

Si bebes no conduzcasEllo implica que el dolo (temeridad en la conducción y peligro concreto generado) requiere el conocimiento de que con la anómala conducción se genera un concreto peligro para la vida o salud de la personas y la indiferencia del autor respecto de ese riesgo que se sabe está ocasionando. En este sentido se pronunció la STS 754/2011, de 27 de noviembre, en la que se examinó la cuestión de la existencia de conducta dolosa o inconsciente en un caso en que la conducción del acusado, alcanzando a un vehículo que le precedía primero y colisionando frontalmente con otro, después, al circular por una autopista en sentido contrario, originó un muerto y graves lesiones a otros usuarios de la vía. La sentencia casacional, determinó que el acusado asumió la alta posibilidad de que la conducción en sentido contrario, además de un grave riesgo para los usuarios de los vehículos que lo hacían correctamente, pudiera concretarse en un resultado lesivo para la vida e integridad física de los demás usuarios de la vía, como así sucedió, por lo que tenía pleno conocimiento de la posibilidad de que se produjera el resultado de homicidio y graves lesiones y el alto grado de probabilidad de que realmente se ocasionaran. Puesto que se trata de un delito de peligro concreto, que supone la proximidad de la lesión de alguno de los bienes típicos suficientemente acreditados, debiendo tal peligro provenir de una temeridad manifiesta en la conducción (entre otras muchas, STS 363/2014, de 5 de mayo).

2. El delito contra la Seguridad Vial conduciendo bajo los efectos del alcohol (art. 379.2 CP).

“Si bebes no conduzcas, y si conduces llámame“, esta frase proviene de una secuencia de la serie televisiva sobre narcotráfico “Breaking Bad” como consejo del abogado sin escrúpulos Saul a sus potenciales clientes, emulando treinta años después la famosa frase que pronunciaba el cantante Stevie Wonder en el anuncio de prevención que la Dirección general de Tráfico emitió en 1985. Y es que es este delito contra la seguridad vial, y sus consecuencias, el que más deberá interesar a nuestros lectores, puesto que su comisión suele ser habitual en estas fechas de vacaciones estivales que además coinciden con innumerables verbenas populares.

Será condenado con las penas descritas en al apartado primero del art. 379 CP (“pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, más la privación del derecho a conducir por tiempo de uno a cuatro años”) “el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”. En el caso del alcohol la tasa de alcohol en aire espirado debe ser superior a 0,60 migramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Se trata este de un delito de peligro abstracto, potencial o presunto, de modo que la consumación no requiera demostrar la puesta en peligro concreto de personas o cosas, y mucho menos la causación de un resultado lesivo. También respecto al delito de velocidad excesiva que recoge el mismo artículo en su apartado primero, circular a una velocidad superior en sesenta kilómetros hora en vía urbana y en ochenta en interurbana.

¿Qué hacer si nos abre atestado la Guardia Civil o la Policía Local? Lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con nuestro abogado de confianza para que nos asesore al respecto y, si careciéramos de medios económicos suficientes, siempre podemos acogernos a la sabia experiencia del abogado de oficio que se nos asigne. Siendo la primera vez que se comete este delito, el letrado le aconsejará que se acoja a la conformidad que preceptúan los artículos 801 y 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), siempre previo acuerdo con el Ministerio Fiscal para que la acusación pública solicite la pena mínima que marca la Ley. Y es que, a tenor de lo dispuesto en el art. 793.3 de la LECrim, el mismo Juez de Instrucción podrá dictar oralmente sentencia de estricta conformidad -Procedimiento de Diligencias Urgentes de Juicio Rápido- reduciendo en un tercio la pena solicitada, con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles. Así pues, reducida en un tercio la pena contemplada en el art. 379 CP, ésta quedaría en cuatro meses de multa a razón de seis euros por día (720 €), con aplicación del art. 53 CP en caso de impago, y privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo de ocho meses, y el pago de las costas del procedimiento.

Al margen de la obtención del beneficio de la reducción de la pena en un tercio, con la conformidad nos evitamos los perjuicios que ocasionaría la tramitación de la instrucción y el posterior juicio ante el Juzgado de lo Penal competente; Juzgado de lo Penal que en todo caso lo es para la ejecución de la pena impuesta -de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del art. 801 de la LECrim en relación con el 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una vez dictada sentencia firme de conformidad en el procedimiento de enjuiciamiento rápido, serán remitidas las actuaciones al Juzgado de lo Penal, único competente para la ejecución de la misma, conforme a las reglas específicas para el procedimiento abreviado del art. 794 y genérica del Libro VII, art. 983 y siguientes de la Ley Rituaria-. Por ende, aunque el carnet de conducir se haya de entregar en el Juzgado de Instrucción, el pago o liquidación de la multa impuesta se deberá realizar en la cuenta de consignaciones del Juzgado de lo Penal competente en el plazo requerido para ello.

¿Y si además del atestado recibimos multa por los mismos hechos? Aunque resulte práctica habitual que el importe de la multa pagada se descuente en sede de ejecución penal de la multa impuesta en la sentencia, no siempre son coincidentes las sanciones (pérdida del carnet/retirada de puntos). Por ejemplo, recibimos una multa, por haber superado en la tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,50 migramos por litro, de mil euros (reducida en un 50% si se pagara en el plazo de veinte días) y retirada de seis puntos del carnet de conducir. Esto significa la concurrencia de la justicia penal con la actividad sancionadora de la Administración, siendo ineludible que se produce una lesión al principio non bis in idem y al principio de legalidad. Este principio, que tiene su base normativa en el artículo 25 de nuestra Carta Magna (CE), se traduce en la prohibición de sancionar o castigar dos veces por el mismo hecho delictivo, y, en su vertiente procesal, impide que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos. En este sentido, modificando nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia TC 2/1981, de 30 de enero) la práctica legal y jurisprudencial que posibilitaba la imposición conjunta de sanciones penales y administrativas, se establecieron las bases para la aplicación de este principio non bis in idem en el marco de las relaciones entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal que resulta prioritario, impidiéndose a partir de entonces la duplicidad de sanciones por jurisprudencia y doctrina ya consolidadas; y, en consecuencia, la necesidad de que la Administración paralice el procedimiento sancionador. También ha quedado plasmada en nuestro ordenamiento esta jurisprudencia constitucional, véase art. 133 de la la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como art. 5 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Vía|Luis Rodríguez Ramos (Director), “Código Penal Concordado y Comentado con Jurisprudencia y Leyes Penales Especiales y Complementarias”, Editorial La Ley, 5.ª Edición, Madrid, 2015.

Imagen| Seguridad vial

RELACIONADOS