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Sentando precedentes para el caso de las Tarjetas Black

Desde hace un tiempo el presunto uso de las tarjetas de empresa con fines privados está copando los medios y las conversaciones habituales entre amigos y familiares, siendo el caso “Bankia” el más mencionado. Hoy se ha conocido que el Señor Magistrado Fernando Andreu ha imputado a 78 consejeros y directivos de Caja Madrid por presuntos delitos de apropiación indebida o administración desleal cometidos por los mismos entre los años 1999 y 2012. Además, se ha de dilucidar el concepto por el que se emitieron y entregaron las tarjetas de créditos, y si los gastos hechos eran de representación, complementos salariales o qué “finalidad” tenían. Sin embargo, no sólo es este el caso que habla sobre el uso de tarjetas de empresas. Hoy se ha conocido una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que podría sentar precedentes para la resolución del caso de las “Tarjetas Black”.

En el caso que aquí se menciona, el administrador solidario de tres empresas, junto con su esposa la cual trabajaba como administrativo para las mismas, realizaron gastos por un importe mayor de 450.000 euros entre los años 1997 y 2000 usando las tarjetas de las distintas empresas. Estas compañías con sede social en Málaga se dedicaban a la comercialización y alquiler de vehículos, y el matrimonio, como administrador y empleado, contaban con varias tarjetas de empresas cuyo uso estaba destinado a los gastos de representación. Sin embargo, fueron usadas para gastos de tipo personal como la instalación y mantenimiento del aire acondicionado de su domicilio, comidas de fin de semana, mobiliario para la casa o viajes particulares entre otros. Además, manipulaban los precios de venta y alquiler de los coches para quedarse con la diferencia (por ejemplo cobraban determinados gastos a los clientes que luego no eran incluidos en la facturación). Como consecuencia de todo esto, el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso condenando al matrimonio por un delito de falsedad documental y un delito de apropiación indebida.

Está claro que un empleado o consejero en el más amplio sentido de los conceptos, puede ser titular de una tarjeta de empresa con la que realizar aquellos gastos de representación vinculados a la actividad que desempeña en la compañía, y siempre y cuando, esté comprendida en el objeto social de la misma. Además, el uso de esta tarjeta no tiene por qué estar limitado ni temporal ni cuantitativamente, es decir, la no existencia por ejemplo de un límite de gasto no implica que el uso de la tarjeta sea presuntamente ilegal. Como consecuencia de esto, el Tribunal Supremo ha entendido que la tarjeta no puede usarse para aquellos gastos que caigan fuera del objeto de comercio de la empresa y de la actividad de representación que el sujeto desempeña para la misma, incluyéndose por supuesto todos los gastos privados. Además, el alegar la no existencia de una limitación expresa por parte de la empresa para el no uso en gestiones privadas no implica la no comisión del delito. Es decir, en palabras del Magistrado Conde-Pumpido Tourón “el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales”.

La otra novedad que la Sentencia presenta es el establecimiento de los elementos a tener en cuenta para determinar si nos encontramos ante un delito de administración desleal propio del ámbito societario y con una pena de menor gravedad, o un delito de apropiación indebida incluido en los delitos contra el patrimonio y que comporta una pena mayor.

El delito de administración desleal se regula en el artículo 295 del Código Penal en el ámbito de los delitos societarios, el cual comporta un acto dispositivo y abusivo sobre los bienes de la sociedad sin que el sujeto se apropie de ellos, y con independencia de si es en beneficio propio o de un tercero. Por este no incumplimiento de la obligación de devolver su pena es inferior a la contemplada para el delito de apropiación indebida. Este delito se regula en el artículo 252 del Código Penal sin estar circunscrito al ámbito societario y se incrimina la conducta de aquel que se apropiare, en perjuicio de un tercero, de cualquier bien mueble o inmueble o activo patrimonial que haya recibido mediante un depósito, administración o cualquier otro título y tenga la obligación de entregarlos o devolverlos (la cuantía de lo apropiado ha de exceder los 400 euros).

Ambos delitos comportan penas muy diferentes en grado, de ahí la importancia de dilucidar ante qué supuesto nos encontramos en el caso de uso de las tarjetas de empresa con fines privados. En este caso, el Tribunal Supremo ha indicado que la clave para entender que se trata de un delito de apropiación indebida se encuentra en la realización del mismo con una “vocación de apropiación permanente” y en el ánimo de no devolver o entregar el dinero (en este caso se ha entendido que el pago del aire acondicionado del domicilio así como la falta de gestiones por parte de los condenados para devolver el dinero eran elementos suficientes para considerar la existencia de un delito de apropiación indebida).  Ambos elementos se han de examinar caso por caso para poder apreciarlos y así determinar la existencia de un delito de apropiación indebida.

Lo realmente relevante de la Sentencia del Tribunal Supremo no es la condena al matrimonio, sino el análisis que hace sobre el uso de las tarjetas de empresa en relación con los gastos particulares así como los elementos a apreciar para determinar la existencia de un delito de apropiación indebida o de administración desleal, jurisprudencia que pasará a ser citada en un futuro muy próximo.

 

Vía| STS 905/2014, Código Penal, El País, El Economista

Imágenes| Tarjeta

En QAH| Las Tarjetas Opacas, ¿Qué ha pasado con Bankia? (I), ¿Qué ha pasado con Bankia? (II)

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