Jurídico 


Se terminaron los diei interruptus. La nueva inteligencia del artículo 215.5 LEC

Que nuestra entera vida es un cúmulo de convenciones no es ninguna novedad. Por consiguiente, que el mundo del Derecho se estructure en torno a convenciones formales resulta consecuente con el protocolismo vital que nos hemos dado. En este sentido, no hay que olvidar  el cumplimiento de los requisitos legales que condicionan la válida preparación de los recursos constituye una cuestión de orden público que no puede desconocerse. Y uno de esos presupuestos procesales es el relativo a los plazos, cuya inobservancia arrastraría ineluctablemente a esos recursos a la inviabilidad, por mucho que sustancialmente fuesen estimables.

Digo todo esto a raíz de un reciente Fachada Tribunal Supremo, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que ha venido a dar una interesantísima  interpretación del artículo 215.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Con carácter previo, debe insistirse en que tal exégesis ha sido efectuada por la Sala Tercera, pues como es de todos conocido, la LEC rige supletoriamente en el orden contencioso administrativo en todo aquello que no este contemplado por la Ley Jurisdiccional.

En segundo lugar, se impone también, para una cabal comprensión del asunto, recordar que el artículo 215 LEC, ubicado en la Sección Primera del Capítulo VIII, relativa a las clases, forma y contenido de las resoluciones y del modo de dictarlas, publicarlas y archivarlas, lleva por título de la Subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos, previendo que las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior. Si el tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicta, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.

Antes de la citada reforma de 2009, el legislador estableció que frente a los autos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones anteriores no cabría recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a que se refiera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal, indicando que  los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, comenzarían a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla. En otras palabras, si el quejoso o el órgano jurisdiccional de oficio, considerara que una resolución debiera ser complementada o subsanada, los plazos para su impugnación comenzarían a computarse una vez notificado el auto aclaratorio, lo cual era perfectamente razonable en aras a una completa cobertura de la tutela judicial y el derecho de defensa del recurrente.

Como decía, tras la reforma efectuada en 2009, al artículo 215 LEC se le añade un párrafo, el 4º, que extiende al Decreto, la nueva resolución procesal a cargo del Secretario Judicial, las previsiones legales de subsanación y complitud previstas para autos y sentencias y  además, da una nueva redacción al antiguo apartado 4º, ahora 5º del precepto, quedando reacatado de la siguiente manera:

5. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones a que se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Secretario judicial. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla (el subrayado es del autor)

Nótese que ahora, se establece una interrupción de los plazos para recurrir desde que se solicite la aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuándose el cómputo desde el día siguiente a la notificación del auto. Es decir, ya no  “comienza” a computarse el plazo una vez notificado el auto aclaratorio, sino que se “continua” ese cálculo temporal. Verbigracia, antes de la reforma, si al recurrente le era notificada una sentencia y éste solicitaba aclaración de la misma, el plazo de diez días para recurrirla en casación no empezaba a correr hasta el día siguiente a la notificación del auto que aclarase o no la sentencia. Por el contrario, en la nueva redacción, habrá que atender a los días que el recurrente dejó transcurrir desde que la sentencia le fue notificada hasta que solicitó la aclaración, pues aquellos deberán ser tenidos en cuenta a la hora de calcular el plazo que le resta para recurrir en casación una vez notificado el auto aclaratorio. Si interesó la aclaración pasados tres días, ahora le restarán siete para recurrir. La diferencia por tanto en sustancial.

Pues bien, el auto del que les hable al inicio, realiza una exégesis novedosa del precepto tantas veces repetido. En este caso, la Sala anunció al recurrente la posible concurrencia de una causa de inadmisión  de su recurso basada en la extemporaneidad de la preparación del mismo, pues al pedir la corrección y complemento de la sentencia, interrumpió el plazo de las diez días para la preparación del recurso de casación, pero no la formalizó en tiempo al presentar su escrito de preparación pasados los días que le restaban. Sin embargo, la Sala, reexaminando la causa de inadmisión propuesta, la rechaza y admite el recurso, al considerar que aunque la redacción puede inducir a confusión pues puede entenderse que solicitada la aclaración el plazo se interrumpe y cuando se reanuda el cómputo tras la notificación de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de aclaración o rectificación debe tenerse en cuenta el plazo ya transcurrido, la correcta interpretación del precepto, más acorde con la finalidad de la aclaración o rectificación pasa por entender que, notificada la resolución que resuelve ésta, el plazo de preparación del recurso comienza a computar desde el inicio. Ello es así porque las resoluciones aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que pudieran interponerse contra la resolución aclarada o susceptible de aclaración. Lo que además, resulta una hermeneusis coherente con lo dispuesto en el art. 267.9 de la LOPJ, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la que se establece el criterio de iniciar el cómputo del plazo para el recurso que proceda contra la resolución cuya aclaración o rectificación se solicite desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración, rectificación o complemento.

Por tanto, aunque las Ley hable de continuar, comencemos, pues nada se ha interrumpido.

Vía | Raúl C. Cancio Fernández

Imagen | Tribunal Supremo

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