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¿Se puede pinchar el teléfono de un abogado cuando conversa con su cliente?

En el pasado mes de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que en adelante denominaremos TEDH) dictó una sentencia en la que entiende que interceptar las comunicaciones telefónicas abogado – cliente vulnera el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (o en adelante, CEDH o la convención), en concreto el derecho a la vida privada y familiar. El asunto al que nos referimos es Pruteanu vs. Rumanía y puede ser destacable la intervención, junto a otros cinco magistrados del juez español D. Luis López Guerra.

¿Se puede pinchar el teléfono de un abogado cuando conversa con su cliente?

La posición de parte demandante la ostenta un abogado rumano, quién alega la intervención de las comunicaciones telefónicas que mantuvo con un particular, en base a una relación profesional abogado-cliente. Para ello acude a todas las instancias judiciales de Rumanía y finalmente, al agotar todas las vías posibles en su país de origen decide acudir a la jurisdicción europea en materia de Derechos Humanos, el TEDH. Pone de manifiesto, junto a la relación profesional que le une a su cliente, la falta de medios para impugnar la medida y solicitar la destrucción de unas grabaciones que podrían ser ilícitas. Alega la violación del art. 8 del CEDH, que recoge el derecho al respeto de la vida privada y familiar. ¿Qué establece el citado artículo?

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
  2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Bien, para este Tribunal la intervención de las comunicaciones de un abogado con su cliente suponen una violación de la confidencialidad, que es un pilar fundamental en la relación de confianza y piedra angular del Derecho de Defensa, aunque tengan como objetivo el establecimiento de la verdad dentro de un proceso penal. Estas escuchas se encuentran dentro del derecho a la “vida privada” y a la “correspondencia”.Es por ello que estas intervenciones han de estar sometidas a una serie de requisitos, límites o dicho de otra manera de parámetros dentro de los cuales las escuchas son lícitas: 

  • Previsión legal en el ordenamiento jurídico interno, ya que el art. 8.2 CEDH establece que no podrá haber injerencias al derecho establecido en el art. 8.1 del mismo salvo que esté prevista por la ley nacional.
  • Ha de perseguir objetivos o fines legítimos, también regulado en el art 8.2 del convenio, entre ellos pueden ser la seguridad pública, protección de la salud o la defensa del orden y prevención del delito.
  • Finalmente, las medidas han de ser necesarias en el contexto de una sociedad democrática. 

Conviene aquí matizar tres cuestiones que son a mi juicio esenciales: la ley del Estado miembro ha de ser compatible tanto con la accesibilidad del afectado, ya que tiene derecho a conocer con carácter previo las consecuencias que pueden tener las intervenciones así como ser coherente con la realidad de un Estado de Derecho, contando los procedimientos penales con todas las garantías necesarias para evitar abusos.

Es este caso, pese a que la intervención de las comunicaciones ha tenido previamente la autorización de un órgano jurisdiccional, no se cumple con los requisitos anteriores. Que haya sido un magistrado quien controlara las comunicaciones no necesariamente implica conformidad con la normativa europea ni regularidad en la intervención. Ni siquiera el hecho de la apertura de la vía civil para la reclamación de una indemnización por daños hace tales actuaciones conformes a la normativa comunitaria, por el sencillo motivo de que no hay un control efectivo según el art. 8 CEDH, ya que no hay un control de la legalidad ni posibilidad de destrucción de lo grabado.

Por todo ello, estas interferencias en las comunicaciones telefónicas entre abogado – cliente fueron desproporcionadas, carecieron del control efectivo necesario en un Estado de Derecho y las intervenciones no estuvieron limitadas en conformidad con lo necesario para una sociedad democrática.

Por tanto, estas conversaciones podrán intervenirse siempre y cuando se cumpla el principio de legalidad y se recoja la medida en el ordenamiento nacional, se persigan fines lícitos y se encuentren dentro de los márgenes de una sociedad abierta. Esta es la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque no sea una conclusión al uso, concluiré mi artículo con la siguiente pregunta: ¿vosotros que pensáis?

Vía| CEDH

Imagen| Teléfono

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