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¿Se puede excluir la indemnización en un contrato de alta dirección?

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Hace unos días, el Tribunal Supremo ha reconocido que no es válido un pacto incluido en un contrato de alta dirección por el cual se proceda a la exclusión total de la indemnización a la que tiene derecho el trabajador en caso de cese de la relación por decisión unilateral del empresario.

Antes de realizar un análisis en profundidad del caso, recordemos qué entendemos por personal de alta dirección. Y que mejor manera que acudir a la norma que regula expresamente este tipo de relación laboral de carácter especial, es decir, al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. Así, el artículo 1.2 del mencionado texto considera personal de alta dirección “a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”.

Una vez visto el ámbito de aplicación del Real Decreto, lo que nos interesa ahora es la posible indemnización a la que tiene derecho el alto directivo. Para ello, debemos acudir al artículo 11 del mismo texto. La norma es clara “a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario por año de servicio con el límite de seis mensualidades”. Pero el problema que plantea el caso que estamos analizando es, precisamente, la renuncia expresa por parte del alto directivo a cualquier indemnización en los supuestos de extinción por voluntad del empresario.

En la práctica lo más habitual es pactar una indemnización superior a la establecida legalmente –dando lugar a las denominadas cláusulas blindaje-. Pero, ¿se puede pactar una indemnización inferior a la establecida legalmente, o incluso excluir cualquier indemnización? El Tribunal Superior de Justicia de Galicia –en su sentencia de 26 de febrero de 2013, causante de la posterior sentencia del Tribunal Supremo objeto de debate- dio la razón al empresario determinando que sí es válido un pacto con renuncia a toda indemnización manteniendo el preaviso de tres meses, haciendo alusión a la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes que regula esta relación laboral especial. El TSJ se decantó por el citado principio de autonomía de la voluntad, en lugar de hacerlo por el principio de irrenunciablidad de los derechos de los trabajadores sobre el cual se fundamenta la legislación laboral ordinaria -de acuerdo con el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores- que precisamente resulta excluida salvo un llamamiento expreso -artículo 3.2 del Real Decreto-.

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha dado un giro de 180 grados declarando la invalidez de los pactos que excluyen totalmente la indemnización en un contrato de alta dirección, entendiendo que el libre desistimiento empresarial sin indemnización alguna, dejaría el contrato al arbitrio de una de las partes.

Vía| Informativo Jurídico

Imagen| Despido

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