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¿Se debería prohibir el lobby?

Últimamente se ha escuchado hablar bastante del lobby, sobre todo a partir del reportaje de Jordi Évole que Salvados ha emitido en La Sexta el 17 de marzo de 2013. Como de costumbre, fue caracterizado con adjetivos nada halagadores. Nuestra sociedad imagina generalmente con suspicaz recelo aquello que rodea al lobby, asociándolo mentalmente a la oscuridad del tráfico de influencias, la prevaricación y otros actos delictivos de índole similar.lobby.

Existen muchas voces que reclaman que los grupos de lobby debieran desaparecer. Alegan que estos afectan negativamente a la vida política ya que influyen a los gobernantes para que tomen decisiones por el beneficio de unos pocos, y no por el bien general de la población. El lobby del sector financiero, del farmacéutico, del inmobiliario y del energético, entre otros, arrojan frecuentemente titulares que, a simple vista, parecen apoyar el argumento anterior.

Sin embargo, el lobby es necesario por dos razones fundamentales:

En primer lugar, los políticos y personas con cargos de decisión en la administración pública necesitan de asesoramiento a la hora de impulsar ciertas prácticas o nuevas regulaciones. Sin entrar en la mayor o menor capacidad de aquellas personas elegidas para enunciar y aplicar las políticas del Estado, es imposible que estos sean expertos de todas las especificidades con las que tendrán que lidiar, ni que tengan un equipo tan grande que cubra toda la casuística.

En segundo lugar, el lobby debiera ser el camino por el que la clase política se mantuviese unida a los ciudadanos y así evitar una desconexión con las necesidades de las personas. Sin grupos de influencia, la relación entre políticos y ciudadanos se limitaría al día de las elecciones.

Ahora bien, a día de hoy, no existe una igualdad de acceso a las personas con poder decisión y, por tanto, el lobby deja de ser una herramienta universal para convertirse en un lujo al alcance de unos pocos. Aunque no solo existen grupos de lobby de los sectores más poderosos de la sociedad y, por ejemplo, muchas ONG tienen profesionales del lobby en sus equipos, por lo general solo unos pocos tienen acceso efectivo a aquellos que toman decisiones. Además, la capacidad para llevar hacia el éxito una campaña de incidencia política, donde el lobby es una de las herramientas utilizadas pero no la única, va demasiado unida a la cantidad de recursos financieros que se disponga para dicha campaña.

La solución para evitar las consecuencias perniciosas del lobby no pasa por su abolición, sino por su máxima apertura a toda la población. Y, además, abolir el lobby es imposible: siempre ocurrirá. Como en la mayoría de prohibiciones solo afectaría a aquellos más vulnerables, y los mejor colocados se las arreglarían para seguir inmunes.

Abrir el lobby a toda la población ha de pasar, en primer lugar, por una gran transparencia a todos los niveles. Desde la publicación de todas las iniciativas parlamentarias desde sus fases más tempranas hasta un detallado registro de todas las personas y grupos de presión que desean influir en una determinada decisión pública. Así, los gobernantes estarán más expuestos al escrutinio público a la hora de determinar las razones por las que toman una u otra decisión, y será más complicado que actos delictivos acompañen las actividades lícitas de lobby. Por otro lado, un mayor y mejor acceso a toda la información facilitará que los ciudadanos participen de la vida política.

Existen otras medidas que organizaciones que luchan por la transparencia y la regulación del lobby, como Access Info y ALTER-EU, abogan por imponer a los entes públicos. Las más importantes son impedir que personas con intereses personales en un determinado tema sean quienes tomen decisiones al respecto, evitar que los gobernantes tengan otros trabajos complementarios, sobre todo cuando existe la más mínima duda de incompatibilidad, y la existencia de un periodo en el que una persona que ha tenido un puesto de responsabilidad en una administración del estado no pueda ejercer ningún trabajo relacionado con el lobby o con los grupos de presión.

Adicionalmente a todas estas medidas, se hace necesaria una política para favorecer el lobby ciudadano, promoviendo y facilitando la puesta en marcha de estrategias de incidencia política que defiendan los intereses y puntos de vista de los distintos grupos de la sociedad civil. En definitiva, impulsar que los ciudadanos se organicen y participen de la vida política, y que no solo lo hagan los sectores más poderosos y con más recursos.

Imagen | Lobby, Jordi Évole

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