Jurídico 


Se busca abogado casacional

Firmado.- Raúl César Cancio Fernández

Letrado del Tribunal Supremo

A nadie se les escapa que la adopción de un sistema discrecional de admisión de asuntos ante las altas instancias jurisdiccionales, como ha sido el modelo elegido por nuestro legislador en la jurisdicción Contencioso-Administrativa merced a la L.O. 7/2015, de 21 de julio supone, indefectiblemente, una dificultad técnica añadida no sólo a la hora de la elaboración de los escritos de preparación e interposición que, como pone de manifiesto la nueva regulación y los textos rituarios que contemplan el proceso impugnativo de la mayoría de las instancias superiores de otros países de nuestro entorno, suponen un incremento adicional de las exigencias formales requeridas, sino también en la estrategia de defensa procesal. Y es que el esquema tradicional de actuación, en el que los asuntos eran asumidos por el abogado responsable de plantear la casación una vez se dictaba la resolución susceptible de tal recurso, puede desembocar ahora en una importante limitación en las posibilidades de admisión del nuevo recurso de casación, puesto que las lindes a los que el nuevo modelo casacional sujeta la admisión, abocan a una estrategia de defensa mucho más amplia y coordinada como mejor garantía para satisfacer las exigencias del interés casacional objetivo.

El abogado administrativista que opera ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo -o ante el resto de cimas contenciosas de otros ordenamientos jurídicos- se enfrenta de esta forma a un triple reto: debe, en primer término, convencer a la Sección de Admisión respectiva de que la pretensión de su cliente amerita que la Sala forme jurisprudencia sobre ella. Y debe hacerlo, atiéndase, sobrevolando las cuestiones jurídicas objeto de análisis en cada procedimiento, cuyo interés decae en sí mismas pues, como bien apunta el abogado Martín Fernández (La visión del abogado tras un año de aplicación del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, en El interés casacional objetivo en su interpretación auténtica, Cazorla Prieto, L.M. y Cancio Fernández, R.C., Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2018), por muy evidente que se presente la infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia en la resolución de instancia, el acceso a su revisión en casación queda condicionado ineludiblemente a que tal pronunciamiento sirva como fin último a la formación de dicho cuerpo jurisprudencial.

Por ello, únicamente serán dignos de formar jurisprudencia aquellos recursos en los que, bien por su novedad, bien por su especialidad respecto de la jurisprudencia existente, bien por la interpretación y aplicación que de aquélla haya realizado el juzgado o tribunal de instancia, requieran la participación del Tribunal Supremo para unificar su doctrina jurisprudencial.

En segundo lugar, debe lograr rebatir con éxito las argumentaciones y/o las causas de inadmisión opuestas de contrario y, finalmente, de manera novedosa al socaire del nuevo paradigma casacional, instruir al cliente de las anfractuosidades que el asunto plantea en cuanto a su potencial «casacionabilidad», y no sólo en aquellos casos en los que, a priori, pudiera presumirse la inviabilidad de justificar con éxito la concurrencia de un supuesto de interés casacional objetivo, puesto que, en caso contrario, la notificación de la resolución de inadmisión es un más que probable caldo de cultivo de susceptibilidades respecto de lo aconsejable o no de haber planteado la casación en los términos en que se hizo.

A este exigente escenario forense no ha sido ajena la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde la implantación del nuevo modelo casacional, advirtiendo con inquietud que, en más ocasiones de las necesarias, el transcurso del tiempo no ha supuesto una mejora de la técnica procesal que, con ser exigente, no es menos cierto que desde un inicio, ha sido insistentemente pautada tanto en las resoluciones dictadas por el Tribunal como en un inabarcable y exhaustivo acervo doctrinal y literario.

Pues a pesar de todo ello, el pasado 12 de abril, resolviendo un recurso de queja deducido contra la decisión de la sala de instancia de tener por no preparado un recurso de casación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo tomó la severa pero consecuente decisión, al margen de desestimar el citado recurso, de dar traslado del auto resolutorio al Colegio de Abogados de Madrid a la vista de la muy deficiente actuación de la dirección letrada de la parte recurrente, a fin de que lo tuviere en cuenta «en orden a la organización del servicio del turno de oficio en materia de extranjería, cuyos solicitantes tienen derecho a una eficaz asistencia letrada, como establece el artículo 2.f) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.».

Coordinadamente, con intervención del Consejo General de la Abogacía, del Ministerio de Justicia, del CGPJ y de los agentes jurídicos y profesionales que se sientan concernidos, es hora ya de debatir sobre la procedencia de establecer una especial cualificación a los abogados para actuar profesionalmente ante las magistraturas superiores, de manera que esa restricción en el ejercicio de la abogacía ante el Tribunal Supremo (tanto en fase de preparación como de interposición) opere como filtro adicional de entrada, construido no tanto desde la perspectiva del órgano como sobre el reforzamiento de la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a los tribunales de los justiciables, que se verán respaldados por el asesoramiento técnico del más alto nivel, acorde con las exigencias preparatorias del nuevo sistema casacional.

Un filtro que, por añadidura, redundaría en la protección de la referida tutela,  tanto desde un punto de vista cuantitativo, al configurarse como un tamiz natural de asuntos de naturaleza exógena, al proceder de códigos y estándares establecidos por la propia abogacía, como desde un prisma cualitativo, elevándose consecuentemente el nivel técnico de los papeles que acceden a esta última instancia y, con ello y en justa reciprocidad, las resoluciones que deben contestarles y dar respuesta.

No puede ser que Francia, con su prestigiosa ordre des avocats à la cour de cassation et au conseil d’etat, Italia con sus avvocatto cassazionisti, los Estados Unidos y sus elitistas Members of the Bar of the Supreme Court of the U. S o, finalmente, el Reino Unido, distinguiendo entre barristers y solicitors, yerren todos al exigir una cualificación singular a los profesionales para actuar ante los estrados de sus más altas instancias.

A la maliciosa frase de que, de un tiempo a esta parte, en las grandes firmas se puede distinguir entre los abogados que saben Derecho y los que saben inglés, debería añadirse un tertium genus, el de aquellos que conocen el arcano de excitar el interés de los magistrados de la Sección de Admisión del Tribunal Supremo sobre la pretensión de su recurso de casación. Esos son los buenos.

* Vía| Elaboración propia.

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