Jurídico 


RTVE. ¿El modelo funciona?

RTVE (1)En una coyuntura económica donde se aboga por una  contención del gasto público y se reclama la supresión de organismos e instituciones públicas de dudosa utilidad, uno de los debates más controvertidos ha surgido en torno a la necesidad y viabilidad de las televisiones públicas.

RTVE es la Corporación de radio televisión pública por excelencia y que recibe una mayor dotación en el presupuesto. Su Estatuto de Información establece que “la Televisión  de titularidad estatal es un servicio esencial para la vida democrática” y que ésta se rige  por el rigor, la independencia, la neutralidad y la objetividad. Por tanto, debemos examinar si su marco jurídico y su modelo de financiación son los más adecuados para  cumplir dichos objetivos; y si estos son ejercidos en un contexto de independencia, el cual, se debe exigir a cualquier  ente público que pagamos todos los contribuyentes.

La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal establece el marco jurídico que afecta a RTVE.

arquitectura_marcas_RTVEEl Consejo de Administración es el órgano de dirección, representación y administración  de la Corporación. Está compuesto por nueve miembros, con un mandato de seis años, elegidos mitad por el Congreso y mitad por el Senado, mediante mayoría de dos tercios de la Cámara, entre personas de relevantes méritos profesionales. En abril de 2012, el gobierno del Partido Popular cambió mediante Decreto-Ley el régimen de nombramiento de los máximos responsables de RTVE. Mientras que anteriormente era necesario  al menos dos tercios de respaldo parlamentario  para aprobar el nombramiento, es suficiente, a partir del Decreto-Ley, la mayoría absoluta para la designación.

El Consejo de Administración toma las decisiones de su competencia por mayoría de sus miembros, además cuenta con un Consejo Asesor que lo aconseja en las orientaciones generales de la programación.

Por otra parte, los Consejos de Informativos son los órganos internos de participación de los profesionales de la información de RTVE, cuyo objetivo es velar por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos, pero que realmente no tienen ningún poder decisorio y sus funciones se limitan a realizar informes de carácter no vinculante.

En cuanto a la financiación, ésta se recoge en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Mediante dicha ley el Gobierno anterior cambió en gran medida el modelo de financiación puesto que aprobó que TVE ya no tuviera publicidad en sus emisiones, permitiendo, sin embargo, el patrocinio “limitado” de eventos deportivos y culturales.

 El modelo de financiación se divide fundamentalmente en tre grandes vertientes diferenciadas: las asignaciones por diversas partidas y dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado, las tasas impositivas a las empresas de telecomunicaciones privadas con negocios audiovisuales (que deben ser del 0,9 de sus ingresos brutos de explotación del año correspondiente), y en menor medida, los ingresos producidos por su actividad y rentas de su patrimonio.

Sin entrar a valorar la necesidad de su propia existencia como televisión pública debemos preguntarnos si la legislación actual permite que se cumplan sus objetivos con los requisitos exigidos de parcialidad y neutralidad. Con un Consejo de Dirección elegido completamente por el poder político, se cae en el riesgo, (del que muchas veces hemos sido testigos), de utilización de un servicio público como mero instrumento político del Partido que en ese momento ocupa el Gobierno o de la contratación de trabajadores sin atender a criterios estrictamente profesionales. Además las pérdidas presentadas en los últimos años ponen en cuestión si el modelo de financiación actual  de RTVE es realmente eficiente y eficaz.

Vía| Ley 8/2009, Ley 17/2006

Más Información| PRNoticias, Expansión, Aquemaropa

Imagen| RTVE, Organigrama

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