Jurídico 


Retrasar el ingreso en prisión, ¿es posible?

Durante estos días, y aviados por el vocerío de determinados medidos de comunicación, está teniendo mucho interés el inminente ingreso en prisión de una conocida personalidad del cante patrio y del papel cuché. En efecto, a muchos parece irle la vida en eso. Sobre todo por el hecho de que esa persona haya solicitado al Tribunal sentenciador retrasar su ingreso en prisión con el fin de que pueda atender varios compromisos profesionales.

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En cuanto a lo que aquí verdaderamente interesa, ¿puede retrasarse el ingreso en prisión una vez el mismo ha sido acordado? De principio se tiene que señalar que estamos hablando del supuesto de un condenado que no se encuentre en prisión preventiva, pues en ese caso no existirá mandato de ingreso en centro penitenciario, pues ya se encontrará en uno. Al contrario, hablamos del caso en que la persona condenada no esté, en el momento de recaer dicho mandato, privada de libertad cautelarmente.

En este caso, las normas penitenciarias no prevén disposición alguna que indique al órgano sentenciador el plazo específico que debe conceder al condenado para que entre en prisión, por lo que dicho órgano fijará el término que considere oportuno dependiendo de las circunstancias concretas del caso de que se trate.

 

Entonces ¿puede pedirse por el condenado que dicho plazo se dilate? Es una posibilidad que, desde luego, existe, sin que quepa pensarse, además, que es algo extraordinario. Precisamente, la práctica demuestra que no son escasas ese tipo resolicitudes. Piénsese que el condenado quizá deba resolver determinadas cuestiones profesionales o de índole familiar antes de entrar en el centro penitenciario. Es, en suma, una solicitud que es fácil que pueda planteársele al órgano sentenciador.

 

Y ahora sí ¿puede concederse dicha dilación? Ninguna norma impide ello. Es decir, será el órgano sentenciador quien, a su prudente arbitrio, decida si es aconsejable o no que se permita al penado más tiempo para que entre en prisión. En este supuesto, los Juzgados y Tribunales suelen tener en cuenta una serie de criterios que, entiendo, podrían agruparse en dos categorías distintas: así, i) los criterios de naturaleza subjetiva, y ii) los de naturaleza objetiva.

 

En cuanto a los primeros, serían de diversa índole y dependerían esencialmente del caso concreto. Así, lo serían la trascendencia de la causa que sirve al penado para dicha solicitud, esto es, si una razón de índole profesional o familiar, y si es de tal importancia que pudieran derivarse efectos negativos, si se tratase de una obligación que solo pudiera cumplir él personalmente, si se pretenden hacer gestiones para el pago de una pena de multa o de la responsabilidad civil derivada del delito, etc.

 

Y respecto a los criterios de naturaleza objetiva, los tribunales suelen tener en cuenta, por lo general, la gravedad del hecho por el que ha sido condenado. Por ejemplo, si se trata de un delito contra el patrimonio será más fácil que se otorgue dicha dilación, a si se tratare de un caso de delito cometido contra la Administración pública. Pero también suelen tenerse en cuenta otros aspectos, como son las consecuencias que se deriven del delito. Por ejemplo, si se trata de un caso de delito masa en el que hay una gran cantidad de personas afectadas, lo normal es que el órgano sentenciador acuerde la pronta entrada en prisión del condenado sin otorgarle dilaciones.

 

Por tanto, el que un condenado a pena de prisión pueda retrasar su entrada en el centro penitenciario que se le asigne, es una facultad discrecional que tienen los Tribunales. Precisamente por ser una facultad, no es un derecho reconocido que tengan los condenados que, solo si se dan determinadas circunstancias de importancia, pueden obtener.

VÍA / FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., Manual de Derecho penitenciario, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2012; FERNÁNDEZ VARCARCEL, P., Ejecución de la pena desde la perspectiva de la víctima, en Las penas y medidas de seguridad, en Echavarri García, M. A. (Dir.), Las penas y medidas de seguridad, Cuadernos de Derecho Judicial, XIV-2006, Consejo General del Poder Judicial, 2006; MORILLAS CUEVA, L., Valoración político-criminal sobre el sistema de penas en el código penal español, en de Castro Antonio, J. L. (Dir.), Derecho penitenciario II, Cuadernos de Derecho judicial, XVII-2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003.

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