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Retirada de la Ley de Servicios Profesionales

La Ley de Servicios y de Colegios Profesionales, que limitaba la libertad de acción a los Colegios Profesionales, no va a ver la luz, finalmente. Así lo anunció Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, durante un desayuno de trabajo la semana pasada.

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El Anteproyecto, cuya presentación se remonta a los inicios de 2013, y del que se llegaron a presentar distintos borradores, puso en pie de guerra a distintos gremios y a la Unión profesional, asociación de la que forman parte 35 Consejos Generales de Colegios en representación de 1,3 millones de profesionales. La eliminación de la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta en un Colegio o la eliminación de las tarifas de inscripción y el limite de las tarifas de 240 euros para las cuotas anuales, fueron algunos de los medidas que provocaron la oposición a esta ley.

La realidad es que existían grandes presiones por parte de las Instituciones Comunitarias para que entrara en vigor esta nueva normativa que reducía considerablemente el número de profesiones de colegiación obligatoria, aunque mantenía la obligatoriedad de colegiación para los médicos. Entre otras cosas limitaba las cuotas, marcaba que servicios eran obligatorios y cuales eran voluntarios y señalaba una serie de incompatibilidades en los cargos directivos con otros, en sindicatos y mutuas fundamentalmente.

Como era de esperar, la retirada del anteproyecto de Ley por parte del Gobierno ha provocado la satisfacción de los afiliados a estos organismos compuestos por arquitectos, ingenieros y abogados –es decir, tres de los Colegios que más se involucraron en la oposición a esta normativa destinada a reorganizar radicalmente los gremios-.

La decisión ha tenido como consecuencia directa la paralización de la reforma del mercado de servicios profesionales en este momento y de hacerlo, además, en claro desafío a las directrices europeas. Unión Profesional, atribuía hace poco más de dos meses la congelación de la tramitación del texto al férreo rechazo por parte de las profesiones reguladas. Se trata de un colectivo que contribuye muy activamente al tráfico mercantil en nuestro país, puesto que aporta cerca de un 9% del PIB, proporciona más de un 6% de empleo directo y aglutina a algo más de un millón y medio de profesionales.

Las cifras son aproximadas, dado que no existen estadísticas fiables sobre el sector,  pero permiten hacerse una idea de la importancia económica que tiene liberalizar completamente este mercado. Más aún cuando se ha convertido, en más de una ocasión, en fuente de conflictos de competencia, como demuestran algunas de las sanciones impuestas por la antigua Comisión Nacional de Competencia. Precisamente por ello, y por la necesidad de aplicar las directrices normativas comunitarias en todos los mercados, no podemos saber con exactitud qué repercusiones podría tener tanto a nivel europeo, como a nivel estatal, dado que, la retirada de esta Ley no hace sino dejar un hueco en un espectro que necesita ser regulado de una manera óptima.

Vía|  CincoDias, EntornoInteligente

Imagen| BlogPPMadrid

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