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Responsabilidad patrimonial de la Administración. Un ejemplo de la doctrina de la pérdida de oportunidad

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 1177/2016, de 25 de mayo de 2016, condena a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y de forma solidaria a Z. I. España (compañía aseguradora), a pagar una cantidad de 200.000 €, en concepto de responsabilidad patrimonial, por daños y perjuicios que derivan de unas graves lesiones sufridas por un bebé durante el parto. Esta sentencia parte de un recurso de casación interpuesto por los padres y por el menor representado por los anteriores que denegaba dicha indemnización.

La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo puesto que, según el Tribunal, la actuación médica fue correcta y ajustada a la lex artis, no teniendo carácter de daño antijurídico las lesiones presentadas por el niño, requisito sine qua non no surge la responsabilidad patrimonial de la Administración. También entiende el Tribunal de instancia que no concurre título de imputación que comportaría una mala praxis médica ya que el consentimiento informado incluía la posible práctica de cesárea por motivos de urgencia.

La sentencia que es objeto de casación hace un análisis pormenorizado de la posible infracción, o no, de la lex artis concluyendo con que no consta acreditado el título de imputación de la responsabilidad patrimonial que se esgrime por la actora sobre la mala praxis médica, así, la actuación médica fue correcta y ajustada a la lex artis. Si bien, no se hace un análisis en dicha sentencia sobre la doctrina de la pérdida de oportunidad.

En primer lugar, hay que definir qué es la doctrina de la pérdida de la oportunidad. En este sentido, la pérdida de oportunidad es una teoría jurídica que permite indemnizar al paciente que se ha visto privado de la posibilidad de curación no necesariamente derivada de una mala actuación por parte del personal sanitario, procediéndose a su cálculo conforme al porcentaje de éxito que previsiblemente se hubiera obtenido de haberse actuado de otra forma.

En el presente caso, la posible pérdida de oportunidad derivará del episodio de bradicardia constatada, siento éste el primer signo de compromiso fetal en el caso. Este episodio es importantísimo y duradero, ya que su duración es de entre siete minutos a siete minutos y medio, durante los cuales el ritmo cardíaco es menor de cien latidos por minuto durante seis minutos de los anteriores hasta que se produce la “estabilización” del menor.

Pero, aunque no quedando en ningún momento desatendida la paciente, no deja de ser relevante, en términos de la teoría de la pérdida de oportunidad, que la decisión de descartar la práctica de la cesárea en ese momento y continuar con la inducción del parto, supuso tanto para la madre como para el bebé una pérdida de oportunidad ya que podrían haberse evitado los daños producidos de forma previsible.

Ante el escenario de un parto inducido en condiciones poco favorables, como eran las del caso, y que en seis horas no había avanzado apreciablemente, puesto que la dilatación del cuello del útero seguía siendo mínima, y ante un episodio de bradicardia fetal tan grave e intenso como el descrito, todos los peritos coinciden en que una de las opciones válidas, era la práctica de la cesárea. Si bien, no se trataba de hacer o no una cesárea por la mera no progresión del parto, sino porque se había producido un episodio importante y duradero de bradicardia fetal, y al no haber dilatado mínimamente el cuello del útero y no poder proceder a la práctica de una microtoma fetal para comprobar el estado del feto, la cesárea hubiera sido un oportunidad real e idónea para evitar o minimizar en gran medida los daños finalmente producidos.

Los peritos en primera instancia concluyeron que los daños sufridos por el menor tienen su causa en el desprendimiento de la placenta que se produjo durante la primera bradicardia. Y al no adoptarse la decisión de practicar la cesárea en aquel preciso momento se hizo que el feto estuviera treinta minutos en una situación de sufrimiento, ya que el feto nunca llegó a recuperar los niveles de latidos previos al primer episodio de bradicardia. Siendo, tras un segundo episodio de bradicardia, cuando se detectó por tacto vaginal un coagulo de sangre, que evidenció el desprendimiento de placenta, procediendo entonces a la práctica de cesárea, no obstante, el feto presentaba ya una importante afectación de su salud.

En este sentido el Tribunal Supremo dispone en la mencionada sentencia que “la doctrina de la pérdida de oportunidad exige que la posibilidad frustrada no sea simplemente una expectativa general, vaga, meramente especulativa o excepcional ni puede entrar en consideración cuando es una ventaja simplemente hipotética”. Pudiéndose afirmar que en la presente se cumplen ampliamente los requisitos de esta doctrina, y que la cesárea hubiera sido una opción que perfectamente hubiera podido reducir o evitar con un alto porcentaje de probabilidades los daños que a día de hoy presenta el menor. Por lo que es aquí, y no en la mala praxis, inexistente por otra parte en este caso, donde nace la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Antes de pasar a analizar los requisitos para poderse apreciar la responsabilidad patrimonial de la administración, en primer lugar, hay que decir que la responsabilidad ha de ser directa por parte de la administración pese a que la producción del daño lo cause un funcionario, autoridad, o alguien bajo la custodia de la administración, en este caso, cometida por el médico. En palabras del Tribunal Supremo “es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal, que la Jurisprudencia de esta Sala viene reiteradamente exigiendo” (Sentencia 7123/1998 de 28 de noviembre).

En segundo lugar, ha de ser una responsabilidad objetiva, ya que la administración es responsable como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en este caso, del sistema de salud. Así el Tribunal Supremo dispone en sentencia  que, Al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del derecho civil ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Analizando los requisitos para poderse apreciar la responsabilidad patrimonial de la administración cabe señalar que han de concurrir los siguientes:

  • Ha de ser una lesión resarcible, un daño efectivo, actual, que se ha producido, y susceptible de ser evaluado económicamente.
    • Lesión resarcible puesto que como hemos estudiado anteriormente el menor tuvo la oportunidad de haber salido del parto sin las lesiones que ahora mismo padece si se hubiere obrado de otra forma.
    • Daño efectivo, pues son notorios los daños sufridos por el paciente como consecuencia de la actuación médica.
    • Y, además, éstos deberán de ser susceptibles de ser evaluados económicamente, puesto que como anteriormente se dijo, se determinará conforme a unas reglas porcentuales.
  • El daño ha de ser individualizado en una persona o grupo de personas específico, en el presente caso, el menor de edad.
  • El daño ha de ser antijurídico, pero no ha de considerarse como un daño derivado de una actividad contraria a derecho, sino que es antijurídico cuando quien lo sufre no tenga la obligación de soportar ese daño.
  • Se exige también la imputación del daño a la administración pública. Es decir, en el marco de la actividad prestacional que realiza la administración pública, ya sea por la administración en sí o por alguien al servicio de ella.
  • Se exige que exista relación de causalidad. Cabe apreciarlo siempre que quepa reconocer una participación de la administración directa o indirecta, mediata o inmediata, rompiéndose el nexo causal cuando concurre una situación de fuerza mayor.

Concurriendo en el presente litigio todos y cada uno de los requisitos necesarios para declarar la existencia de responsabilidad de la Administración demanda, siempre observados desde el prisma de la doctrina de la pérdida de oportunidad antes explicada, puesto que, existe daño antijurídico en el sentido de que no existe el deber del menor de soportarlo y se produce una relación de causalidad entre la opción adoptada por los profesionales sanitarios y los daños que el menor sufre. Daños que, por otra parte, se producen en el ámbito de un servicio público, la asistencia sanitaria pública, no existiendo causas de fuerza mayor ni otras causas que puedan influir o alterara el nexo causal de los acontecimientos.

Vía| STS 1177/2016, de 25 de mayo, FJ 7º ; STS 7123/1998, de 28 de noviembre ; STS 6515/1998, de 6 de noviembre.

Imagen| QAH

En QAH| Responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional indebida

 

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