Jurídico 


Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública: régimen general y referencia a los casos médicos

Del mismo modo que una persona tiene la obligación de indemnizar a otra cuando aquélla causa un daño en ésta en virtud del artículo 1902 del Código Civil Español (CC), la Administración Pública (AP) tiene una obligación semejante, incluso más severa, en virtud del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Literalmente, el citado precepto en su apartado primero dispone que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

De tal redacción cabe destacar el inciso final, en el que se dispone que la AP estará obligada a indemnizar siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Llama la atención que la AP tenga que responder por los daños que causa en su normal funcionamiento, es decir, en los que no se pueda imputar una culpa a ésta por los daños causados o en los casos donde no haya habido una actuación negligente por parte de la propia Administración. Por tanto, el artículo 139 LRJPAC establece un sistema de responsabilidad objetiva (con ciertos matices que más adelante expondremos), a diferencia del sistema general de responsabilidad por culpa que se establece en el artículo 1902 CC para los particulares. Por esta razón apuntábamos en el primer párrafo que la responsabilidad de la AP es incluso más severa que la de los particulares.

No obstante, no es cierto que el sistema de responsabilidad patrimonial de la AP sea un sistema de responsabilidad objetiva puro, en el que cualquier hecho cometido por la AP que produzca un daño sea objeto de indemnización por parte de ésta. Es lógico que esta responsabilidad objetiva sea matizada, y así lo ha entendido el Tribunal Supremo (TS) en sus sentencias, porque si no, entraríamos en una vorágine en la que todo aquel que sufriera un daño que pudiese relacionarse mínimamente con alguna actuación de la AP, tendría la puerta abierta para reclamar una indemnización de ésta, generándose una situación insostenible para la Administración.

De este modo, el TS ha elaborado una doctrina en la que esta responsabilidad objetiva de la Administración se ve atenuada. Esta doctrina define lo que se considera un daño provocado por el funcionamiento, normal o anormal, de la Administración. De este modo, para que podamos hablar de un daño indemnizable deben concurrir tres circunstancias. En primer lugar, debe haber una actuación, un hecho realizado por la Administración, ya sea una acción o una omisión. En segundo lugar, ha de existir un nexo causal entre la actuación y el daño producido. La existencia o no de un nexo causal es un tema pacífico en muchas ocasiones, pero genera conflicto especialmente en los casos médicos, donde tras una operación o un tratamiento médico se producen en el paciente unas lesiones o un daño. Es evidente que el daño o la lesión que se produce tras una intervención médica de las mencionadas, es casi siempre consecuencia de la propia intervención, por tanto, siempre se podría hablar de nexo causal en estos casos, con la consecuente responsabilidad. Sin embargo, debido a que la obligación de los médicos en las intervenciones no es una obligación de resultado sino de medios, es decir, de cómo se lleva a cabo la intervención y no del resultado final de ésta, no podremos hablar de daño indemnizable en cualquier caso. De esta forma, en muchas ocasiones se habla de ruptura del nexo causal, y por consiguiente, ausencia de nexo y de obligación indemnizatoria. Esta ruptura del nexo causal se produce cuando la intervención se ha llevado a cabo de modo informado, esto es, cuando el paciente ha sido debidamente informado de la intervención a la que va a ser sometido y ésta intervención se ha realizado de acuerdo con la lex artis o práctica médica convenida por la comunidad médica para ese caso concreto. Y como tercer elemento; debe de producirse un daño, pero no cualquier tipo de daño. Este daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (artículo 139.2 LRJPAC). Además de esto, el daño deber ser antijurídico, es decir, que el afectado no tenga el deber jurídico de soportar. Un ejemplo de daño no antijurídico sería el caso de una obra en una calle para arreglar el alcantarillado, de forma que no se pudiese acceder de modo normal a un comercio situado en dicha acera. En este caso, el titular del comercio debería soportar ese perjuicio sin derecho a ser indemnizado.

Por último, decir que el daño indemnizable puede ser tanto físico como psíquico, como se extrae del artículo 142.5 LRJPAC.

En QAH| La responsabilidad civil extracontractual o aquiliana

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