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Responsabilidad de empresas concesionarias: Huelga de basuras madrileña

Huelga de recogida de basurasEn los últimos días Madrid ha visto como su indiscutible belleza se ha visto manchada por una gran huelga de los trabajadores dedicados a la jardinería y la recogida de basuras, a consecuencia de un ERE propuesto por las tres empresas concesionarias que se dedican al ejercicio de los servicios de limpieza y recogida de basuras, Sacyr-Valoriza, OHL-Ascan y FCC. La primera propuesta de estas empresas fue la que desencadenó la huelga, pues suponía el despido de 1.144 trabajadores y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de quienes no fueran despedidos.

Muchos son los análisis realizados en torno a las causas de la huelga, a su legitimidad o al cumplimiento de los servicios mínimos, sin embargo, en este artículo el objetivo es el de tratar de responder una pregunta que quizá no siempre nos hemos planteado y que es algo complicada de responder: ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas concesionarias de servicios públicos en la prestación de tales servicios?

Una empresa concesionaria es toda entidad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, pública o privada, que formaliza con una entidad concedente un acuerdo de concesión. En este caso el Ayuntamiento de Madrid es la entidad condecente del servicio público de limpieza y recogida de residuos, mientras que las empresas concesionarias son Sacyr-Valoriza, OHL-Ascan y FCC.

Las empresas concesionarias prestan los servicios públicos que les han sido concedidos, pero siempre según lo establecido en la legislación aplicable a la prestación de tal servicio, pues independientemente de que su ejecución haya sido cedida a empresas privadas, continua siendo un servicio público. De este modo su titular en última instancia sigue siendo el Ayuntamiento de Madrid, lo que no quiere decir ni que las concesionarias no respondan ante sus trabajadores y ante el resto de ciudadanos, ni que la cuestión sea un problema que únicamente les ataña a ellas quedando el Ayuntamiento de Madrid completamente desvinculado de la controversia.

El Tribunal Supremo afirma que “la naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración, ajena por tanto a toda idea de culpabilidad, impide a la Administración, que actúa en la esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio público, desplazar la misma al contratista,mero ejecutor material, sin perjuicio de la acción de repetición de aquélla contra éste”.

Siempre y cuando las actividades objeto del contrato o concesión estén incluidas en la esfera de actuaciones que tienden a la consecución de los fines señalados como de competencia de las entidades locales, el titular último de la misma actividad es la propia administración, que en ningún momento debe dejar de ejercitar sobre ella sus potestades y de asumir la responsabilidad de los daños que su ejecución pueda causar a terceros (así lo ha confirmado el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de mayo de 1980).

Se establece por tanto, una especie de responsabilidad solidaria entre Administración Pública concedente y empresa privada concesionaria, para que en ningún caso sean los ciudadanos quienes padezcan las consecuencias de un conflicto negativo de atribución de responsabilidades.

La Administración Pública, siempre es responsable de los servicios públicos, hayan sido externalizados o no, su prestación por parte de empresas privadas no implica que los conflictos que puedan darse en su gestión y ejecución sean ajenos al ámbito de la Administración Pública. Además, en el caso concreto de la huelga de basuras de Madrid, el hecho de que el estado de la ciudad pudiera implicar un riesgo para la salud de las personas, hacía más necesario aún que el Ayuntamiento asumiera su responsabilidad, poniendo los medios necesarios para solucionar la situación, así como las medidas tendentes a la sanción de las empresas concesionarias que no hayan cumplido con su contrato de concesión, pudiendo incluso rescindir el contrato por incumplimiento del mismo.

¿Existe en España un procedimiento riguroso para la exigencia de responsabilidad a las empresas concesionarias?¿Utilizan las Administraciones Públicas la externalización de servicios públicos para eludir su responsabilidad sobre los mismos?¿Debería modificarse este sistema de concesiones públicas?

 

Vía| Ararteko, Iberley

Más información| El Huffington Post

Imagen| ABC

 

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