Derecho Mercantil, Derecho Penal, Jurídico 


Regulación penal de la inmigración (i): La explotación laboral del trabajador extranjero

En los tiempos que corren asistimos casi a diario a alguna noticia relacionada con la inmigración.

La explotación laboral del trabajador extranjero

La situación económica (pese a la crisis), social y política europea, que posibilita el libre desarrollo de las distintas aspiraciones del ser humano, constituye un poderoso foco de atracción para los habitantes de otros países menos desarrollados. España se ha convertido en país de destino, y también de paso a la Unión Europea; todo lo que exige controlar los flujos migratorios para evitar el deterioro de la convivencia y cohesión social. La existencia de estos controles impulsa a muchas personas a acudir a vías más expeditivas, eliminando trabas legales, lo que, en la mayoría de los casos, les lleva a caer en las redes de organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas, que a cambio de facilitar la llegada a su ansiado destino, exigen del inmigrante una serie de contraprestaciones económicas o personales que le colocan en ocasiones en situaciones de semiesclavitud.   Ante tal cúmulo de irregularidades, el Estado de Derecho no puede permanecer impasible.

Parece obvio que, dada su complejidad, este problema no puede ser solo atajado desde la perspectiva del Derecho Penal.   En cualquier caso conviene saber los delitos regulados en nuestro Derecho en los que se pretende proteger los derechos de los ciudadanos extranjeros. Cierto es que el inmigrante puede ser víctima de muchos otros delitos, como podrían serlo cualesquiera otras personas con independencia de su nacionalidad; pero aquí nos vamos a referir a aquellos en que la tipificación de la conducta punible tiene exclusivamente en cuenta la condición de inmigrante extranjero de la víctima.

El artículo 13.1 de la Constitución establece que: «Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.» En desarrollo de este precepto se promulgó la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que introdujo reformas en el Código Penal en el ámbito relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Hubo posteriores reformas legislativas, siendo la última la llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.   Sistematizando esta normativa, podemos establecer dos grupos delictivos:

La explotación laboral del trabajador extranjero. Art. 312.2 CP.

– El tráfico ilegal de personas. Art. 318 bis CP.

Según el art. 312 del Código Penal: «1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.  2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual

El principio de intervención mínima del Derecho Penal y taxatividad de los tipos penales exige analizar si las citadas conductas tienen sanción en otros ámbitos legales:

El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de esta Ley).

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Los Convenios colectivos existentes en cada ramo de la producción o actividad económica y los convenios individuales entre cada trabajador y su empresario.

También, según el supuesto concreto de que se trate: La normativa reguladora de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social); así como la normativa específica de la que pueden ser ejemplo de algunos tipos de actividades laborales, como el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la Relación Laboral de carácter Especial del Servicio del Hogar Familiar, y el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación Laboral Especial de los Artistas en Espectáculos Públicos.

El artículo 54 d) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, castiga como infracción muy grave: «La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito».

Sintetizando el mencionado precepto penal (art. 312.2 C):

Sujeto activo: El empleador o empresario, según el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Sujeto pasivo: «súbditos extranjeros sin permiso de trabajo».   Deben ser excluidos los extranjeros queno lo precisen como son los nacionales de países de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y de Suiza.

Conducta típica: Emplear al trabajador en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Elemento subjetivo: Dolo genérico de conocer y voluntariamente ejecutar la acción típica.

Consumación: Se produce con la ocupación del trabajador en condiciones que restrinjan sus derechos. No se requiere un efectivo perjuicio material al trabajador.   El consentimiento prestado por el trabajador irregular ha de considerarse irrelevante en cuanto a sus derechos laborales mínimos, por ser irrenunciables e indisponibles. (Art. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores).

Imagen | La explotación laboral del trabajador extranjero

En QAH | Libre circulación de trabajadores en la UE: Rumanía y Bulgaria

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