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Regeneración de la Democracia (II): 7 propuestas concretas para regenerar nuestro actual sistema político

democraciaEl sistema democrático en Europa está en crisis, algo que no es una novedad histórica –como veíamos en la primera parte de este artículo– pero que por ello mismo y vistos los desenlaces que este tipo de crisis han tenido debe preocuparnos profundamente. De las crisis en el sistema democrático, cuando los ciudadanos no se sienten representados por sus políticos y pierden la confianza en sus instituciones, nace el fantasma del “anti-político”, representado ya sea por grupos anti-sistema como por “salvapatrias” que para garantizar el orden y la seguridad terminan imponiendo a la sociedad la paz del cementerio. Por tanto, reitero, la situación exige un profundo compromiso, responsabilidad cívica pero también llevar adelante importantes reformas en el sistema que permitan la regeneración de la actual partitocracia.

Así las cosas, creo que debemos preguntarnos: ¿Qué medidas podemos adoptar para regenerar nuestro sistema? Sin ánimo exhaustivo, los principales puntos para acometer la regeneración del sistema político creo que podrían pasar por:

1ª.- Transparencia pública. Por un lado, en el ámbito de los partidos políticos es exigible saber de donde viene su financiación. No creo que convenga llegar a prohibir la financiación privada y donaciones a partidos, pero al menos como ciudadano exijo saber qué intereses económicos pueden estar detrás de un partido político. Esta transparencia debería ir unida a una severa fiscalización por el Tribunal de Cuentas, con auditorías exhaustivas de las cuentas de los partidos políticos y de los políticos, y un régimen de incompatibilidades de contratación entre donantes y las Administraciones públicas gobernadas por el partido.

Por otro lado, la transparencia también debería extenderse al proceso legislativo y en general a todas las actividades que se desarrollan en los órganos políticos (y de la Administración pública). No es nada nuevo, sino que es algo que a nivel europeo ya está reconocido: “Los ciudadanos europeos tienen derecho a saber cómo preparan esas decisiones las instituciones europeas, quién participa en su elaboración, quién recibe financiación del presupuesto de la UE y en qué documentos se basan la preparación y la adopción de los actos legislativos. También tienen derecho a acceder a esos documentos y a manifestar su opinión, ya sea directa o indirectamente, a través de los intermediarios que les representan” (Portal de transparencia de la UE).

2ª.- Democracia interna de los partidos y en particular incorporación del sistema de primarias tanto para la elección de cargos orgánicos como para ir en cualquier lista política como candidato. Unas exigencias que pueden recogerse como requisito en la Ley de partidos políticos.

Tenemos que pretender conseguir un sistema con partidos políticos abiertos frente al funcionamiento actual de los grandes partidos que se han convertido en estructuras cerradas y piramidales, en las que parece que termina rigiendo no una auténtica selección democrática de “los mejores”, sino pura “dedocracia” a favor de los “serviles” de partido.

Los sistemas de primarias, si se organizan bien, permiten que puedan regenerarse las estructuras de los partidos: que aparezcan caras nuevas que logran tener la confianza de las bases; que los cargos de un partido o los candidatos tengan que “ganarse” su puesto con un discurso que convenza a la gente, sin que quepan promociones internas a través de padrinazgos; que si un político lo hace mal, tenga que ponerse ante sus bases y revalidar la confianza antes de ir como candidato a una nueva elección. Eso es democracia interna en un partido abierto.

Como advertía Fraenkel al analizar la evolución de los distintos sistemas democráticos, el peligro de las democracias representativas es que al final, si no hay ciertos correctores, los partidos van convirtiéndose en una casta oligárquica que se adueña de la propia democracia. Frente a esto un modelo que Fraenkel asumía como ejemplar era el de EE.UU.: los americanos habían logrado evitar esa degeneración por un lado gracias al complejo equilibrio institucional entre el Presidente y las cámaras parlamentarias, pero, sobre todo, gracias a los sistemas de democracia interna y de primarias que permitían la regeneración de los partidos. En España no tuvimos en cuenta esta lección y como en la Transición hubo un gran miedo a la inestabilidad gubernativa se optó entonces por un sistema político que da mucha fuerza a los “grandes partidos”, con disciplina interna, listas cerradas y, además, el mandato constitucional de “democracia interna” en su funcionamiento se ha interpretado de manera muy laxa y sólo en tiempos muy recientes han empezado a surgir partidos (como Equo o UPyD) que recogen el mecanismo de las primarias para elegir a sus cargos. Este blindaje del aparato de los partidos ha facilitado la degeneración que hoy día vivimos.

3ª.- Participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones: es necesario alcanzar el equilibrio entre la tecnocracia y la democracia asamblearia en una democracia representativa de partidos.

Hoy día está de moda lanzar el eslogan de las bondades de la “democracia participativa” y las “asambleas” como forma de adopción de decisiones. Algo que además se ve potenciado con las posibilidades de la discusión virtual a través de Internet.

Pues bien, creo que hay que ser bastante cauteloso con tales propósitos: los sistemas asamblearios pueden servir para marcar las líneas generales de actuación; pueden (y deben) ayudar a fijar las “grandes metas”, pero no creo que sirvan para decidir la forma en concreto para alcanzarlas. Y, al final, un aspecto esencial en la toma de decisiones política es la decisión sobre la aplicación concreta, el diseño concreto de esa “gran meta”. La realización política de estas “metas” creo que no es posible hacerla a través de métodos asamblearios porque la heterogeneidad y pluralidad de pensamientos normalmente lo impiden: mientras que ponerse de acuerdo en una cuestión marco es posible, ya las dudas surgen sin embargo al discutir sus términos concretos. Pero, además, porque con carácter general el común de la población no tiene conocimientos suficientes sobre las cuestiones a afrontar. No nos equivoquemos: uno debe opinar de lo que “sabe”. Por poner un ejemplo, hoy día vivimos con el fenómeno de las encuestas televisivas una perversión en la que se pide a la población que “opine” sobre temas de gran complejidad o que simplemente no son opinables sino que dependen de un juicio técnico. No se puede preguntar a la población, como hacía hace unos días una televisión, qué juez “opinaban” que debía “quedarse” con el asunto Bárcenas. Entre otros muchos ejemplos.

No defiendo una “tecnocracia”, es más, la critico porque creo que un gobierno debe ser siempre político. No podemos someter la política a apriorismos o dogmas técnicos. Por tanto, creo que la “técnica” (en el ámbito del gobierno) debe ser un instrumento al servicio del fin político, para lograr su realización de la mejor manera posible. Con una metáfora se puede entender: una persona que quiere construirse una casa puede hacer un boceto de cómo quiere que sea y las habitaciones con las que cuente, pero luego tendrá que ser un arquitecto el que traduzca sus deseos técnicamente a la mejor realidad.

Pero, además, como veíamos al analizar la obra de Fraenkel, hay que llevar cuidado con incorporar en sistemas políticos de tipo representativo formas de participación directa que puedan terminar desnaturalizando el sistema. Porque, ¿qué sentido tiene entonces elegir políticos si luego van a estar continuamente “vinculados” por decisiones asamblearias?

Así las cosas, para alcanzar el equilibrio entre todos estos elementos creo que podría pensarse: a) Mantener los actuales mecanismos de participación directa (fundamentalmente la iniciativa legislativa popular (ILP) y derecho de peticiones al Parlamento), con algunas posibilidades de flexibilización (por ejemplo, facilitar –ya hoy día posible- la recogida de firmas online, rebajar el número de firmas necesarias para una ILP, etc.). b) Establecer sistemas de participación de grupos ciudadanos en el proceso legislativo, tanto a nivel del gubernativo en la elaboración del anteproyecto como durante la tramitación legislativa siguiendo el modelo europeo. c) Fomentar que las grandes líneas de los programas de los partidos políticos se compongan a través de un amplio debate de tipo asambleario en el interior del propio partido.

4º.- ¿Reforma del sistema electoral? Se debate mucho sobre la cuestión de las listas abiertas, sin embargo, en mi opinión, si se lograran los puntos anteriores –sobre todo las primarias incluso para ir en las listas al parlamento-, ya sería menos importante la cuestión de que fueran listas abiertas. De hecho, las listas abiertas tienen sentido en sistemas electorales con circunscripciones pequeñas en las que el ciudadano tiene un conocimiento cercano del candidato. De manera que la discusión sobre el modelo de listas al final viene determinada por muchos otros factores.

Sí que me parece importante afrontar en España una reforma de la ley electoral que garantice la proporcionalidad y, por tanto, la igualdad del voto de todos los españoles a la hora de elegir a nuestros diputados al Congreso. La configuración actual de la ley electoral, además de dar una primacía de los grandes partidos nacionales, provoca una sobredimensión de los partidos nacionalistas que concentran sus votos en un territorio. Sobre esta cuestión me remito a mi artículo “Un hombre, un voto”.

5º.- Lucha contra la corrupción: creo que la misma debería pasar por la asunción de un código ético por los partidos políticos en cuya virtud debería ser expulsado del partido el cargo público contra el que, finalizada la fase de instrucción, se abriera un juicio penal por la comisión de un delito. Algo que creo que, si bien es particularmente necesario cuando se trate de delitos cometidos en ejercicio de las funciones públicas, creo que como máxima general debe aplicarse ante la comisión de cualquier delito. En todo caso debe quedar claro que en un Estado democrático como el nuestro no hay “delitos políticos”, por lo que no cabe justificar la comisión de un delito porque se haya cometido invocando la desobediencia civil, como pretende Equo según se deduce de su decálogo contra la corrupción (en su punto 5º se refiere a la expulsión por “delitos que van contra el ideario de Equo”), ni cabe, como afirmó en La Sexta Cayo Lara, minimizar la importancia de ninguna conducta delictiva porque no suponga meterse dinero público en el bolsillo (en concreto justificaba la de un concejal de IU investigado por prevaricación). En nuestro Estado democrático de Derecho las vías han de ser siempre democráticas, gozamos de amplias libertades constitucionales, y la disidencia debe ser siempre canalizada a través de ellas, sin que pueda justificarse una ruptura de las normas penales –que se ponen para proteger bienes de la mayor relevancia social-.

Por otro lado, este código ético no es una merma de la presunción de inocencia; se trata simplemente de asumir que la responsabilidad política está antes y por encima que la jurídica. Además, es también una cuestión de “higiene”, ya que, como se dice popularmente, “la mujer del cesar no sólo tiene que ser honrada sino además parecerlo”.

Aunque con carácter general soy poco proclive a reivindicar endurecimientos penales, sin embargo hago excepción en el ámbito de los delitos de corrupción para los cuales pudiera ser conveniente un endurecimiento de las penas y sobre todo contemplar medidas para evitar que salga “rentable” el no restituir el dinero robado. Además, tales medidas deberían ir acompañadas de un reforzamiento de la Fiscalía anticorrupción (e incluso crear juzgados especializados).

6º.- Rígido sistema de incompatibilidades. A través de una ley de incompatibilidades hay que cortar el flujo de cargos públicos que después de su mandato terminan como asesores o miembros de consejos de administración, sobre todo con empresas con las que han podido tener relación en su gestión o que en general estén dentro del ámbito de la Administración que han dirigido. Además, incluso se podrían contemplar responsabilidades penales que extendieran el delito del tráfico de influencias para sancionar a aquellas personas que, para favorecer a terceros (empresas o particulares) o a sí mismos, se prevalieran del cargo público ejercido en pasado para conseguir beneficios de la Administración. A cambio creo que sería justo reconocerles un sueldo público (o complementos salariales si ya tuvieran sueldo) a antiguos miembros del gobierno, como ocurre con altos cargos de empresas a los que sus contratos les imponen “incompatibilidades” después de que se vayan de la empresa pero con una compensación económica. 

7º.- Reforzamiento de los “altos cuerpos” de funcionarios frente a los asesores de libre designación. España cuenta con unos dignísimos cuerpos de altos funcionarios (Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda, Letrados de Cortes, Técnicos de la Administración, etc.), por lo que no se comprende por qué tiene que dilapidarse el dinero público en pagar a la corte de asesores políticos hoy día existentes en nuestro país.

  

En definitiva, he querido aquí poner algunas medidas que creo que pueden ayudar a acometer la tan demandada regeneración del sistema político. Esperemos que nuestros partidos acojan algo que creo que es un clamor popular para que no se tenga que llegar al extremo, como ya describiera Saramago en su Ensayo sobre la lucidez, en el que, ante el autismo de los partidos, los ciudadanos en un acto de rebelión democrática deciden votar mayoritariamente en blanco para mostrar su descontento (más o menos como ha pasado en Italia con el esperpento de Grillo –con una interpretación de las elecciones italianas puede verse también mi artículo “El reto del socialismo europeo”). Lo dicho, una apuesta por la regeneración de nuestra democracia; porque la política es necesaria.

Imagen|Blog de Juan Julio Alfaya

En QAH | La democracia interna. La asignatura pendiente de la partidocracia española (I).

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